Cambio Total.
En el inicio del
segundo punto, Participación Política, de la Agenda de la Mesa de
Conversaciones de La Habana, es imprescindible partir de la base del derecho a la vida como única forma de
asegurar una verdadera participación política del pueblo y las FARC en él inscrito.
La exclusión y la
intolerancia se basan en el irrespeto del derecho a la vida de los colombianos,
principio violador que las huestes oficiales aplican basados en la Doctrina de
Seguridad Nacional y su Terrorismo de Estado. La vida de los campesinos,
indígenas, obreros, estudiantes, mujeres, niños, ancianos, vale menos que « un
cinco » y por ello sus asesinatos, desapariciones y masacramientos están a
la orden del día.
La enorme y
profunda crisis humanitaria en la cual, desde el estado, han sumido al pueblo
colombiano está visualizada en las víctimas. Víctimas que en la sumatoria da mucho
más que los 5,5 millones que reportan los medios en poder de la oligarquía, las
cuales pretenden lavar la cara del estado eximiéndolos de responsabilidad.
El derecho a la
vida es el derecho primordial, fundamental, rector, del disfrute de los demás
derechos, incluído el derecho a la participación política. Sin vida es
imposible participar en política. Por ello, desde el Estado y sus clases
representativas, aplican el Terrorismo de Estado y el cercenamiento de la vida
de los contradictores políticos como forma salvaje de preservar sus intereses
mezquinos. Las vidas cercenadas de las víctimas clama por el esclarecimiento y
la verdad como forma de resarcirlas y repararlas.
Naturalmente que
se hace necesario no solo esclarecer la verdad, sino también civilizar las
costumbres políticas de los detentadores en el poder –oligarquía,
terratenientes, ganaderos, etc-, re-educándolos en el respeto a los
contradictores, al diferente, al raro, es decir, a la tolerancia de todo
aquello que no sea mi propia visión. Respeto es la base de la convivencia
civilizada y en donde comienzan los derechos del otro terminan mis propios
derechos.
Las clases en el
poder se abrogan el derecho de asesinar a los contradictores políticos.
Incluso, los sectores más retardatarios, trogloditas, confesionales, participan
del festín inquisidor incluso violando su moral católica y rompiendo sus
propios principios éticos. Los derechos existen sólo para su clase, principio
aplicado desde hace más de 500 años con la invasión española a nuestra América.
El indio, el
negro, el zambo, el mestizo, han carecido en la realidad de derechos políticos
y apenas les es permitido el « disfrute » del derecho a la vida en la
medida que no toque los derechos de participación política de los círculos en
el poder. La estela sangrienta dejada por la oligarquía con el asesinato de los
defensores de los derechos políticos de los pobres está todavía « viva »,
actual. Desde la sangre derramada por el invasor español, siguiendo por la
sangre de los ejércitos –de « negros e indios », rugían los
confesionales-, y continuando con la sangre derramada de los millones de colombianos
pobres, los derechos del pueblo han sido conculcados a fuerza del asesinato y
el masacramiento.
Los delegados
populares –vale decir las FARC-EP-, están cumpliendo el papel que el pueblo les
ha asignado. La participación política del pueblo –incluídas las FARC- sólo será
posible partiendo del principio básico del derecho a la vida. Asegurado éste derecho
se aborará todo lo demás. Mas, primero lo primero.
alp
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