Los acuerdos entre los voceros de la MIA nacional y la delegación del Gobierno llevada a cabo el 19 de septiembre, establecieron un calendario de doce sesiones (Mesas de interlocución) en diferentes regiones del país que inició su agenda de trabajo en Antioquia, el jueves 26 de septiembre en la sede de la Gobernación en Medellín. La idea de las Mesas de Interlocución regionales es llegar a soluciones, por medio del diálogo, al pliego de peticiones de seis puntos que presentó la MIA al Gobierno Nacional.
Las Mesas son el primer paso hacia la solución de las problemáticas de las comunidades campesinas, mineras e indígenas que las llevaron a realizar el Paro Nacional Agrario y Popular (PNAP) desde el 19 de agosto. Paro que ha generado la más amplia simpatía y solidaridad de millones de ciudadanos y de otros sectores sociales y populares que han apoyado de las más variadas formas el PNAP que se prolonga hasta hoy.
Paro en Antioquia
En el caso del departamento de Antioquia, donde se inicia la primera reunión entre las partes, las comunidades campesinas procedentes del Noroccidente Colombiano, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, Alto Sinú, Sur de Córdoba, Cañón del río Porce e Ituango, fueron atacadas por el ESMAD y la fuerza pública, infiltradas y constantemente saboteadas causando heridos y judicializados entre los campesinos y campesinas concentrados en los puntos y municipios donde llevaban a cabo su legítimo derecho a la protesta social y movilización.
En el Campamento de Refugio Humanitario de Barbosa, Antioquia, la comunidad campesina y minera que se concentró allí, unas cuatro mil personas, obligada por la respuesta represiva de la fuerza pública, fue atacada con granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos, balas y bombas molotov por el ESMAD apoyados por civiles y violando flagrantemente la Constitución, los días 28 y 29 de agosto. Resultado de estos ataques: tres mujeres en embarazo abortaron, decenas de niños, niñas y adultos sufrieron asfixia por la gases lanzados al campamento, dos campesinos fueron impactados con balas de fusil y varios fueron detenidos cuando trataban de defender el campamento. Así mismo, el hostigamiento y sabotaje de parte de agentes de civil que trataron de infiltrar el campamento, el rol de funcionarios de la alcaldía de Barbosa y agentes de la Sijín ofreciendo dinero a las familias campesinas para que levantaran el Paro y regresaran a sus lugares de origen, fue el pan de cada día que tuvieron que soportar las comunidades allí asentadas.
En
el contexto del PNAP, sectores urbanos de Medellín como trabajadores
sindicalizados, informales, estudiantes, comités barriales, empleados de
la salud, colectivos de cultura y arte, corporaciones de mujeres,
brigadas de salud y recreación han acompañado con caravanas de ayuda
humanitaria a las comunidades campesinas de Antioquia. Expresiones de
solidaridad que tuvieron su máxima demostración el 29 de agosto, día que
se movilizaron miles de Medellinenses, destacándose el sector
juvenil-estudiantil y que paró prácticamente la ciudad.Dentro de las actividades de articulación, solidaridad e intercambio de experiencias y saberes entre el campo y la ciudad, el pasado lunes 23 de septiembre se realizó la Cumbre Agrominera y Popular Departamental, en el Campamento de Refugio Humanitario de Barbosa. Actividad exitosa que debatió en tres mesas temas como Territorialidad, POT, Megaproyectos y situación y problemáticas de la urbe; Soberanía nacional y TLCs; y Derechos Humanos y protesta social.
La nutrida Cumbre culminó con un acto cultural y una declaración política que resumió el trabajo de las mesas temáticas; rechazó la estigmatización, la criminalización de la protesta social y la persecución y judicialización de cientos de campesinos y líderes del Paro, como el caso de Huber Ballesteros y demás líderes del Paro y voceros de la MIA. También se rechazó y denunció el impacto negativo que han tenido los TLCs sobre la economía y producción agrícola en todo el país. Finalmente, denunció la intensificación de la extracción minero-energética expresión de la locomotora minero-energética del gobierno, que implica despojo, desplazamiento de comunidades campesinas, daños al medio ambiente, como el caso de la comunidad de las riveras del rio Cauca desplazada por el Megaproyecto de Hidroituango que ejecuta EPM, y los campesinos del Alto Sinú desplazados por Urrá I, etc.
Para las comunidades que conforman la Coordinadora Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio Colombiano, Ríos Vivos y Marcha Patriótica Antioquia, el establecimiento de las Mesas de Interlocución con el Gobierno departamental, son un paso en la dirección correcta hacia la solución del pliego de peticiones de la MIA. Constituyéndose no sólo en la respuesta más sensata a la grave crisis en que han sido sumidas por décadas de fallidas políticas económicas y abandono estatal, sino en un avance hacia el tránsito del conflicto armado al conflicto social.
llamamos a todos los sectores sociales y populares, estudiantes, trabajadores, empleados y ciudadanía en general que se solidarizó con esta justa y legítima causa del sector campesino y minero, a estar alertas ante cualquier intento de incumplimiento de los acuerdos que se vayan alcanzando entre la MIA regional y nacional y el Gobierno, ante cualquier saboteo, persecución y judicialización a las comunidades que realizaron el Paro Nacional Agrominero y Popular o a cualquiera de sus voceros y líderes. Este Paro ha demostrado que sólo la justa y legítima protesta y movilización social, son la garantía de un mejor futuro para la Colombia profunda que representa y enarbola dignamente el campesinado.
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