Este agosto de luchas populares, paros, marchas y protestas deja muchas cosas en qué pensar. La primera de ellas, naturalmente, la pregunta sobre sus causas y la profundidad de las mismas.De parte del gobierno hemos escuchado toda clase de teorías. Desde el Presidente Santos, quien no vaciló en negar la existencia real del paro agrario, y quien no cesa de exponer las múltiples medidas de su mandato para mejorar el bienestar de los colombianos.
Para él los movimientos sociales de reclamo son producto de meras circunstancias de coyuntura. La revaluación del dólar y el contrabando, las primeras. Pero además, de cierta tendencia de la gente, que cuando recibe algo tiende a pedir más. Como en los Montes de María, donde, tras doscientos años,su gobierno logró llevar por primera vez agua a las casas del municipio, cosa que no alegró a ninguno de sus habitantes, sino que los movió a exigir también el alcantarillado.
Para el gobierno parece estar completamente claro que los campesinos sufren cierto grado de avanzada ceguera. Él tiene una política agraria, la está poniendo en marcha con su locomotora agroindustrial, y ella asegura una envidiable prosperidad a la masa campesina. Cómo no ven, que las alianzas productivas con el gran capital representan la mejor reivindicación para ellos.
Para los duros de la guerra, como el ministro Juan Carlos Pinzón y la alta cúpula militar y policial, tanto saliente como entrante, el problema estriba en la infiltración guerrillera. Los campesinos son los idiotas útiles de las FARC, en el mejor de los casos, porque, en el peor, sus marchas no son más que el producto de la amenaza y la coerción de los terroristas.
Pero los campesinos colombianos han logrado sostenerse firmes. Primero en el Catatumbo, donde al precio de varias vidas y muchos lesionados y detenidos, obtuvieron que el gobierno pactara conversar seriamente con ellos sobre sus problemas. Y luego en el plano nacional, en el que pese a las bravuconadas de Santos, lo obligaron a instalar una mesa con todo y los bloqueos de vías, para buscar soluciones concertadas a la grave situación por la que atraviesan.
De sus pliegos de peticiones brota una verdad de bulto. La raíz de sus problemas económicos y sociales se halla en la aplicación de las políticas neoliberales, las cuales parecen haber entrado en metástasis con las emocionadas suscripciones de tratados de libre comercio durante la actual Administración. Sencillamente, la producción agropecuaria extranjera, que apenas comienza a ingresar al país, amenaza arruinar por completo alos productores nacionales.
Dichas políticas, valga mencionar de paso, no han dependido de la voluntad o programa político de los gobiernos, como vocación individual de los Presidentes. Ellas se enmarcan dentro del despliegue estratégico del gran capital financiero trasnacional, impelido a extender su dominación económica, política, militar y cultural a todo el planeta. Es decir, los campesinos colombianos en paro no se hallan levantados contra Santos, sino contra el sistema capitalista que Santos defiende. Han decidido enfrentar su lógica de arrasamiento, su imposición unilateral y violenta.
Lo cual se expresa en la dificultad para llegar a acuerdos satisfactorios con los delegados gubernamentales. Para estos, lo fundamental consiste en conseguir la aceptación a los proyectos de inversión transnacional, los cuales se adornan con planes de rehabilitación social, que pretenden deslumbrar por sus cifras billonarias. Lo que van dejando claros los diálogos en el Catatumbo y Tunja, es que el gobierno descarta la mínima posibilidad de virar o dar marcha atrás a sus designios neoliberales.
Lo cual recuerda inexorablemente el paisaje de la Mesa de La Habana. Y ata con un hilo invisible los desarrollos de las mesas en Colombia con ella. En uno y otro escenario, Santos proclama que encabeza el gobierno del diálogo y la concertación, que las imposiciones unilaterales son ajenas por completo a su mandato. Pero allá y aquí se irrita de manera desmedida porque su interlocutor plantee fórmulas distintas a las suyas. Es claro que para el gobierno, el objeto de todo diálogo es imponer sus propuestas, quizás al costo de ceder en alguna dádiva sin importancia para él.
Hay quienes arguyen que las FARC carecemos de alguna legitimidad para reclamar cualquier cosa en nombre de los colombianos, así se trate de los más pobres y marginados. Su enorme ignorancia, nublada aún más en tanta academia extranjera, los conduce a rebuznar cuando hablan de los orígenes de la lucha armada en Colombia. Con solo leer el programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia, promulgado el 20 de julio de 1964, comprenderían la destellante coincidencia entre lo planteado por las FARC desde siempre y lo exigido por el campesinado actualmente en paro.
Quizás así se podría encender una luz en sus enturbiadas testas. Precisamente lo que han buscado las clases dominantes a escala mundial y nacional durante décadas y décadas es separar y acrecentar la distancia entre la lucha reivindicativa y social de los desprotegidos y la lucha política de las organizaciones revolucionarias. Es sembrar en la mente de sometidos la idea de que su situación obedece al accionar de los agitadores violentos. Hacerles creer que su suerte sería muy distinta si no se hubiera atravesado la lucha inoportuna de aquellos a impedirlo.
Lo que salta a la vista en Colombia es que los de abajo han dejado de creer en ese cuento chino. Comprenden de dónde derivan realmente las causas de su situación humillante. Y se han puesto en pie para removerlas. Lo que empezó con el campesinado, aguijoneado por las consecuencias del libre comercio, se acrecienta con una buena cauda de sectores gremiales, sociales, sindicales, estudiantiles, obreros y populares ansiosos desde tiempo atrás en las ciudades por consolidar un movimiento enérgico y efectivo contra el orden de cosas impuesto.
El reciente montaje contra el dirigente campesino Hubert Ballesteros, la amenaza pública del Presidente Santos contra la Marcha Patriótica, sus insinuaciones acerca de que oscuros sectores se hallan tras los campesinos para impedir acuerdos con el gobierno, su determinación de militarizar Bogotá y otras regiones del país, sus ofertas de recompensas y la ruptura unilateral de los diálogos en Tunja, son todos hechos que revelan el espanto de la oligarquía ante el insólito despertar popular.
Pretexta ahora la violencia de vándalos enmascarados e inspirados desde la mesa de La Habana, cuando las fuerzas de choque y los grupos de provocadores son una vieja táctica empleada desde el poder para justificar el abatimiento por la fuerza de lucha de los pueblos. Eso puede estar ocurriendo. Sin embargo, tampoco cabe dejarse confundir. Esa lucha, por los retos que enfrenta y los métodos brutales con las que suele ser reprimida, no puede desarrollarse siempre dentro de los idílicos cauces que el régimen describe. O lo que es lo mismo, las manifestaciones externas de las profundas contradicciones económicas y sociales no pueden servir para ocultar estas. Siempre habrá de romperse algún florero.
Montañas de Colombia, 30 de agosto de 2013.
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