La Drummond llegó a Colombia por allá en
los años 80 y desde entonces se ha caracterizado por cometer crímenes contra el
pueblo colombiano. Igual cosa han hecho siempre las multinacionales que llegan
al país a robarse los recursos naturales de los colombianos y para hacerlo
impunemente contratan “sicarios” –narco-paramilitares antes y
neo-narcoparamilitares ahora- para que adelanten la “guerra sucia contra los
sindicalistas y trabajadores que luchan por sus reivindicaciones.
Hemos hecho una corta compilación sobre
algunos de éstos crímenes, los cuales no han sido óbice para que esas
multinacionales continúen operando en nuestro. Ello demuestra el “sentido de
patria” de la oligarquía en el poder y de todos sus presidentes, ministros,
congresistas, jueces y militares.
Esa política asesina ha dejado el
asesinato de los sindicalistas, sabiendo que los sindicatos son una de las
instituciones de un país que se llame “democratico”. El Cinep nos ilustra al
respecto:
“De 123 sindicalistas asesinados en 1998,
el 80 por ciento era de colombianos...
Para el Cinep, "el número de 4.785 víctimas
sindicalizadas, objeto de violaciones de derechos humanos entre 1984
y 2010 –de las cuales 3.000 fueron en la modalidad de homicidios–, es una cifra
escalofriante en cualquier latitud del mundo”. (Crímenes contra sindicalistas).
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Veamos:
“Investigación penal por la participación
de los directivos de la multinacional Drummond Jean Jakim, Garry Drummond,
Agusto Jiménez y Alfredo Araujo, en el asesinato de los sindicalistas de Sintramienergética, Valmore
Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ordenó a la Fiscalía
General de la nación el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá”.(Colombia. Investigar a los
directivos de la Drummond, ordena juzgado especializado).
“Alias Tolemaida aceptó la responsabilidad
por el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond, que protestaban por la
mala comida que les daban en la mina de La Jagua de Ibirico”
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“Un ex
comandante paramilitar, que trabajó para la multinacional del carbón
estadounidense Drummond Company, aseguró ante una corte federal de Alabama que
fue testigo de cómo la empresa patrocinó el asesinato de vecinos del campamento
minero en Colombia que se negaban a vender terrenos por donde pasaría el
ferrocarril de la compañía.
La explosiva declaración de Libardo Duarte, alias Bam Bam, en la que involucra también a políticos y militares en complicidad con la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue aportada al proceso civil la semana pasada por Terry Collingsworth, abogado de las víctimas en Estados Unidos, que están reclamando por el pago de una indemnización.
La explosiva declaración de Libardo Duarte, alias Bam Bam, en la que involucra también a políticos y militares en complicidad con la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue aportada al proceso civil la semana pasada por Terry Collingsworth, abogado de las víctimas en Estados Unidos, que están reclamando por el pago de una indemnización.
Duarte, quién
está preso en Bogotá, afirmó además que en noviembre pasado el presidente de
Drummond en ese país, Augusto Jiménez, le prometió dinero a uno de los acusados
de los asesinatos a cambio de desvincular a la empresa de los crímenes”.
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“Ese
nuevo capítulo podría incluir a varias multinacionales.
Iguarán
ha ordenado la investigación de la multinacional bananera Chiquita Brands y a la empresa
minera estadounidense Drummond.
Iván
Cepeda, un defensor de los derechos de las víctimas de los paramilitares,
considera que no se puede aceptar la excusa de que algunas empresas pagaron
para que las protegieran de las guerrillas de izquierda.
Chiquita
acordó en marzo pagar $25 millones para resolver un caso con el Departamento de
Justicia estadounidense y admitió que su filial en Colombia pagó $1.7 millones
a paramilitares.
La
Fiscalía colombiana investiga el papel de Chiquita
en el caso de un embarque de 3,000 fusiles que entraron ilegalmente al país y
que fueron a parar a las manos de los grupos paramilitares. Varios políticos
colombianos han solicitado la extradición de los ejecutivos estadounidenses
para que sean juzgados en este país.
Chiquita, por su parte, se ha defendido asegurando que los pagos fueron hechos
únicamente para proteger a sus empleados.
Iguarán,
sin embargo, ha calificado esos desembolsos como pruebas de "una relación criminal''.
Los
legisladores estadounidenses han tomado nota y la semana pasada el congresista
demócrata William Delahunt pidió una investigación a Chiquita y Drummond.
Drummond ha sido demandada por los familiares de tres líderes sindicales
asesinados en el 2001, quienes aseguran que la compañía le pagó a un cabecilla
paramilitar por los asesinatos”.
discrepando.com/index.php?...
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“Asesinado otro sindicalista petrolero participante de la asamblea para presionar
el pliego de peticiones al consorcio
español Masa Acciona; el movimiento de protesta de los 500 trabajadores,
mantiene paralizada la construcción del oleoducto a Arauca desde hace 20 días”.
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“La multinacional Coca-Cola, por
ejemplo, desde principio de la década de
los noventa viene siendo señalada por el Sindicato Nacional de la Industria
de la Alimentación (SINALTRAINAL) [1] como
responsable de cegar
la vida a por lo menos 14 miembros de su agremiación, entre ellos 7 miembros
del sindicato de la Coca-Cola y, de igual modo, propiciar el desplazamiento forzado de varias decenas
de sus miembros, lo que incluye, por supuesto, el exilio de un par de
trabajadores sindicalizados. Varios de los sindicalistas asesinados fueron
ultimados mientras se estaban negociando pliegos de peticiones y diversas voces
no han dejado de señalar como responsables de dichos crímenes al
paramilitarismo en complicidad con los organismos del Estado.
Entre los sindicalistas asesinados desde 1992 hasta acá se encuentran: José Gabriel Castro (1992), José Manco David (1994), Luis Enrique Gómez (1995), Isidro Segundo Gil (1996), José Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Pérez, esposa de Isidro Gil (2000) y Oscar Darío Soto, en Montería, Córdoba (2001). Y ello para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y también las reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato.
Entre los sindicalistas asesinados desde 1992 hasta acá se encuentran: José Gabriel Castro (1992), José Manco David (1994), Luis Enrique Gómez (1995), Isidro Segundo Gil (1996), José Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Pérez, esposa de Isidro Gil (2000) y Oscar Darío Soto, en Montería, Córdoba (2001). Y ello para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y también las reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato.
Rafael García, el exinformático del DAS y quien prendiera el ventilador de la parapolítica y ahora confidente
de la Fiscalía, denunció en mayo de 2006 que Augusto Jiménez, Presidente de la Drummon en Colombia había dado a
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la friolera de 200.000 euros con el objeto
de que procedieran contra los mencionados sindicalistas. Pese al proceder
de la Drummond y a lo contado por Rafael García, la corrupta justicia
colombiana expresada en el juez instructor del caso archivó el mismo por la
razón que ya todos conocemos: falta de evidencia.
... en el año 2003 el entonces
responsable de la INTERPOL, Coronel
Henry Rubio, entregó un informe a Jorge Noguera, Exdirector del DAS [acusado
por haber puesto a este organismo al servicio de los paramilitares] y en donde
le ponía de manifiesto el caso de los más de 3000 fusiles que la Chiquita
Brands a través de su filial había introducido por el puerto de Turbo, de
amplio manejo paramilitar como sabemos desde mediado de los años 90. La postura
de Noguera, se señala en diversos espacios, fue la de entorpecer la
investigación y evitar que se conociera en profundidad los nexos de la Chiquita
Brands [Banadex] y el fortalecimiento económico, político y militar del
proyecto paramilitar en Colombia. Visto todo lo que ha acontecido en el país
con la parapolítica y los cada vez más incontrovertibles fundamentos de los
señalamientos que pesan sobre Jorge Noguera, resulta obvio pensar que lo que se
ha buscado y buscó desde el DAS y desde el gobierno mismo fue que este
repudiable hecho no saliera a flote.
La Red Voltaire tiene en su portal un
apartado sobre el accionar de las Multinacionales en Colombia:
Multinacionales
Chiquita Brands
por Álvaro Delgado
Bogotá
(Colombia) | 7 de junio de 2007
Una lucha de más de diez años de los sindicatos para que EU investigue a empresas multinacionales comprometidas en asesinatos de dirigentes sindicales colombianos impactó sobre lo que el gobierno Uribe menos esperaba: la firma del TLC.
Una lucha de más de diez años de los sindicatos para que EU investigue a empresas multinacionales comprometidas en asesinatos de dirigentes sindicales colombianos impactó sobre lo que el gobierno Uribe menos esperaba: la firma del TLC.
Hilando Delgado
por Álvaro Delgado
Bogotá
(Colombia) | 6 de junio de 2007
Los sindicatos colombianos de empresas multinacionales vienen denunciando desde hace tiempos que sus patronos están comprometidos en crímenes contra sindicalistas, pero solo ahora comienza a devanarse la madeja.
Los sindicatos colombianos de empresas multinacionales vienen denunciando desde hace tiempos que sus patronos están comprometidos en crímenes contra sindicalistas, pero solo ahora comienza a devanarse la madeja.
Paz y conflicto
por Colectivo de abogados José Alvear
Restrepo
Bogotá
(Colombia) | 31 de marzo de 2007
El caso de la multinacional Chiquita Brands viene siendo investigado por organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales por lo menos desde 2004.
El caso de la multinacional Chiquita Brands viene siendo investigado por organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales por lo menos desde 2004.
Tribunal Permanente de los Pueblos
por Observatorio Social de Empresas
Transnacionales
www.voltairenet.org/mot120877.html?lang=es
Como vemos
las Multinacionales tienen como política inmiscuirse en los asuntos internos
del país y contribuyen “bondadosamente” en los planes de guerra que les son
recetados desde Washington a los mandatarios colombianos para que ellos –Multinacionales
y empresarios colombianos- puedan seguir usufructuando impunemente nuestras
riquezas naturales (Ver: El papel de las Petroleras en el Plan Colombia).
Históricamente
han sido relevantes no sólo los crímenes contra los trabajadores colombianos,
sino también los crímenes contra la salud y los crímenes ecológicos adelantados
por estas Multinacionales. Ha olvidado alguien el crímen por el uso del DDT que
la companía decía era “inocuo para el uso humano” y 20 años más tarde se
encontró el depósito del DDT en las células humanas, afectado así la salud de
los colombianos? Ha olvidado alguien el uso de Glifosato –el cual se sigue
usando impunemente-, para asperjar los “cultivos ilícitos” y la utilización del
hongo Fusarium sp?
Hoy vemos
un nuevo crímen de la Multinacional Drummond contra el mar y los habitantes de
Santa Marta y toda Colombia. La deriva de la forma de embarque del polvo de
carbón en los puertos colombianos va causando que el carbón se deposite en el
fondo del mar conllevando a la muerte de la vida submarina en la zona. Hoy es
el puerto de Santa Marta, pero no será igual en Puerto Bolívar de la Guajira?
Quién
vigila que las compañías Multinacionales cumplan las exigencias ambientales que
las autoridades respectivas y los defensores de los derechos ecológicos hacen
para evitar la muerte de los puertos, de la vida submarina y terrestre y de los
colombianos? En dónde están las autoridades asignadas para tal efecto?
No será
que todo aquel que ejerza realmente su papel recibe el premio enviado por las
Multinacionales de dos “plomos” disparados por los neo-narcoparamilitares?
Quién dijo “esta
boca es mía?
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