El proceso de paz, una olla a presión

Por: Cecilia Orozco Tascón

La aclaración, más que declaración, de Humberto de la Calle en La Habana, al reiniciar las conversaciones con los representantes de las Farc, es más reveladora que todo cuanto haya dicho la delegación gubernamental desde cuando empezó el proceso.

De la Calle, un hombre ducho en intervenciones públicas, no se despegó del papel que llevaba escrito. Leía palabra por palabra, previa consulta de la guía que tenía en el atril. Parecía enviándoles un mensaje, más que a los colombianos, a los grupos de poder inquietos con los acuerdos a que se estaría llegando en la mesa de negociación. Los rumores, incentivados tanto por la ultraderecha del impuro Centro Democrático como por el secretismo oficial, pusieron a ‘pitar’ la olla del establecimiento. Y quien le subió fuego a la estufa fue el menos interesado en que el cocido se quemara: Santos.

Su propuesta de incrementar el período de todos los elegidos (aunque sólo se refirió a los alcaldes) de 4 a 6 años, provocó el efecto de un bombazo. No por la propuesta en sí misma, perfectamente discutible, sino por la forma como lo hizo. En caso de que su gobierno continuara, aseguró, lo haría por dos años más. El tiro salió por la culata. La gente no entendió que el mandatario se retiraría a mitad de su próximo cuatrienio, una vez reelegido en las urnas, sino que buscaría, como si fuera Uribe, prorrogar su estancia en la Casa de Nariño.

Entre chisme y chisme, el plato recibió más condimentos: los dos años adicionales eran necesarios para firmar la paz con las Farc “a cualquier precio”. El avispero se alborotó tanto que De la Calle tuvo que salirles al paso a las interpretaciones refiriéndose a “las discusiones recientes sobre la hipotética duración del período de los funcionarios públicos elegidos” para negar que esa polémica tuviera algo “que ver con la mesa de La Habana”. Muy significativa resultó también su reiteración de que “no se está “negociando el modelo económico o la doctrina militar… el respeto a la inversión extranjera y a la propiedad privada”. Algo debe estar pasando tras bambalinas que los del vulgo no conocemos. En ese revoltillo, los enemigos no tan agazapados del proceso de paz hacen fiesta. Mientras en público dinamitan la posibilidad de llegar a un fin de guerra con disquisiciones políticas disfrazadas de argumentos jurídicos, en privado se meten al campo del jefe constitucional de las Fuerzas Armadas.

El procurador Ordóñez estuvo hace 10 días en el centro penitenciario del Batallón de Policía Militar 13, en Bogotá, donde cumplen penas más de 160 uniformados. Durante dos horas visitó a antiguos comandantes de batallones y de unidades tácticas, miembros de las Fuerzas Especiales y demás, muchos de ellos condenados a más de 40 años de prisión. Sus voceros le plantearon su aspiración de beneficiarse con la negociación con las Farc, en cuanto a la condonación o rebajas sustanciales de sus penas, es decir, indultos o amnistía, por los crímenes que cometieron. Aseguran algunos que Ordóñez fue “muy receptivo” y que les prometió “vigilar” con lupa su situación. El alcance de su presencia en el batallón debería ser asunto de debate: ¿Su visita se enmarca en la competencia de sus funciones? ¿Por qué se opone a la aplicación de la denominada justicia alternativa para los guerrilleros, pero estaría listo a apoyar la disminución de castigos a los uniformados? Se sabe que tarde o temprano La Habana, el país y la comunidad internacional tendrán que oír a los militares involucrados en crímenes, pero por los canales regulares. El pasatiempo predilecto de Ordóñez, que consiste en jugar a ser presidente, es muy peligroso. La olla sigue acumulando vapor.

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