Tenedores y cuchillos

Por Daniel CoronellRevista Semana.

OPINIÓN. Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la Procuraduría podrán anular las operaciones que acumulen baldíos “siempre que estén registrados en los folios de matrícula con su respectiva restricción”. O sea que si no figura en los papeles, es legal.

Un proyecto de ley para sanear la ilegal apropiación de antiguos baldíos será presentado por el gobierno al congreso. El redactor principal del proyecto no es un funcionario sino el abogado Néstor Humberto Martínez. Tengo un documento que prueba las modificaciones que le ha hecho el doctor Mart

ínez a la futura ley y que favorecen las tesis de los llamados “tenedores de buena fe”. 

Entre esos “tenedores” hay empresas como Riopaila-Castilla, Cargill y La Fazenda. 

Riopaila-Castilla se apoderó de 40 mil hectáreas de antiguos baldíos a través de una cuestionada maniobra que incluía creación de empresas de papel en Colombia que compraban tierras hasta el límite legal con dineros prestados por Riopaila. Después, esas sociedades de papel –pero con tierra- fueron vendidas por el precio de su deuda a cinco compañías españolas pertenecientes a un solo fondo de Luxemburgo, cuyo dueño resulto ser el mismo Riopaila-Castilla. 

Al final, juntando todos los pedazos de tierra, el ingenio armó una enorme plantación en el Vichada (ver vínculo).

El autor de la “estrategia jurídica sofisticada” es el abogado Francisco Uribe Noguera de la firma Brigard y Urrutia, quien en entrevista con la revista Semana justificó su plan. 

Esa entrevista está convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto de ley, con el siempre inteligente concurso de Néstor Humberto Martínez, cuya habilidad con la lengua y con la pluma nadie discute.

Los usuarios de semana.com pueden ver el documento completo en pdf. Las enmiendas hechas por Néstor Humberto están en color verde, las rojas y azules corresponden a funcionarios del ministerio de agricultura y de la presidencia. (Ver Proyecto Tierras)

Entre los aportes de Néstor Humberto Martínez saltan a la vista algunos que coinciden -portentosamente- con las tesis de su colega Francisco Uribe Noguera.

Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la procuraduría podrán emprender acciones para anular las operaciones que acumulen antiguos baldíos “siempre y cuando se encuentren registrados en los folios de matrícula inmobiliaria con su respectiva restricción”. (Ver página12proyecto)

Esto quiere decir que si la restricción no figura en los papeles, la operación tendrá que considerarse legal. 

Coincidencialmente en su entrevista con Semana, el doctor Uribe Noguera había defendido el mismo argumento en la acumulación de tierras baldías por parte de Riopaila: “para que sea ilegal comprarlas se necesita que esa prohibición sea de conocimiento público, por lo cual tendría que estar registrada en la resolución de adjudicación y en el certificado de tradición y libertad. Nosotros obviamente no compramos ninguna tierra cuyos títulos expresarán esa limitación”. (Ver entrevista Semana1)

El gobierno también acude a socorrer al autor de la estrategia jurídica sofisticada. El abogado Uribe Noguera sostuvo en su entrevista con Semana que “los baldíos anteriores a 1994 no entran en la categoría de la prohibición”. (Ver entrevistaSemana2)

El gobierno -en color rojo en el proyecto- busca determinar que “Las prohibiciones y limitaciones contenidas en la Ley 160 de 1994 solo son aplicables en los términos de esa ley a los predios baldíos que hubieran sido adjudicados a partir del 5 de agosto de 1994”. (Ver página 11proyecto1)

Para acabar de lavar en agua lustral la maniobra de Riopaila-Castilla -que el ministro de agricultura calificaba como ilegal hasta hace unas semanas- el proyecto quiere establecer que “dichos predios no tienen limitación o prohibición alguna para transferir la propiedad y constituir otros derechos reales”. (Ver página 11proyecto2)

Bajo la misma tesis se legalizarán las operaciones de familiares y prestanombres de Víctor Carranza que permitieron la conformación de ‘La Fazenda’ y ‘La Hacienda El Porvenir’. 

Si el proyecto se convierte en ley, todos ellos serán “tenedores de buena fe”.