“No es democrático que a un líder como Petro le quiten los derechos políticos, sin que haya habido corrupción o fallo de un juez”. No lo dijo el Colectivo de Abogados o Amnistía Internacional. Lo escribió Enrique Peñalosa.
Por: Nicolás Rodriguez
La decisión que tomó Santos hay que leerla como un anuncio: le interesa la reelección, no la paz. Como a cualquier Uribe. La canciller llegó al punto de plantear que los derechos políticos son menores si se los compara con los derechos humanos. Negó, pues, el origen mismo y la legitimidad de estos últimos, como quiera que el derecho a intervenir en política, el derecho a participar en política electoral, prácticamente es la base del pacto liberal con cualquier ciudadano que deja las armas.
La canciller no sólo dio muestras de lo poco que respeta el derecho internacional. También dejó en claro que no conoce ni le importa la historia de su continente. O de su país. Si los derechos políticos son apenas una anécdota de un grupo grisáceo de ONG, varias cosas nunca sucedieron: desde los desaparecidos del Cono Sur hasta las torturas con las que el Estatuto de Seguridad impulsado por Turbay la emprendió contra jóvenes guerrilleros. Petro incluido.
El panorama es el siguiente: locutores, analistas, políticos y otros embajadores de la justicia social y lo divinamente correcto se deshacen en elogios frente a la izquierda de Lula o Bachelet. Algún día, dicen, tendremos una izquierda respetuosa y moderna. La que nos merecemos, les dirá Santos a sus amigos más cercanos.
Entre tanto, las tácticas de gobierno siguen ancladas en los mismos tiempos que tanto critican. No mejoran. O peor: son más sofisticadas. Llegado el momento, ni el voto se respeta. Y la retórica para la defensa de lo establecido se hace más y más elocuente, hasta el punto en que a Petro le exigen que se retire calmadito y en silencio, no vaya y sea que la institucionalidad se despeluque.
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