Alberto Acosta
Al igual que muchas
otras actividades productivas locales y artesanales, la pequeña minería y
la minería artesanal han sido duramente golpeadas por las reformas
neoliberales. A pesar de su discurso, la política del Gobierno actual no
difiere mucho en este sentido. Promueve intensivamente la megaminería y
favorece las grandes transnacionales mineras, mientras que marginaliza,
criminaliza e incluso reprime militarmente las actividades mineras de
origen local.
Los argumentos centrales para la criminalización de la minería artesanal han sido, por un lado, su carácter de ilegal –con
los correspondientes análisis económicos especialmente de evasión
tributaria- y, por otro, responsabilizar exclusivamente a los mineros
artesanales por las grandes problemáticas ambientales, acusándolos de
ignorantes y tecnológicamente atrasados.
Estas acusaciones han construido un imaginario generalizado sobre el minero artesanal acusándolo de estafador que intencionalmente trabaja con tecnología inadecuada y contamina el medio ambiente, mientras paralelamente se promociona a la gran minería multinacional como alternativa salvadora.
Las prácticas de minería artesanal son evidentemente nocivas para la Naturaleza, para las comunidades y para la vida misma de los trabajadores, como dramáticamente nos lo recuerda el último desastre en Ponce Enríquez. Sin embargo, debemos enfatizar el carácter de subsistencia que tiene esta actividad para muchas comunidades del Ecuador y la ausencia real de alternativas en la que se encuentran dichos grupos poblacionales. Se vive una suerte de encadenamiento laboral, que convierte a la minería en la única alternativa económica al mismo tiempo que amenaza la salud y la vida de estas familias. Desde el Estado se reciben los ataques, pero no soluciones ni apoyos necesarios.
La minería artesanal ha sido transmitida generacionalmente pero hoy se presenta como una actividad conflictiva que requiere políticas nacionales para su regulación, control y mejora de las condiciones que le rodean, de tal manera que los procesos de extracción minera artesanal sean lo menos contaminantes posible, seguros y cuenten con tecnología adecuada. Quizás el primer paso sea de-construir el imaginario con el que se ha satanizado la pequeña minería al declararla ilegal para impulsar la minería a gran escala.
Los pasivos de la minería artesanal y de pequeña escala son conocidos y graves en el país. Sin embargo, los impactos de las explotaciones de escala reducida son incomparables con los de la megaminería que producen megadaños. Además, existen profundas diferencias entre pequeñas y medianas mineras frente a empresas transnacionales en cuanto a varios aspectos:
· El poder económico y político.
· La capacidad de sustraerse al control fiscal, ambiental y social del Estado.
· La oferta de empleo: mientras la megaminería es capital-intensiva y usa popca mano de obra especializada, la Minería Artesanal y de Pequeña escala es trabajo-intensiva. Es decir que la pequeña minería emplea mucho más gente de las comunidades locales.
· El carácter de legal o ilegal, con el cual el Estado apoya a las transnacionales contra actividades de familias y comunidades.
¿Qué debe entenderse por minería ilegal?
En contraposición a la definición de ilegalidad dada por el gobierno, y desde las visiones de Sumak Kawsay, los Derechos de la Naturaleza, los Derechos de Pueblos y Nacionalidades, se debe considerar como minería ilegal a:
· La que afecta territorios considerados áreas ambientales protegidas.
· La que se realiza sin previa consulta y sin consentimiento de las comunidades.
· La que atenta contra los Derechos Humanos y Derechos Colectivos, utilizando prácticas violentas de despojo y apropiación de los territorios.
· La que engaña a las comunidades entregando, entre otras cosas, supuestas medidas de compensación y obras de cemento hasta conseguir el ingreso al territorio.
· La que ofrece empleo local y finalmente asigna puestos de trabajo temporales, rotativos, sin contratos fijos ni seguridad social.
· La que utiliza relacionadores comunitarios para dividir a los pobladores, enemistar a las familias y crear verdaderas guerras internas en busca de los recursos que la empresa oferta.
· La que beneficia a intereses multinacionales dejando regalías ridículas a las comunidades y atentando contra la soberanía de los Estados.
· La que se realiza con irrisorios subsidios estatales de agua y energía eléctrica.
· La que viola los Derechos de la Naturaleza contaminando de forma irreversible los ecosistemas o afectado gravemente nacientes y cauces de agua.
· La que profundiza el extractivismo y encadena a nuestro país a los intereses de las transnacionales.
Para la UNIDAD PLURINACIONAL, la verdadera minería ilegal no es la pequeña minería. Desde esa perspectiva, minería ilegal, ilegítima e inconstitucional es la minería multinacional y a gran escala.
La pequeña minería en el camino al postextractivismo
Sabemos que a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos relacionado con la Naturaleza tomando recursos, transformándolos, consumiéndolos y disponiendo nuevamente los desechos en el medio ambiente. Sin embargo, por primera vez en la historia de la humanidad la producción de residuos supera la capacidad de asimilación de la tierra y la velocidad en la extracción de recursos comenzó a ser muy superior al tiempo de regeneración poniendo en riesgo la reproducción de la vida. Este colapso ambiental devela que las relaciones entre la sociedad capitalista y la Naturaleza están enfermas, y que el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador”.
Salir de este modelo de capitalismo industrializado sustentado en una base de extracción primaria salvaje, nos lleva a hacernos algunas preguntas esenciales en el tema minero: ¿Qué minería? ¿Dónde minería? ¿Para qué minería? ¿Cuánta minería? ¿Quién a cargo de la minería?
¿Qué minería? El proceso de transición no puede sustentarse en proyectos megamineros sino en la regulación y organización de redes comunitarias de producción de escala reducida, destinadas a abastecer el mercado local funcionando y usando técnicas que minimicen su impacto ambiental. Redes que faciliten además la observacia de buenas prácticas ambientales y laborales.
Ahora bien, ¿Dónde la minería? Ecuador es un país megadiverso, con ecosistemas profundamente frágiles. Por ello, la actividad minera se prohibirá, en zonas ambiental (como son las fuentes de agua: páramos, humedales, ríos, lagunas) y culturalmente sensibles.
La descentralización de la extracción y la producción permitirá un control soberano y democrático sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de los emprendimientos mineros, así como sobre los mismos actores a cargo de la explotación.
¿Para qué minería? y ¿Cuánta minería? Si bien partimos de la declaración de un Ecuador libre de megaminería como posición innegociable de la UNIDAD PLURINACIONAL, sabemos que la sociedad ecuatoriana en su conjunto está atada al consumo de productos asociados a la vida moderna. Aun en el horizonte más lejano de una economía del Buen Vivir, se tendrá que mantener un cierto nivel de producción de minerales. La minería artesanal y de pequeña escala proveerá gran parte de los minerales indispensables a la nueva sociedad ecuatoriana, y durante la transición hacia ella.
En la actualidad un 80% del oro está destinado a las bóvedas de la banca, mientras que porcentajes muy limitados se utilizan en tecnologías y otras actividades útiles. Además, parte de lo que se aprovecha productivamente puede reciclarse, reduciendo la presión sobre la Naturaleza. Es en este sentido que consideramos urgente redefinir los usos de los materiales extraídos. Los minerales deben servir para el bien común, para productos soberanos y de acceso universal en cantidades moderadas y equitativas.
Por otro lado, existe en el Ecuador una gran variedad de productos con alto contenido de varios tipos de minerales (cobre, oro, plata, aluminio), que son potencialmente reciclables. El reciclaje, especialmente de computadores, celulares, laptops y demás aparatos eléctricos y electrónicos, representa una fuente de abastecimiento limpio para las necesidades ecuatorianas de minerales. En la actualidad sin embargo, estos productos, catalogados como residuos eléctricos y electrónicos terminan en basurales a cielo abierto, bodegas institucionales o son entregados a una empresa privada que monopoliza el reciclaje de metales.
Finalmente: ¿Quién a cargo de la minería?
Nuestro compromiso desde la UNIDAD PLURINACIONAL se sustenta en la organización, regulación y fortalecimiento de redes de pequeños mineros que articulen núcleos comunitarios. Incentivar la organización de los mineros en cooperativas cuando no existen, o de fortalecerles cuando existen.
Creemos en la necesidad de realizar un proceso de ordenamiento territorial en el que sean los pobladores locales de las zonas definidas para extracción minera artesanal quienes, en coordinación con el Estado, se encarguen de estas actividades.
El ordenamiento territorial definirá áreas con la calidad de territorios libres de minería. Bajo ningún concepto iniciaremos actividad minera en zonas de alta biodiversidad, áreas protegidas, zonas de páramo, fuentes de agua, zonas de alta actividad agropecuaria, zonas urbanas, zonas de potencial afectación a la soberanía alimentaria. Tampoco podrá realizarse minería en territorios indígenas en los cuales los pueblos reivindican la soberanía y promueven un manejo de la Naturaleza fuera de lógicas extractivistas.
Desde la UNIDAD PLURINACIONAL partiremos de un análisis exhaustivo de las concesiones existentes, de su propiedad y funcionamiento. Evitaremos la apertura de nuevas explotaciones y se otorgará la posibilidad de explorar a las empresas mineras solamente después de haber determinado la necesidad de encontrar a nuevos yacimientos. El número de títulos mineros por persona, legal o física, quedará limitado para evitar la especulación, tal como se estableció en el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Por otro lado, nos parece fundamental asumir el reto de modificar el patrón tecnológico de extracción:
· Acortar los niveles de producción y de agresión a la Naturaleza para limitar la minería respecto a sus cantidades de insumos y desechos producidos.
· Promover una minería a pequeña escala que use tecnologías libres de químicos tóxicos (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.), y que minimice el uso de productos sintéticos. Existe experiencias exitosas de uso de técnicas de centrifugación para separar los minerales.
· Permitir a los pequeños mineros desarrollar sus actividades en una forma financieramente menos riesgosa, adquirir maquinaria de manera compartida y competir más eficientemente con capitales mineros más importantes.
· Organizar el sector de la minería artesanal y de pequeña escala para que éste incluya todas las etapas de la producción de los minerales necesarios (extracción, procesamiento y refinación).
· Organizar la capacitación de los pequeños mineros, los mineros artesanales y los mineros de subsistencia, para que adquieran técnicas y los correspondientes equipos de extracción más respetuosas del medio ambiente.
· Establecer procesos permanentes de vigilancia de carácter democrático.
· Establecer un sistema estricto de control de la minería artesanal y de pequeña escala. Los mecanismos de control deberán implicar expertos del gobierno central y de ser posible de los gobiernos seccionales, expertos independientes, así como representantes de la sociedad civil (comunidades afectadas, movimientos sociales locales y nacionales, pueblos indígenas, etc.).
· Garantizaremos transparencia de las autoridades públicas y de la comunidad de los mineros publicando de manera periódica los registros de la extracción de minerales, y en qué medida ésta se adecua a las metas propuestas, las cuales deberán al igual ser difundida de manera regular.
· Analizaremos la posibilidad de que el Banco Central vuelva a comprar el oro en los sitios de extracción para mejorar los ingresos de los mineros evitándoles la dependencia de grupos mafiosos.
· Garantizar la seguridad social para los mineros, incluyendo servicios médicos especializados y sistemas de seguridad industrial, prevención y rescate.
· Proponer y fomentar alternativas económico-productivas que permitan un proceso de reducción del número de actividades mineras excesivamente nocivas del ambiente y atentatorias a los derechos de las comunidades y los trabajadores.
Estas responsabilidades marcarán las competencias de la Empresa Estatal Minera, que será también rectora en los temas de comercialización y exportación de los minerales, así como de capacitación y organización de los pequeños mineros, para que estos puedan acceder a nuevas tecnologías y mercados. Desde allí se impulsaran alianzas público-comunitarias que estén dirigidas a garantizar los derechos de las poblaciones, de la Naturaleza y de todos los trabajadores en la minería, impidiendo radicalmente el trabajo infantil en esta área.
Finalmente, está nuestro compromiso para iniciar procesos de reparación integral en comunidades afectadas por prácticas inadecuadas de minería artesanal y a pequeña escala, que se orienten a la restitución de los derechos a la salud y vida digna de los pobladores y de los Derechos de la Naturaleza, es en este sentido que garantizaremos la no repetición de prácticas nocivas.
Nuestra apuesta por la construcción de un proyecto de Buen Vivir que respete los derechos de la Naturaleza, de los pueblos y nacionalidades y que promueva un verdadero cambio de modalidad de acumulación se centra en el fortalecimiento de las bases populares y no en su criminalización. No es posible separar el manejo económico del proyecto político. Nuestro proyecto se funda en la garantía de la soberanía, en el cese de la concesión de nuestros territorios a las transnacionales y en la lucha por la justicia social y ambiental.
¡Siempre más democracia, nunca menos!
ALBERTO ACOSTA, candidato presidencial de la UNIDAD PLURINACIONAL
http://albertoacosta.ec/
Estas acusaciones han construido un imaginario generalizado sobre el minero artesanal acusándolo de estafador que intencionalmente trabaja con tecnología inadecuada y contamina el medio ambiente, mientras paralelamente se promociona a la gran minería multinacional como alternativa salvadora.
Las prácticas de minería artesanal son evidentemente nocivas para la Naturaleza, para las comunidades y para la vida misma de los trabajadores, como dramáticamente nos lo recuerda el último desastre en Ponce Enríquez. Sin embargo, debemos enfatizar el carácter de subsistencia que tiene esta actividad para muchas comunidades del Ecuador y la ausencia real de alternativas en la que se encuentran dichos grupos poblacionales. Se vive una suerte de encadenamiento laboral, que convierte a la minería en la única alternativa económica al mismo tiempo que amenaza la salud y la vida de estas familias. Desde el Estado se reciben los ataques, pero no soluciones ni apoyos necesarios.
La minería artesanal ha sido transmitida generacionalmente pero hoy se presenta como una actividad conflictiva que requiere políticas nacionales para su regulación, control y mejora de las condiciones que le rodean, de tal manera que los procesos de extracción minera artesanal sean lo menos contaminantes posible, seguros y cuenten con tecnología adecuada. Quizás el primer paso sea de-construir el imaginario con el que se ha satanizado la pequeña minería al declararla ilegal para impulsar la minería a gran escala.
Los pasivos de la minería artesanal y de pequeña escala son conocidos y graves en el país. Sin embargo, los impactos de las explotaciones de escala reducida son incomparables con los de la megaminería que producen megadaños. Además, existen profundas diferencias entre pequeñas y medianas mineras frente a empresas transnacionales en cuanto a varios aspectos:
· El poder económico y político.
· La capacidad de sustraerse al control fiscal, ambiental y social del Estado.
· La oferta de empleo: mientras la megaminería es capital-intensiva y usa popca mano de obra especializada, la Minería Artesanal y de Pequeña escala es trabajo-intensiva. Es decir que la pequeña minería emplea mucho más gente de las comunidades locales.
· El carácter de legal o ilegal, con el cual el Estado apoya a las transnacionales contra actividades de familias y comunidades.
¿Qué debe entenderse por minería ilegal?
En contraposición a la definición de ilegalidad dada por el gobierno, y desde las visiones de Sumak Kawsay, los Derechos de la Naturaleza, los Derechos de Pueblos y Nacionalidades, se debe considerar como minería ilegal a:
· La que afecta territorios considerados áreas ambientales protegidas.
· La que se realiza sin previa consulta y sin consentimiento de las comunidades.
· La que atenta contra los Derechos Humanos y Derechos Colectivos, utilizando prácticas violentas de despojo y apropiación de los territorios.
· La que engaña a las comunidades entregando, entre otras cosas, supuestas medidas de compensación y obras de cemento hasta conseguir el ingreso al territorio.
· La que ofrece empleo local y finalmente asigna puestos de trabajo temporales, rotativos, sin contratos fijos ni seguridad social.
· La que utiliza relacionadores comunitarios para dividir a los pobladores, enemistar a las familias y crear verdaderas guerras internas en busca de los recursos que la empresa oferta.
· La que beneficia a intereses multinacionales dejando regalías ridículas a las comunidades y atentando contra la soberanía de los Estados.
· La que se realiza con irrisorios subsidios estatales de agua y energía eléctrica.
· La que viola los Derechos de la Naturaleza contaminando de forma irreversible los ecosistemas o afectado gravemente nacientes y cauces de agua.
· La que profundiza el extractivismo y encadena a nuestro país a los intereses de las transnacionales.
Para la UNIDAD PLURINACIONAL, la verdadera minería ilegal no es la pequeña minería. Desde esa perspectiva, minería ilegal, ilegítima e inconstitucional es la minería multinacional y a gran escala.
La pequeña minería en el camino al postextractivismo
Sabemos que a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos relacionado con la Naturaleza tomando recursos, transformándolos, consumiéndolos y disponiendo nuevamente los desechos en el medio ambiente. Sin embargo, por primera vez en la historia de la humanidad la producción de residuos supera la capacidad de asimilación de la tierra y la velocidad en la extracción de recursos comenzó a ser muy superior al tiempo de regeneración poniendo en riesgo la reproducción de la vida. Este colapso ambiental devela que las relaciones entre la sociedad capitalista y la Naturaleza están enfermas, y que el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador”.
Salir de este modelo de capitalismo industrializado sustentado en una base de extracción primaria salvaje, nos lleva a hacernos algunas preguntas esenciales en el tema minero: ¿Qué minería? ¿Dónde minería? ¿Para qué minería? ¿Cuánta minería? ¿Quién a cargo de la minería?
¿Qué minería? El proceso de transición no puede sustentarse en proyectos megamineros sino en la regulación y organización de redes comunitarias de producción de escala reducida, destinadas a abastecer el mercado local funcionando y usando técnicas que minimicen su impacto ambiental. Redes que faciliten además la observacia de buenas prácticas ambientales y laborales.
Ahora bien, ¿Dónde la minería? Ecuador es un país megadiverso, con ecosistemas profundamente frágiles. Por ello, la actividad minera se prohibirá, en zonas ambiental (como son las fuentes de agua: páramos, humedales, ríos, lagunas) y culturalmente sensibles.
La descentralización de la extracción y la producción permitirá un control soberano y democrático sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de los emprendimientos mineros, así como sobre los mismos actores a cargo de la explotación.
¿Para qué minería? y ¿Cuánta minería? Si bien partimos de la declaración de un Ecuador libre de megaminería como posición innegociable de la UNIDAD PLURINACIONAL, sabemos que la sociedad ecuatoriana en su conjunto está atada al consumo de productos asociados a la vida moderna. Aun en el horizonte más lejano de una economía del Buen Vivir, se tendrá que mantener un cierto nivel de producción de minerales. La minería artesanal y de pequeña escala proveerá gran parte de los minerales indispensables a la nueva sociedad ecuatoriana, y durante la transición hacia ella.
En la actualidad un 80% del oro está destinado a las bóvedas de la banca, mientras que porcentajes muy limitados se utilizan en tecnologías y otras actividades útiles. Además, parte de lo que se aprovecha productivamente puede reciclarse, reduciendo la presión sobre la Naturaleza. Es en este sentido que consideramos urgente redefinir los usos de los materiales extraídos. Los minerales deben servir para el bien común, para productos soberanos y de acceso universal en cantidades moderadas y equitativas.
Por otro lado, existe en el Ecuador una gran variedad de productos con alto contenido de varios tipos de minerales (cobre, oro, plata, aluminio), que son potencialmente reciclables. El reciclaje, especialmente de computadores, celulares, laptops y demás aparatos eléctricos y electrónicos, representa una fuente de abastecimiento limpio para las necesidades ecuatorianas de minerales. En la actualidad sin embargo, estos productos, catalogados como residuos eléctricos y electrónicos terminan en basurales a cielo abierto, bodegas institucionales o son entregados a una empresa privada que monopoliza el reciclaje de metales.
Finalmente: ¿Quién a cargo de la minería?
Nuestro compromiso desde la UNIDAD PLURINACIONAL se sustenta en la organización, regulación y fortalecimiento de redes de pequeños mineros que articulen núcleos comunitarios. Incentivar la organización de los mineros en cooperativas cuando no existen, o de fortalecerles cuando existen.
Creemos en la necesidad de realizar un proceso de ordenamiento territorial en el que sean los pobladores locales de las zonas definidas para extracción minera artesanal quienes, en coordinación con el Estado, se encarguen de estas actividades.
El ordenamiento territorial definirá áreas con la calidad de territorios libres de minería. Bajo ningún concepto iniciaremos actividad minera en zonas de alta biodiversidad, áreas protegidas, zonas de páramo, fuentes de agua, zonas de alta actividad agropecuaria, zonas urbanas, zonas de potencial afectación a la soberanía alimentaria. Tampoco podrá realizarse minería en territorios indígenas en los cuales los pueblos reivindican la soberanía y promueven un manejo de la Naturaleza fuera de lógicas extractivistas.
Desde la UNIDAD PLURINACIONAL partiremos de un análisis exhaustivo de las concesiones existentes, de su propiedad y funcionamiento. Evitaremos la apertura de nuevas explotaciones y se otorgará la posibilidad de explorar a las empresas mineras solamente después de haber determinado la necesidad de encontrar a nuevos yacimientos. El número de títulos mineros por persona, legal o física, quedará limitado para evitar la especulación, tal como se estableció en el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Por otro lado, nos parece fundamental asumir el reto de modificar el patrón tecnológico de extracción:
· Acortar los niveles de producción y de agresión a la Naturaleza para limitar la minería respecto a sus cantidades de insumos y desechos producidos.
· Promover una minería a pequeña escala que use tecnologías libres de químicos tóxicos (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.), y que minimice el uso de productos sintéticos. Existe experiencias exitosas de uso de técnicas de centrifugación para separar los minerales.
· Permitir a los pequeños mineros desarrollar sus actividades en una forma financieramente menos riesgosa, adquirir maquinaria de manera compartida y competir más eficientemente con capitales mineros más importantes.
· Organizar el sector de la minería artesanal y de pequeña escala para que éste incluya todas las etapas de la producción de los minerales necesarios (extracción, procesamiento y refinación).
· Organizar la capacitación de los pequeños mineros, los mineros artesanales y los mineros de subsistencia, para que adquieran técnicas y los correspondientes equipos de extracción más respetuosas del medio ambiente.
· Establecer procesos permanentes de vigilancia de carácter democrático.
· Establecer un sistema estricto de control de la minería artesanal y de pequeña escala. Los mecanismos de control deberán implicar expertos del gobierno central y de ser posible de los gobiernos seccionales, expertos independientes, así como representantes de la sociedad civil (comunidades afectadas, movimientos sociales locales y nacionales, pueblos indígenas, etc.).
· Garantizaremos transparencia de las autoridades públicas y de la comunidad de los mineros publicando de manera periódica los registros de la extracción de minerales, y en qué medida ésta se adecua a las metas propuestas, las cuales deberán al igual ser difundida de manera regular.
· Analizaremos la posibilidad de que el Banco Central vuelva a comprar el oro en los sitios de extracción para mejorar los ingresos de los mineros evitándoles la dependencia de grupos mafiosos.
· Garantizar la seguridad social para los mineros, incluyendo servicios médicos especializados y sistemas de seguridad industrial, prevención y rescate.
· Proponer y fomentar alternativas económico-productivas que permitan un proceso de reducción del número de actividades mineras excesivamente nocivas del ambiente y atentatorias a los derechos de las comunidades y los trabajadores.
Estas responsabilidades marcarán las competencias de la Empresa Estatal Minera, que será también rectora en los temas de comercialización y exportación de los minerales, así como de capacitación y organización de los pequeños mineros, para que estos puedan acceder a nuevas tecnologías y mercados. Desde allí se impulsaran alianzas público-comunitarias que estén dirigidas a garantizar los derechos de las poblaciones, de la Naturaleza y de todos los trabajadores en la minería, impidiendo radicalmente el trabajo infantil en esta área.
Finalmente, está nuestro compromiso para iniciar procesos de reparación integral en comunidades afectadas por prácticas inadecuadas de minería artesanal y a pequeña escala, que se orienten a la restitución de los derechos a la salud y vida digna de los pobladores y de los Derechos de la Naturaleza, es en este sentido que garantizaremos la no repetición de prácticas nocivas.
Nuestra apuesta por la construcción de un proyecto de Buen Vivir que respete los derechos de la Naturaleza, de los pueblos y nacionalidades y que promueva un verdadero cambio de modalidad de acumulación se centra en el fortalecimiento de las bases populares y no en su criminalización. No es posible separar el manejo económico del proyecto político. Nuestro proyecto se funda en la garantía de la soberanía, en el cese de la concesión de nuestros territorios a las transnacionales y en la lucha por la justicia social y ambiental.
¡Siempre más democracia, nunca menos!
ALBERTO ACOSTA, candidato presidencial de la UNIDAD PLURINACIONAL
http://albertoacosta.ec/
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