Por Álvaro Sierra Restrepo -El Tiempo
| 17 de noviembre de 2016
La pregunta que hay que hacerse hoy es qué se busca con la renegociación del Acuerdo Final de La Habana, rechazado en el plebiscito. Una cosa es tratar de llegar a un nuevo acuerdo mejorado y otra, estirar la pita con condiciones que lo hagan imposible.
Esta es una pregunta que deberían responder francamente varios de los involucrados en este complejo momento.
La renegociación ha desembocado en lo que, a todas luces, es un nuevo acuerdo. Al viejo se le han hecho cambios sustanciales en temas claves, que pedían los partidarios del No, en el punto de desarrollo rural, en el de participación política y en el de víctimas, incluido el aspecto de justicia.
Pero este acuerdo renegociado enfrenta varios peligros.
El primero está a la vista. Ya se presentó un episodio en el que, al parecer, murieron dos guerrilleros de las Farc y otro resultó herido en un incidente con el Ejército en el sur de Bolívar. Se añadió una presunta disidencia en Tumaco a la del frente primero en el Vaupés y hay información –sin confirmar aún– de que su jefe habría muerto a manos de sus excompañeros. Aunque se investiga si se trata de violaciones del cese del fuego, este tipo de incidentes tensiona los frágiles hilos que sostienen el cese del fuego. No se presentaban hace tiempo y es elocuente que afloren justo ahora, con la negociación en una especie de limbo.
El segundo peligro es ese limbo: ¿cuánto tiempo podrán los comandantes de las Farc mantener entre sus tropas el incierto statu quo actual, en el que les ordenan preagrupación y alto el fuego sin que esté aún claro estratégicamente para dónde van –claridad que solo dará un nuevo acuerdo en firme– (al nuevo le falta refrendarse y está por verse si logra ampliar la base del consenso incorporando al menos a parte de los partidarios del No). En este momento de incertidumbre para guerrilleros rasos y mandos medios, es realmente asombrosa la cohesión que hasta ahora han mostrado las Farc. El problema es cuánto más puede durar.
El tercer peligro es que sectores que impulsaron el No en el plebiscito caigan en la tentación de creer que las Farc, habiendo aceptado preagruparse en zonas específicas, conocidas por el Ejército, no tienen reversa y que se les pueden extraer más concesiones en la renegociación. Las Farc ya cedieron en puntos importantes, para llegar al nuevo acuerdo. Estirar la cuerda no las haría ceder más; la rompería.
Si los partidarios del No quieren una negociación con las Farc, el nuevo acuerdo demuestra que había cabida para no pocas de sus demandas. No para dos, esenciales para ellos: la cárcel y la no participación en política de los comandantes. Habrá condiciones de reclusión, que se precisaron, y habrá elegibilidad política sin condiciones, que no se renegociaron.
Decir a las Farc que uno quiere la paz, pero que sus jefes deben pagar penas de reclusión y no ser elegibles políticamente al menos hasta que las cumplan (súmele de cinco a ocho años a la edad actual promedio de los miembros del secretariado) es una contradicción en los términos. Negociar para que el otro vaya preso y quede sin derechos políticos no es querer la paz, sino la rendición –camino directo de vuelta a la guerra–.
Por eso, la gran pregunta, con un nuevo acuerdo ya negociado entre el Gobierno y las Farc, es si los opositores buscan una negociación con las Farc o les piden capitular. Lo primero facilitaría la implementación del acuerdo y generaría unos mínimos consensuados para sacar el tema de la guerra y la paz de la campaña electoral; lo segundo significaría que la refrendación se traslada, de hecho, a la campaña y las elecciones del 2018. Y haría un calvario la implementación del nuevo acuerdo.
Esta es una pregunta que deberían responder francamente varios de los involucrados en este complejo momento.
La renegociación ha desembocado en lo que, a todas luces, es un nuevo acuerdo. Al viejo se le han hecho cambios sustanciales en temas claves, que pedían los partidarios del No, en el punto de desarrollo rural, en el de participación política y en el de víctimas, incluido el aspecto de justicia.
Pero este acuerdo renegociado enfrenta varios peligros.
El primero está a la vista. Ya se presentó un episodio en el que, al parecer, murieron dos guerrilleros de las Farc y otro resultó herido en un incidente con el Ejército en el sur de Bolívar. Se añadió una presunta disidencia en Tumaco a la del frente primero en el Vaupés y hay información –sin confirmar aún– de que su jefe habría muerto a manos de sus excompañeros. Aunque se investiga si se trata de violaciones del cese del fuego, este tipo de incidentes tensiona los frágiles hilos que sostienen el cese del fuego. No se presentaban hace tiempo y es elocuente que afloren justo ahora, con la negociación en una especie de limbo.
El segundo peligro es ese limbo: ¿cuánto tiempo podrán los comandantes de las Farc mantener entre sus tropas el incierto statu quo actual, en el que les ordenan preagrupación y alto el fuego sin que esté aún claro estratégicamente para dónde van –claridad que solo dará un nuevo acuerdo en firme– (al nuevo le falta refrendarse y está por verse si logra ampliar la base del consenso incorporando al menos a parte de los partidarios del No). En este momento de incertidumbre para guerrilleros rasos y mandos medios, es realmente asombrosa la cohesión que hasta ahora han mostrado las Farc. El problema es cuánto más puede durar.
El tercer peligro es que sectores que impulsaron el No en el plebiscito caigan en la tentación de creer que las Farc, habiendo aceptado preagruparse en zonas específicas, conocidas por el Ejército, no tienen reversa y que se les pueden extraer más concesiones en la renegociación. Las Farc ya cedieron en puntos importantes, para llegar al nuevo acuerdo. Estirar la cuerda no las haría ceder más; la rompería.
Si los partidarios del No quieren una negociación con las Farc, el nuevo acuerdo demuestra que había cabida para no pocas de sus demandas. No para dos, esenciales para ellos: la cárcel y la no participación en política de los comandantes. Habrá condiciones de reclusión, que se precisaron, y habrá elegibilidad política sin condiciones, que no se renegociaron.
Decir a las Farc que uno quiere la paz, pero que sus jefes deben pagar penas de reclusión y no ser elegibles políticamente al menos hasta que las cumplan (súmele de cinco a ocho años a la edad actual promedio de los miembros del secretariado) es una contradicción en los términos. Negociar para que el otro vaya preso y quede sin derechos políticos no es querer la paz, sino la rendición –camino directo de vuelta a la guerra–.
Por eso, la gran pregunta, con un nuevo acuerdo ya negociado entre el Gobierno y las Farc, es si los opositores buscan una negociación con las Farc o les piden capitular. Lo primero facilitaría la implementación del acuerdo y generaría unos mínimos consensuados para sacar el tema de la guerra y la paz de la campaña electoral; lo segundo significaría que la refrendación se traslada, de hecho, a la campaña y las elecciones del 2018. Y haría un calvario la implementación del nuevo acuerdo.
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Y lo del Eln, lamentablemente, ahí. ¿Se desempantanará?
Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo@gmail.com
@cortapalo
Álvaro Sierra Restrepo
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