La “Cosa Nostra” de la política nacional

Por Joaquín Robles Zabala, revista semana. 

Regres

ar a las balas, como lo añoran unos pocos, no puede ser el destino fatal de casi 50 millones de colombianos.

Vuelve y juega. José Obdulio Gaviria Vélez, el ‘consigliere’ del gobierno Uribe y hoy senador de la República gracias a una lista cerrada del Centro Democrático, el primo hermano del narcotraficante más poderoso que ha tenido Colombia, acaba de recordarnos en declaraciones a un medio de comunicación lo que su jefe aseguró antes del plebiscito pasado: que si en el 2018 uno de sus candidatos llega a la Casa de Nariño, echarán por tierra lo acordado entre el gobierno Santos y las FARC.

Así de claro y pelao, como dicen los abuelos en la costa norte colombiana. Así de aterrador, pero con una convicción mucho más espantosa, como si se tratara de dar cacería al felino que entró al corral y atacó el ganado. Esa “Cosa Nostra” de la política nacional, esa familia ideológica de la corruptela cuya farola alumbra un océano de porquería, está representada por las mentes maestras que lideran los intereses de sus partidos. Es, en palabras de Mario Puzo, el “capo di tutti capi”, el jefe de los jefes, el más violento de todos, el que más muertes ha producido y al que todos temen, pero que revisten con un aura de respeto. Así son los partidos políticos en Colombia: mafias con licencia para robar, pero ninguno tan peligroso para el bienestar del país como el que dirige el expresidente y senador, que le apuesta a la guerra como política, como si se tratara de la defensa de la democracia y la inversión social.

El problema no es que un personaje siniestro como José Obdulio Gaviria, de quien Roberto Escobar, alias el Osito, aseguró en su libro Mi hermano Pablo, que “él solía visitarnos en la Catedral y Pablo le regalaba 10 o 15 millones de pesos para sus gastos personales y políticos en Medellín”; el problema no es que este otro mafiosito de la política colombiana afirme que su partido, si alcanza la Casa de Nariño en el 2018, hará soplar sobre Colombia los vientos de guerra que en los últimos años se ha luchado por apaciguar; el problema es que hay cientos de colombianos oprimidos cuyas EPS les “bailan el indio” para darle una cita con el especialista, que piensen que es mejor una guerra perfecta que una paz coja.

Se necesita “tener sangre en el ojo” para afirmar semejante barbaridad. Se necesita ser un desquiciado mental, o un “padrino criollo”, para asegurar que es mejor desatar los ríos de sangre del pasado que aceptar que los miembros de la guerrilla participen en política, o devolverles a los campesinos las tierras que los paras les arrebataron a la fuerza. Es claro que nada de lo que salga de la boca de este señor, o de cualquier miembro de la colectividad política que representa, nos debería sorprender. No olvidemos que en el 2008, cuando desde Naciones Unidas se cuestionó el aumento del desplazamiento de nacionales por motivos de la violencia alimentada por el paramilitarismo en el campo, el entonces ‘consigliere’ del Gobierno aseguró que en Colombia no había desplazamiento sino migraciones.

Fue este mismo señor quien, desde su sillón del Senado, insultó a la ministra de educación, Gina Parody, al llamarla “lagarta rica y gay”. Esto, por supuesto, no sólo dejó en evidencia la altura cultural de este aspirante a estadista, sino que nos permitió ver su definición de ética y su posición profundamente homofóbica. No conforme con lo anterior, amenazó con llevar a cabo un juicio político contra la funcionaria por llamar “mafioso” al jefe natural del CD. De la misma manera, el “honorable senador” fue quien, desde su posición de poder en la Comisión Instructora, propuso ante la plenaria del Senado la nulidad de la investigación que el Legislativo debía hacer o no sobre el futuro del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, acusado de pedir coimas para beneficiar un fallo de la firma Fidupetrol.

Cuando hace unos meses José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en su paso por Colombia aseguró que el exmandatario, líder de la ultraderecha colombiana, era el menos indicado de los expresidentes para hablar de paz, no sólo hacía referencia a las afirmaciones hechas por José Obdulio Gaviria de echar atrás las negociaciones del gobierno con las FARC, sino que también se refería a las investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo contra su hermano Santiago Uribe Vélez, señalado de ser uno de los creadores de la temible banda paramilitar los "Doce apóstoles”. No sólo se refería a los más de 4.000 casos de los llamados “falsos positivos”, sino también a los múltiples asuntos de corrupción administrativa que se dieron durante su gobierno. No sólo hacía referencia al vil asesinato del alcalde de El Roble, Tito Díaz, sino también a los cientos de crímenes de sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y profesores abatidos por las balas de los sicarios. No sólo hablaba de las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados y periodistas, sino también a la modificación del “articulito” de la Constitución.

Cuando el exconsigliere de la Seguridad Democrática afirma que echarán atrás lo pactado en La Habana si uno de los suyos llega a la Presidencia de República, en realidad lo que nos está diciendo es que harán todo lo posible por regresar el país a unos de los períodos más violentos de su historia: los tiempos de Castaño y Mancuso. Que eso pase o no está en manos de los colombianos. Regresar a las balas, como lo añoran unos pocos, no puede ser el destino fatal de casi 50 millones de nacionales.

Twitter: @joaquinroblesza
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*Docente universitario.