Por: Alfonso Conde C.Sábado, 13 Diciembre 2014 02:52
Se adelanta una nueva versión del circo de la “concertación”, ahora animado por el nuevo MinTrabajo, Lucho Garzón. Allí se discute, entre otros temas, el reajuste del salario mínimo que parece plantearse según el ministro como la inflación causada (se espera 3,5%) más la productividad (0,8% según DNP y los empresarios) mientras el crecimiento económico se posiciona por los lados del 4,7% (MinHacienda).
Los empresarios se quejan por el posible impuesto a la riqueza; por la propuesta reducción de horas de luz diurna, aquella que por mandato del iluminado Uribe se extendió hasta las diez de la noche; por la devaluación pero también por la apreciación del dólar; se quejan, se quejan… y se oponen a un reajuste mayor de los salarios de sus trabajadores.
Pero no se quejaron cuando, por efectos de las políticas oficiales la tasa de explotación en la industria pasó de 196,4% en 1993 hasta la actual de 400%, según se calcula a partir de datos oficiales divulgados por el DANE, que corresponden a una relación entre salarios y prestaciones con valor de la producción de 13,2% en 1993 y 7,5% en 2012. La protesta de los trabajadores es siempre válida pero su validez se acrecienta cuando se incrementa la explotación. El retorno a las condiciones anteriores mencionadas podría constituir una bandera que, sin eliminar la injusticia, hiciera más vivible la vida de los trabajadores.
El mínimo hoy corresponde a $616 mil por mes. Pero ¿cuál debería ser un salario mínimo justo? Ante todo no existe justicia cuando alguien se apropia del valor creado por otro. Es simplemente un robo. Pero en el orden de cosas actual, se considera justo el salario que cubre el costo de la fuerza de trabajo consumida durante el proceso de creación de riqueza y, como mínimo, éste corresponde al consumo vital familiar que llamamos la “canasta básica”.
El mínimo colombiano no alcanza a cubrir este monto pero, además, una proporción importante de trabajadores no alcanza siquiera a recibir ese valor, convirtiendo al tal mínimo en una burla para la distracción de ingenuos. Se trata, sin embargo, de un valor de referencia de gran importancia en la definición de los salarios reales de los trabajadores colombianos.
El sólo tema en discusión de la magnitud del mínimo debería estar acompañado por la movilización decidida de todos los trabajadores, actuantes o cesantes. Se trata de frenar en Colombia las crecientes tasas de explotación que agudizan la inequidad en la distribución de los ingresos, que convierten al país en uno de los más inequitativos de América y del mundo. Esperamos de la dirigencia sindical, y de la CUT en particular, la convocatoria a la movilización general en todo el país en respaldo a la posición de los trabajadores frente a los empresarios y a los nuevos payasos del circo estatal, esos que se constituyen a sí mismos en los voceros de oficio de los explotadores.
Hay otros temas vitales para la discusión en la mesa: la estabilidad en el empleo, por ejemplo, es uno de los asuntos más sentidos por los trabajadores cuya incertidumbre sobre su futuro laboral llena su vida de afugias que la hacen invivible. La justificación para el patrón es evidente: por ese mecanismo controla la tendencia natural a la protesta del explotado, quien se resigna a ceder a las pretensiones de su empleador con tal de garantizar su revinculación al término de su contrato temporal.
Es un mecanismo de sumisión a la esclavitud. Pero también para el patrón representa desventajas: tiene que asumir el costo de la intermediación que incrementa sus costos de operación. La tajada del intermediario en la tercerización incrementa la explotación del trabajador pero también los costos de la producción en favor de un parásito que no aporta a la creación del valor.
No es justificable que labores permanentes en las empresas, aun cuando no clasifiquen dentro de la categoría de las llamadas misionales, se contraten de manera temporal o a través de intermediarios que “tercerizan” la vinculación. Una exigencia en la mesa tiene que ser la eliminación de tal sistema de contratación “tercerizada” de labores permanentes en todas las empresas, empezando por las del propio Estado que, en repetidas ocasiones, ha manifestado su intención de “formalizar” el empleo sin que hasta hoy se haya acercado al cumplimiento de tal ofrecimiento.
Es parte importante de la lucha contra la explotación.
Editorial Semanario Voz
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