Por: María Teresa Ronderos
Cuenta la leyenda que por allá a finales de siglo XVIII, la zarina Catalina La Grande salió a constatar el progreso de los pueblos de la recién conquistada Crimea del que le había hablado su favorito duque Grigori Potemkin.
Pueblos Potemkin es lo que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere presentarle al mundo, cuando dice que “Colombia ha avanzado lo suficiente en derechos humanos”. Estas declaraciones pretenden justificar un súbito cambio de ánimo oficial que redujo de tres a un año la invitación a la oficina especial de la ONU para que siga en Colombia ayudándole a proteger los derechos fundamentales.
Son caras bonitas que dibuja para esconder la actual insurrección civil del Catatumbo, donde la gente se hastió de vivir mal, y sobre todo para ocultar el fallido manejo que le ha dado Santos. A las sentidas peticiones para que le den prioridad a la economía campesina (vías terciarias, créditos, zona de reserva campesina) y mejoramiento de la condiciones de vida (arreglar el hospital del Tibú, proveer agua potable, etc.), según un plan de desarrollo social, el Gobierno respondió ofreciendo subsidios directos e inversión en vías principales para sacar el corozo de la palma y el carbón de las agroindustrias.
También respondió estigmatizando a César Jerez, el líder de los manifestantes. Es una manida forma de restar legitimidad a la protesta, dándole más credibilidad a los supuestos cruces de correos de guerrilleros de hace un lustro aprobando la gestión de Jérez por el campo, que a sus 15 años de trabajo con comunidades que lo respetan tanto como para jugarse el pellejo con él. Además buenos periodistas de Cúcuta han terminado perseguidos porque sus relatos no coinciden con la idílica guerra que desde Bogotá dibuja Juan Carlos Pinzón, quien cada vez actúa más como ministro de la Defensa de los militares, que como ministro de la Defensa de los colombianos.
Son realidades feas que no le permiten a Colombia vender la ficción de que ya podemos entrar al club OCDE de los países ricos. O que con un año que se esté en el país la oficina de la ONU para los Derechos Humanos es suficiente porque ya nadie los viola. O que en el Catatumbo todos viven como en Suecia y la insurrección popular es una mera estrategia negociadora de las Farc. O que girar billones en limosnas saca a la gente del campo de la pobreza.
Pero las fachadas que pinta el gobierno no consiguen disfrazar cuatro verdades. La primera: el mando civil sobre las fuerzas militares es débil y por eso cuando la Oficina de la ONU pidió investigar si a cuatro campesinos en el Catatumbo los mataron balas de la Fuerza Pública, el Gobierno salió a recortarle su estadía en el país. La segunda: en buena parte del campo los bienes públicos están semi-destruidos, la gente toma agua mala y no tiene vías y por eso, con o sin guerrilla, sus habitantes viven a punto de ebullición. La tercera: bandas criminales y guerrillas florecen en ese país olvidado, roban tierras, matan civiles e imponen su ley, y sólo el brazo armado del Estado no alcanza para proteger a la población, y frustrado, a veces abusa de ella o la culpa de sus fracasos. Y, la cuarta: más que presupuestar dinero para auténticos proyectos de transformación social, el Gobierno prefiere repartir millones a discreción para cosechar frutos electorales el año entrante.
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