Victimarios

Cambio Total.

La palabra victimario en su sentido etimológico viene del lat. Victimarĭus que significa 1. m. y f. homicida y 2. m. Sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego, ataba las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio.

Es por tanto, una profesión. Y como tal, miraremos a la luz de la realidad de Colombia quiénes tienen esa ”profesión”. Profesión que significa un ordenamiento estatal ya que desde cuando el hombre creó el Estado contó con la superestructura jurídica, el poder encargado de juzgar y aplicar castigos a los que supuestamente infringían el ordenamiento establecido.

Quiénes practican la ”pena de muerte” en Colombia? Entendiendo que hay unas orientaciones institucionales –”los comunistas se mueren”, o ”la escoria se desecha” y otras-, el Estado pasa a ser victimario de su propia población.

Las fuerzas militares por siempre han ejecutado la ”pena de muerte”. Mucho más desde que el ”fantasma del comunismo” recorre Europa, América y todo el mundo. Si cayó el ”comunismo”, inventan otra excusa –otro ”enemigo”- como el ”terrorismo”, o el ”narcotráfico”, y después será otro. Total, siempre el estado sigue aplicando la ”pena de muerte” así no haya ”pena de muerte” en el ordenamiento constitucional estatal, como en nuestro caso.

Es más, basadas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) las fuerzas militares actúan como ”ejército de ocupación” y aplican la ”pena de muerte” a todo aquel que sea considerado ”enemigo interno”, ocupándose de otras funciones que no son propiamente militares, mas bien son labores policiales. Sabido es que los militares son ”profesionales”, que reciben un salario por su tarea.

Surge entonces la transformación de las fuerzas militares de defensoras de la soberanía nacional y las fronteras patrias en ”victimario” ya que son casi un millón de víctimas producidas por la llamada ”guerra interior” que fue decretada por la oligarquía en 1964, cuyos orígenes se remontan a la Masacre de las Bananeras, y quizás más atrás.

El 83% de las ejecuciones extrajudiciales, el 83,3% de las masacres, el 97,7” de las desapariciones forzadas –detención arbitraria, tortura y ejecución del detenido, amén de la desaparición de sus restos mortales-, son la gama de delitos cometidos por los ”servidores públicos”.

Esa política ha sido ejecutada a lo largo del territorio nacional y todo el tiempo para que ahora las fuerzas militares quieran presentarse como ”palomitas” que no hacen nada sino ”defendiendo la democracia, maestro”. Mas la verdad es que los objetivos de los victimarios tienen un sello de clase. Las víctimas son campesinos, líderes sindicales, maestros, políticos de izquierda y populares, etc, dándole esa impronta clasista.

En contadas ocasiones los muertos son de la clase oligárquica. Las armas del estado se vuelven contra sus dirigentes, como en los casos de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos crímenes todavía después de 20 años siguen en la más completa impunidad, pero las lentas investigaciones del aparato judicial tiene encartados a militares en su determinación y ejecución (general Miguel Maza Márquez, por ejemplo).

En ocasión de las conversaciones de la Mesa de La Habana el Estado –gobierno y demás- pretende echarles toda el agua sucia a las FARC-EP por los errores o efectos colaterales de sus acciones, como si esos efectos fueran la totalidad tratando de tapar la inmensa mayoría de víctimas producidas por el Estado y como si la guerrilla tuviera ”orientaciones institucionales” de afectar la sociedad civil. La orientación que han demostrado la guerrilla que tiene es la de combatir a las fuerzas militares-narcoparamilitares.

En ese orden de ideas, el Estado es el primer y único victimario (porque su ordenamiento tiene victimarios profesionales),  y más del 80% de las víctimas son producto de sus políticas. Es más, aún conversando en La Habana siguen aplicando la política del Terrorismo de Estado de la DSN.

Ahí están las nuevas víctimas de este gobierno de JM Santos, quien en aberrante miopía política –o quizá porque el amo del Norte no le da la orden- persiste en sus políticas de Terrorismo de Estado, victimizando a los pobres, y se niega siquiera a acordar un Cese Bilateral de Fuegos que pararía el desangre de las fuerzas en contienda, mas no así las victimas civiles que ocasiona el accionar de las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales. Nuevas víctimas que son imputables a JM Santos.

El Estado, único victimario, sigue adelante con sus políticas y sigue victimizando colombianos pobres, civiles. Esa es la triste realidad.