“Exiliados perseguidos por el Estado” se reunirán en Alemania

REDACCIÓN REMAP. 

El primer encuentro de la ‘Constituyente de exiliados políticos perseguidos por el Estado colombiano’, tuvo lugar en el País Vasco en noviembre de 2014. Ahora, el segundo, se disponen a realizarlo en Berlín (Alemania) del 10 al 12 de marzo.

Varios objetivos promueve la Constituyente de exiliados. Exigir participación en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, es uno de ellos. Para lograrlo consolidarán una“organización gremial de todos los exiliados perseguidos por el Estado” que será “interlocutor ante organismos multilaterales, Estados, gobiernos y organizaciones sociales”, según expresa la convocatoria del encuentro.

Y no es lo único que plantean. Además recuerdan que el Estado colombiano debe asumir responsabilidad por el exilio que padecen.

“Los exiliados señalamos la responsabilidad del Estado colombiano por acción o por omisión de nuestro desplazamiento forzado fuera de las fronteras patrias. Consideramos que en la implementación de los acuerdos, el Estado debe resarcir el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios materiales, psicológicos”.

Otro tema que tratarán es en el punto de víctimas que incluye el Acuerdo de Paz, el cual, a su vez, establece la conformación de una Comisión de la Verdad para esclarecer responsabilidades en los crímenes cometidos durante el conflicto colombiano.

Al ser directamente víctimas del conflicto, los exiliados políticos se proponen impulsar la Comisión de la Verdad, afirmando que la Constituyente constituye “un espacio para la reconstrucción de la memoria histórica como elemento de reflexión, que contribuya a la consolidación de las garantías de no repetición, a la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera”.

Pero para que la paz en Colombia sea estable y duradera, es necesario el regreso de quienes abandonaron el país para salvar su vida. De allí la exigencia de políticas que finalmente garanticen su retorno: 

“Los exiliados perseguidos por el Estado, debemos exigir una política estatal de retorno digno, con todas las garantías de protección y seguridad para nuestra integridad física, así como todos los derechos sociales, económicos y políticos que nos merecemos como ciudadanos”.