La valerosa y aplaudida decisión del Consejo de Estado de anular los nombramientos de los magistrados Francisco Javier Ricaurte y Alberto Rojas Ríos, y de aplicarle en los próximos días igual dosis a Pedro Munar, es una luz de esperanza en el propósito de recobrar la credibilidad de la justicia. Pero el problema no es solamente la “puerta giratoria”.
Es necesario desactivar el inmenso poder del procurador Ordóñez en las altas cortes. Tan nefasta es su injerencia que logró voltear al magistrado Rojas Ríos, quien en su campaña para la Corte —sí, porque para ser togado hay que hacer campaña— prometía que ejercería su magistratura con talante liberal. Quizás para conseguir su influencia en el proceso de nulidad de su nombramiento, Rojas apoyó la retardataria solicitud de Ordóñez para que se anule la sentencia T 841 de 2011 que reconoció el derecho de una niña a abortar. Son las consecuencias de llegar a un cargo de tanta importancia con tantos cuestionamientos personales y profesionales, en el que sobre todo hay que ser independiente del pasado oscuro.
Lo mismo ha de predicarse de la arbitraria contratadora Morelli, quien tuvo su granito de arena en la maroma de Ricaurte. Fue ella quien lo contrató al salir de la Corte Suprema, precisamente durante los tres meses que estuvo cesante mientras saltaba a otra corte. Al fin y al cabo ella y el procurador son tornillos de una misma perversa maquinaria.
Además, no basta con suprimir las facultades electorales de las altas cortes; es necesario convertir en falta disciplinaria y en delito que un magistrado pida puestos a los organismos de control o al gobierno, o que estos se los ofrezcan. La importancia de un procurador debe reflejarse en sus conceptos —en el caso de Ordóñez desacertados y poco acatados en la Corte Constitucional— y no en los puestos que prodigue. Entre eso y el soborno no hay diferencia.
El drama del deterioro de la justicia no se soluciona decapitando a Ricaurte, Rojas y Munar, porque el mal afectó a todo el sistema judicial, hoy prisionero de prácticas clientelistas que ya provocan divisiones internas en la otrora monolítica Corte Constitucional, y lo peor, se trasladaron a los expedientes.
En efecto, en una reforma también será imprescindible combatir el tráfico de influencias que se tejen en los pasillos del Palacio de Justicia. Sí, más peligroso que un magistrado de alta corte que toma partido por una de las partes, no para hacer justicia sino por odios o antipatías personales o políticas, o para favorecer intereses ocultos e inconfesables, es un exmagistrado deambulando por su antigua oficina vestido ahora de abogado y litigando detrás de la baranda, donde pueda influir y ser oído sin que su contraparte tenga derecho a defenderse.
Es necesario desactivar el inmenso poder del procurador Ordóñez en las altas cortes. Tan nefasta es su injerencia que logró voltear al magistrado Rojas Ríos, quien en su campaña para la Corte —sí, porque para ser togado hay que hacer campaña— prometía que ejercería su magistratura con talante liberal. Quizás para conseguir su influencia en el proceso de nulidad de su nombramiento, Rojas apoyó la retardataria solicitud de Ordóñez para que se anule la sentencia T 841 de 2011 que reconoció el derecho de una niña a abortar. Son las consecuencias de llegar a un cargo de tanta importancia con tantos cuestionamientos personales y profesionales, en el que sobre todo hay que ser independiente del pasado oscuro.
Lo mismo ha de predicarse de la arbitraria contratadora Morelli, quien tuvo su granito de arena en la maroma de Ricaurte. Fue ella quien lo contrató al salir de la Corte Suprema, precisamente durante los tres meses que estuvo cesante mientras saltaba a otra corte. Al fin y al cabo ella y el procurador son tornillos de una misma perversa maquinaria.
Además, no basta con suprimir las facultades electorales de las altas cortes; es necesario convertir en falta disciplinaria y en delito que un magistrado pida puestos a los organismos de control o al gobierno, o que estos se los ofrezcan. La importancia de un procurador debe reflejarse en sus conceptos —en el caso de Ordóñez desacertados y poco acatados en la Corte Constitucional— y no en los puestos que prodigue. Entre eso y el soborno no hay diferencia.
El drama del deterioro de la justicia no se soluciona decapitando a Ricaurte, Rojas y Munar, porque el mal afectó a todo el sistema judicial, hoy prisionero de prácticas clientelistas que ya provocan divisiones internas en la otrora monolítica Corte Constitucional, y lo peor, se trasladaron a los expedientes.
En efecto, en una reforma también será imprescindible combatir el tráfico de influencias que se tejen en los pasillos del Palacio de Justicia. Sí, más peligroso que un magistrado de alta corte que toma partido por una de las partes, no para hacer justicia sino por odios o antipatías personales o políticas, o para favorecer intereses ocultos e inconfesables, es un exmagistrado deambulando por su antigua oficina vestido ahora de abogado y litigando detrás de la baranda, donde pueda influir y ser oído sin que su contraparte tenga derecho a defenderse.
A esa práctica corrupta se suman otros sucesos de pésimo talante, como la costumbre ya generalizada de nombrar como abogado al exmagistrado que estuvo sentado como colega de quien está encargado de proferir sentencia, o a su amigote íntimo. Es una forma sutil de influir tramposamente en las sentencias. Esas coincidencias dejan el sabor de que se quiere vencer como sea y no convencer, que es para lo que se preparan los juristas. Hoy hasta se habla de exmagistrados que cobran millones por lograr el milagro de que seleccionen para revisión una tutela.
Bien que se vayan Ricaurte, Rojas y Munar, pero esto solamente puede ser el comienzo de lo mucho que falta por pasar.
Adenda No 1. ¿Quién responde en el Gobierno por la pérdida de los archivos del DAS? ¿A quién esperan proteger?
Adenda. No 2. La señora del procurador general de la Nación, Beatriz Hernández de Ordóñez, tristemente célebre por su intemperancia, por su agresividad y por su injerencia burocrática en la oficina de su marido, ha decidido importunar a algunos de mis amigos con quienes ocasionalmente coincide en reuniones sociales. Abusa de ellos y los fastidia enviándome mensajes insultantes y amenazantes, quizás con la esperanza de silenciarme, enfermiza pasión que cultiva junto con su intransigente y perseguidor cónyuge. Es la arrogancia del poder, que siempre es efímero, cosa que no tienen presente los poderositos de ocasión.
Bien que se vayan Ricaurte, Rojas y Munar, pero esto solamente puede ser el comienzo de lo mucho que falta por pasar.
Adenda No 1. ¿Quién responde en el Gobierno por la pérdida de los archivos del DAS? ¿A quién esperan proteger?
Adenda. No 2. La señora del procurador general de la Nación, Beatriz Hernández de Ordóñez, tristemente célebre por su intemperancia, por su agresividad y por su injerencia burocrática en la oficina de su marido, ha decidido importunar a algunos de mis amigos con quienes ocasionalmente coincide en reuniones sociales. Abusa de ellos y los fastidia enviándome mensajes insultantes y amenazantes, quizás con la esperanza de silenciarme, enfermiza pasión que cultiva junto con su intransigente y perseguidor cónyuge. Es la arrogancia del poder, que siempre es efímero, cosa que no tienen presente los poderositos de ocasión.
notasdebuhardilla@hotmail.com
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