Oidhaco.
El proyecto de ley, a punto de ser aprobado, profundiza y extiende los aspectos de preocupación de la reforma al fuero penal militar. Revierte la lógica del DIH al convertirlo en un instrumento de protección de la Fuerza pública frente a la justicia.
Análisis realizado por Oidhaco en el cual se presentan los principales aspectos de preocupación frente al proyecto de ley que reglamenta la reforma al fuero penal militar y pretende “precisar” las reglas del derecho internacional humanitario (DIH).
A finales de marzo de 2013, el gobierno colombiano presentó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la reforma constitucional al fuero militar, en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, entre otros. El proyecto ya ha sido aprobado en 3 de 4 debates y está a punto de ser adoptado (El Espectador, Fuero militar a un debate de ser una realidad, 29 de mayo de 2013). Este proyecto de ley profundiza y extiende los aspectos de preocupación contenidos en la reforma constitucional (ver análisis de la reforma constitucional). Revierte la lógica del Derecho internacional humanitario (DIH) al convertirlo en un instrumento permisivo y de protección de la Fuerza pública (FFPP) frente a la justicia, cuando el propósito del DIH es, al contrario, fijar límites a la guerra para proteger, en particular, a los civiles frente a sus efectos.
El proyecto de ley amplía el espectro de actuación de la FFPP, asegurando que la casi totalidad de los actos cometidos por un miembro de la FFPP recaiga bajo el DIH tal y como definido por esta ley. Cabe recordar que la reforma constitucional prevé que el DIH aplicaría para todos los crímenes cometidos por la FFPP, es decir tanto en la justicia militar como en la justicia ordinaria bajo la cual estarían los crímenes expresamente excluidos del fuero penal militar (crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado). Además, en su versión inicial, el proyecto de ley redefinía el crimen de ejecución extrajudicial de una manera tal que muchos de estos crímenes no serían considerados como tales.
Pedimos por lo tanto a la comunidad internacional:
- Expresar públicamente y de manera urgente su preocupación frente a la reforma constitucional al fuero penal militar y al proyecto de ley estatutaria para su reglamentación, y llamar a las autoridades colombianas a que estas disposiciones sean retiradas;
- Insistir ante las autoridades colombianas para que se abstengan de promover y adoptar reformas que puedan reforzar y/o llevar a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como reformas que atentan contra la independencia de la justicia y el balance de los poderes;
- Llamar a las autoridades colombianas a cumplir con las recomendaciones que han sido formuladas por los distintos mecanismos de las Naciones Unidas al respecto, en particular en el último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia (7 de enero de 2013) y por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (informe del 15 de mayo de 2012), para enfrentar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado, y para cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y proveer garantías de no repetición.
A finales de marzo de 2013, el gobierno colombiano presentó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la reforma constitucional al fuero militar, en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, entre otros. El proyecto ya ha sido aprobado en 3 de 4 debates y está a punto de ser adoptado (El Espectador, Fuero militar a un debate de ser una realidad, 29 de mayo de 2013). Este proyecto de ley profundiza y extiende los aspectos de preocupación contenidos en la reforma constitucional (ver análisis de la reforma constitucional). Revierte la lógica del Derecho internacional humanitario (DIH) al convertirlo en un instrumento permisivo y de protección de la Fuerza pública (FFPP) frente a la justicia, cuando el propósito del DIH es, al contrario, fijar límites a la guerra para proteger, en particular, a los civiles frente a sus efectos.
El proyecto de ley amplía el espectro de actuación de la FFPP, asegurando que la casi totalidad de los actos cometidos por un miembro de la FFPP recaiga bajo el DIH tal y como definido por esta ley. Cabe recordar que la reforma constitucional prevé que el DIH aplicaría para todos los crímenes cometidos por la FFPP, es decir tanto en la justicia militar como en la justicia ordinaria bajo la cual estarían los crímenes expresamente excluidos del fuero penal militar (crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado). Además, en su versión inicial, el proyecto de ley redefinía el crimen de ejecución extrajudicial de una manera tal que muchos de estos crímenes no serían considerados como tales.
Pedimos por lo tanto a la comunidad internacional:
- Expresar públicamente y de manera urgente su preocupación frente a la reforma constitucional al fuero penal militar y al proyecto de ley estatutaria para su reglamentación, y llamar a las autoridades colombianas a que estas disposiciones sean retiradas;
- Insistir ante las autoridades colombianas para que se abstengan de promover y adoptar reformas que puedan reforzar y/o llevar a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como reformas que atentan contra la independencia de la justicia y el balance de los poderes;
- Llamar a las autoridades colombianas a cumplir con las recomendaciones que han sido formuladas por los distintos mecanismos de las Naciones Unidas al respecto, en particular en el último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia (7 de enero de 2013) y por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (informe del 15 de mayo de 2012), para enfrentar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado, y para cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y proveer garantías de no repetición.
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