Por: Salomón Kalmanovitz - El Espectador.
Un amigo me preguntó el lunes pasado si estaba en contra del nuevo acuerdo de paz, a lo cual respondí que lo apoyaba.
La impresión que le había dejado era que se le habían hecho tantas concesiones a los del No que el acuerdo quedaba muy debilitado. El meollo era que había amplificado como cierta la cancelación del nuevo catastro que había expresado otro columnista, algo que al leer con cuidado el texto acordado encontré que se mantenía sin modificaciones.
El nuevo texto dice que el Gobierno pondrá en marcha “un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de siete años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal”. Asimismo, otorgará subsidios para que los municipios más débiles y los predios pequeños puedan contar con catastros actualizados y se implementará prioritariamente en los municipios más afectados por el conflicto. Se continúa con la delegación en los Concejos municipales de la fijación de las tarifas de los impuestos prediales, aunque estos deben contar con una estructura progresiva, algo que requerirá una reforma tributaria territorial. Se redefinirán las reservas forestales que tengan vocación agrícola y no se les concederán poderes especiales a las comunidades sino que seguirán en cabeza de las autoridades tradicionales.
Las concesiones que se le hacen a los voceros del No tienen que ver con un período más largo para hacer las grandes inversiones que requiere el campo, de 15 y no diez años, y que estas no vulneren los equilibrios fiscales. Se reconoce explícitamente el respeto a la propiedad privada y se acepta la combinación de gran agricultura con la campesina. Se les resta apoyo a las zonas de reserva campesina y se deja entender que no habrá nuevas.
Lo que es cierto es que las Farc cedieron en muchas partes del acuerdo inicial y estuvieron al borde de cruzar sus líneas rojas. No aceptaron, y no podían hacerlo, que se les impidiera su participación en política, para lo cual se habían comprometido a cesar el uso de la violencia y terminar así con el conflicto de 52 años. El vocero del No, Álvaro Uribe, se sintió tan empoderado que comenzó a hacer exigencias en todos los temas de la vida nacional, como si hubiera sido reelecto; entre otros, demandó que no se hiciera el nuevo catastro ni se ajustaran sus valores, porque piensa que los terratenientes tienen el histórico derecho a no pagar impuestos. Pero el No había ganado por estrecho margen un plebiscito que no era precisamente una elección general, así que no tenía por qué hacer exigencias que él mismo sabe que son inaceptables.
Es muy impresionante que Uribe y Andrés Pastrana no tengan estatura de estadistas, que no puedan aceptar que deben pasar a buen y digno retiro. Si uno los compara con Alberto Lleras, quien siempre defendió las instituciones democráticas, resaltan sus desmedidas ambiciones individuales y sus atropellos contra el Estado de derecho. Lo mejor para la sociedad es que no ejerzan el poder nuevamente y menos que lo hagan en forma destructiva.
Entramos en una fase de incertidumbre propiciada por los que pretenden exterminar a los que se alzaron en armas contra el Estado, a pesar de que están dispuestos a abandonarlas y aceptan todas sus reglas de juego. Ahora los subversivos son otros, los de la derecha recalcitrante.
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