Intercambio

La propuesta de renegociación del tratado Gobierno-Farc (G-F) enviada por Uribe plantea mantener el statu quo del sector agrícola, no actualizar el catastro y garantizar que quienes se hicieron a las tierras dejadas por desplazados mantengan la propiedad de ellas.

Por: José Fernando Isaza - El Espectador.

La revisión de los títulos de quienes se lucraron de la violencia está en la ley de tierras y reparación de víctimas que el Congreso aprobó. Al finalizar la “violencia”, el presidente Alberto Lleras determinó que las transacciones de tierras realizadas durante ciertos periodos y en áreas determinadas quedaban sin efecto, medida mucho más radical que la contenida en la ley de tierras. El espectáculo del procurador Ordóñez y de los representantes del C.D., impidiendo que se hiciera efectivo el derecho de los desplazados a recuperar sus parcelas arrebatadas por los latifundistas, fue un presagio de lo que vendría.

Dos propuestas de Uribe: amnistía general para los guerrilleros rasos no incursos en delitos de lesa humanidad y no aceptar el narcotráfico como delito conexo a la rebelión, aun si los recursos se dirigen a la financiación de la subversión y no al lucro personal, son contradictorios entre sí. Es poco probable que un militante raso de las Farc no haya participado, por ejemplo, en recolectar las “tasas de gramaje” o en proveer “seguridad” a algún laboratorio o una pista. Por lo tanto, la amnistía se cae al ser sindicado de participar en algún eslabón de la cadena del narcotráfico, delito, según Uribe, no conexo con la rebelión y, por la tanto, sujeto a penas contempladas hoy en el Código Penal y a la posibilidad de extradición.

Razón puede asistirle a Uribe cuando se queja de que las penas a los guerrilleros que han cometido delitos de guerra son inferiores a las que han sido condenado sus amigos que han delinquido (delincuentes) o que están siendo sometidos a juicio. De no existir los compromisos con la Corte Penal Internacional y que el país ha avanzado un poco desde las leyes del “lejano oeste”, esta objeción podría solucionarse como se hacía en la antigüedad, intercambiando prisioneros o espías.

Si el máximo representante de las Farc, Timochenko, y el líder del No, Uribe, se sentaran a puerta cerrada, cada uno daría una lista, digamos, de 30 nombres, los cual adquirirían total inmunidad, no serían juzgados y si lo han sido serían inmediatamente exonerados.

Un ejercicio mental interesante sería adivinar el listado de ambas partes.

Por Uribe, sus buenos muchachos que pusieron una entidad oficial al servicio del paramilitarismo. Algunos excongresistas “voten por los proyectos del gobierno antes que los detengan”. Su hermano, acusado de pertenecer a los “12 Apóstoles”. Para matizar esta inclusión, se alegaría que se trata de un error de traducción de arameo antiguo, que la referencia es a los “cuatro evangelistas”. Quienes utilizaron el aparato estatal para “chuzar” personas e instituciones. Sus exministros que colaboraron en aceitar los votos para la reforma constitucional que permitió la reelección, etc.

Por las Farc, todo el Secretariado y algunos comandantes que participaron o no condenaron ni evitaron las graves violaciones del derecho internacional humanitario, como el secuestro, el ataque a población civil, el reclutamiento de menores.

A pesar de lo repulsivo de este intercambio de impunidades, permitiría desatar el nudo gordiano y empezar una nueva era.