En cuanto a la seguridad alimentaria, la profesora Constanza Castiblanco, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que “las comunidades tienen claro que independientemente de que los cultivos utilizados para la producción de energía sean comestibles o no, estos generan competencia por las tierras agrícolas, el agua, la mano de obra y demás insumos de producción agrícola”.
La producción de biocombustibles a escala industrial implica expandir la frontera agrícola, lo cual tiene repercusiones en el precio, la concentración de la tierra y de los demás insumos productivos. A esto se suma la llegada de inversión extranjera para la compra y arriendo de tierras cultivables. Ambas situaciones afectan la producción de alimentos.
“Uno de los retos de la sociedad civil es hacer visible el aporte de las comunidades rurales al bienestar social, a la economía y a la cultura, a través de la preservación de la seguridad y la autonomía alimentaria”, dice Castiblanco.
Frente a los derechos laborales, la tensión surge por los esquemas de subcontratación que emplean las grandes empresas palmeras: Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y Alianzas Productivas Estratégicas (APE).
En las CTA, los trabajadores son vistos como empresarios y, por tanto, no están permitidos los sindicatos ni las huelgas. Además, estas mismas deben pagar la seguridad social de sus afiliados, conseguir las herramientas para el servicio que prestan y pagar los impuestos que generan.
“Se dice que en el modelo de las CTA el trabajo es precarizado y aumenta la inequidad en la relación entre empresa y trabajador”, señala la profesora de la U.N.
En tanto, las APE consisten en que el Estado y la empresa privada prestan asistencia financiera y técnica al pequeño propietario para que pueda cultivar y generar sus propios ingresos. Además, los contratos con las empresas garantizan la compra de su producción y que puedan pagar los créditos.
Pero en el fondo, matiza Castiblanco, “estos esquemas buscan disminuir los costos de la mano de obra y de la tierra e imponen condiciones asimétricas en las relaciones con los trabajadores a través de la tercerización de los trámites de la contratación de personal. De esta manera, las empresas consiguen acceder a una fuerza de trabajo por debajo del costo y al margen de la protección legal que implica la relación laboral”.
Finalmente, en cuanto al conflicto agrario, la profesora del IDEA señala la estrecha relación que existe entre el crecimiento de la agroindustria para la producción de biocombustibles y el desplazamiento de la población rural y la consecuente violación de sus Derechos Humanos.
Según Castiblanco, hay tres maneras en las que el desplazamiento beneficia a los cultivos de palma: el uso de la violencia para desplazar poblaciones y desocupar territorios; el ingreso de empresas a territorios que tuvieron que ser abandonados (etapas posteriores al conflicto), recuperados por la fuerza pública y comprados por las empresas a un menor precio; y la reubicación o restitución de territorios”.
Esta última va de la mano con el involucramiento de los desplazados en los modelos de Alianzas Estratégicas, “que es la única forma de volver a su territorio, perdiendo autonomía sobre sus decisiones con respecto a lo que desean sembrar”, puntualiza.
(Por:Fin/AF/sup/arm)
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