Por frentean.blogspot.se/
La
región del Catatumbo es hoy víctima predilecta de las políticas de
intromisión extranjera aplicadas servilmente por el gobierno de Juan
Manuel Santos, quien no para mientes en militarizar y reprimir con
balas, garrote y gases la movilización del pueblo del Norte de Santander
en reclamo de sus justos derechos. Parece increíble que el mismo
Presidente que clama en diversos escenarios internacionales por una
nueva política antidrogas, aplique de manera indolente y brutal las
estrategias y métodos recomendados por Washington.
La más que justa aspiración de los campesinos del Catatumbo, en el
sentido de que la erradicación de los llamados cultivos ilícitos sea
realizada de manera manual y con previa concertación con las comunidades
de la región, unida a su demanda porque las autoridades regionales y
nacionales den curso a la conformación de la zona de reserva campesina
prevista por la ley desde hace veinte años, sólo encuentra eco en los
cañones de los fusiles de la tropa y la arremetida de los salvajes
escuadrones antidisturbios de la Policía Nacional.
El
grave conflicto que se desarrolla hoy en los municipios de Tibú y
Sardinata es en realidad una manifestación de inconformidad y protesta
contra los planes en desarrollo de la llamada locomotora minera. La gran
mina de carbón y los hidrocarburos que las multinacionales avaladas por
el gobierno nacional pretenden explotar en la región para su beneficio
exclusivo, han sido la fuente que ha inspirado la larga cadena de
violencias oficiales y paraoficiales que azotan al Catatumbo desde
muchos años atrás. Antes que proteger y apoyar los campesinos, los
distintos gobiernos han buscado desplazarlos del territorio para limpiar
el camino a la inversión foránea.
Por
eso, los desiguales enfrentamientos entre la fuerza pública vestida a
la manera de robots y las comunidades campesinas, asediadas al tiempo
desde el aire por el fuego de las ametralladoras que despiden los
helicópteros artillados de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, son
reflejo de un Estado y de un régimen político que sólo entiende de
violencias y amenazas cuando se trata de solucionar las grandes
contradicciones sociales originadas por la desigualdad en Colombia. Los
campesinos muertos, heridos, golpeados y encarcelados son mártires de la
lucha popular y no vándalos ni terroristas como lo aseguran los voceros
del Establecimiento.
Cuando
el pueblo colombiano habla de paz no habla de rendición incondicional
de las guerrillas, sino de solución a sus más urgentes necesidades y del
derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con su
propia suerte y la de sus hijos. Colombia entera y la comunidad
internacional, testigos hoy del comportamiento de las autoridades
colombianas, deben levantar su voz para reclamar por una verdadera
actitud de paz por parte del gobierno y el Estado colombianos, al igual
que lo hace hoy la insurgencia armada, que siempre ha estado y estará
del lado de los pobres y vilipendiados eternamente ignorados y
aplastados por los poderosos.
Montañas de Colombia, 18 de junio de 2013.
ESTADO MAYOR DEL BLOQUE DEL MAGDALENA MEDIO FARC-EP
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