Los recientes escándalos que
comprometen a sectores de la inteligencia de las FFMM con el espionaje
político y a representantes de altos mandos con la corrupción señalan la
aparición de nuevas contradicciones que afloran en las alturas del
poder.
La existencia de instalaciones secretas, dedicadas al “monitoreo al aire” de opositores de izquierda, defensores de derechos humanos y hasta a algunos de los voceros del gobierno en los diálogos de paz vulnera claros derechos constitucionales. El presidente Santos pasa de la indignación a la justificación del espionaje al amparo de la ley 1621 de Inteligencia. Se configura una situación en que el presidente no controla el mando militar y se pliega a sus requerimientos, sin medir las consecuencias de esta dualidad del poder que pone en entredicho las libertades y garantías ciudadanas en medio de una campaña electoral que va a definir el futuro de la paz y sus contenidos. Las nuevas denuncias sobre corrupción en materia de contratación muestran el total descontrol sobre la inversión de los más cuantiosos recursos del presupuesto destinados a la guerra contrainsurgente. Los ridículos intentos de Mindefensa de tapar graves señalamientos de irregularidades revelan la profundidad de los fenómenos denunciados y la tendencia a culpabilizar a subalternos antes que a ahondar en el esclarecimiento de responsabilidades. Detrás del grupo de mandos que obstaculizan y se oponen al proceso de paz está la oligarquía de ultrderecha uribista, los grupos de poder que se han enriquecido con la guerra así como las mafias que han proliferado en el río revuelto de la corrupción.
La complicidad del gobierno de Santos con el poder oculto del extremismo guerrerista y su tendencia a conciliar con él pone en grave riesgo el proceso de paz y limita preocupantemente las garantías en la campaña electoral. En el mismo sentido son profundamente negativas las intentonas desestabilizadoras contra el gobierno bolivariano de Venezuela, en las que se denuncia la participación de paramilitares colombianos.
Ante el chantaje de imponer al pueblo colombiano las condiciones de un régimen regresivo, intolerante y excluyente, en contravía de los intereses legítimos de las mayorías populares el Partido Comunista llama a la alerta frente al peligro de un golpe de Estado consentido y amamantado desde el gobierno. Convoca a la movilización popular en las calles, plazas y carreteras para exigir libertades y derechos como responsabilidades del Estado. Exige la renuncia del Ministro de Defensa y de la actual cúpula militar para facilitar las investigaciones de la Fiscalía, el fin de la impunidad y el esclarecimiento exhaustivo del uso de los recursos públicos junto con la derogación de la ley 1621 de inteligencia. Reclama perentoriamente las garantías a la oposición democrática, social y política, víctima de amenazas listados de estructuras paramilitares que el gobierno daba por desaparecidas o puestas en reclusión.
Reafirma la importancia de la unidad de todas las fuerzas populares, democráticas y de izquierda; las convoca a respaldar el NO y el rechazo a la sanción del Procurador contra el alcalde de Bogotá; llama a los trabajadores y el pueblo en general a respaldar en las urnas decididamente a los candidatos alternativos, en particular a los voceros de la izquierda y de la Unión Patriótica.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, febrero 17 de 2014
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