Por: Alfredo Molano Bravo, El Espectador
Las Farc hicieron conocer su propuesta sobre la cuestión agraria en la negociación de La Habana. La presentaron como una “posición preliminar” para ser discutida con el gobierno y consultada con el pueblo. No es, pues, en principio, una exigencia inmodificable. Contrasta el tono con otros pronunciamientos y en particular con el Programa Agrario de 1964. En La Habana se muestran más flexibles y, la verdad, más modestas en sus demandas. Ya no se nombra por ninguna parte la “toma del poder”, ni de la oligarquía, ni de la casta militar, ni del imperialismo yankee y estrenan nuevos componentes como lo socio-ambiental y lo territorial.
Es una propuesta política para la modificación democrática de la
estructura agraria, que piden sea discutida, eso sí, con “celeridad”.
Lo mismo pide el gobierno: “aumentar el ritmo”. Se podría pensar que en
esto de cadencias hay convergencia. Pero más adentro, la cosa está biche
porque cada parte quiere bailar un ritmo distinto. Mientras las Farc
quieren bailar vals, el gobierno quiere bailar joropo. La razón es
simple: si bien ambas necesitan la negociación como plataforma política,
no apuntan a la salida: las Farc quieren ser un partido político y el
gobierno quiere ser reelegido. La guerrilla sabe que a la larga no la
tiene ganada, pero el gobierno sabe que si no hay acuerdo, no pasa a la
historia. Las Farc sostienen que han tomado muy en cuenta las propuestas
que les han llegado al buzón remitidas por la sociedad civil, pero el
gobierno rechaza los diálogos regionales y se niega a convocar al
Consejo Nacional de Paz. Y, para completar, cierra la puerta al retiro
de cuarteles militares y de Policía de centros poblados.
Las Farc son cautelosas en la presentación de su propuesta, parecen moverse en una rastrojera. Desconfían de la Ley de víctimas y piden no prolongar más el despojo de tierras. Saben que el gobierno está atrapado como un mosco en la telaraña jurídica tendida por el latifundio y que se inclina más hacia la formalización de la propiedad que hacia la restitución de tierras. El énfasis de la reforma está en la “democratización territorial”, una expresión que guarda varias sorpresas.
La primera y más notoria: no se trata ya de la confiscación del latifundio para entregar gratuitamente la tierra a los campesinos. Se trata hoy de “erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. No de repartir haciendas, sino de dar a los campesinos lo que no se explote. Volvemos a la Ley 200 del 36, a la función social de la propiedad, a “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño”, al derecho indiano de “morada y labor”. Más aun, la SAC está, en principio, de acuerdo: hay que liquidar, por peligrosos, el latifundio y el minifundio. Fedegán, en cambio, dice lo mismo que los latifundistas en el 36: los hechos positivos que fundan el derecho de propiedad son muy caros, que el gobierno nos dé con qué hacerlos: “Un solo millón de hectáreas que se convirtiera en palma africana sería la panacea para Colombia, pero implica una inversión de $15 billones”. El negocio no parece imposible en la mesa de La Habana. Pero fuera de ella el conflicto podría continuar: Uribe y Fedegán y sus aliados locales –ya casi de nuevo nacionales– buscarán por todos los medios de lucha impedir el cumplimiento de un eventual acuerdo. La cosa, mirada por debajo, se plantea así: comida, biocombustibles, carne y leche. Bien vistas las cosas, los cuatro renglones están amenazados por los TLC. ¿Se podría llevar la negociación hasta “puerto seguro”, como diría De la Calle, sin discutir el modelo económico?
En la extranjerización de tierras, tema defendido con patas y manos por el gobierno y en el que parecía que las Farc iban a resistir como gato en cortina, salto la Perrilla de Marroquín. La cuestión, en “última instancia”, es pragmática: se discutirán las extensiones posibles de los predios en manos extranjeras. Quizá sea una forma elegante de cerrar la puerta: si los predios no pasan de 50 hectáreas, pues no hay inversión extranjera como tal. Porque aquí sí hay un problema de principio duro. Ejemplo: 200.000 hectáreas en manos de Corea, país con el que tenemos firmado un TLC, se vuelven un potrero de ese país en Colombia donde se produce, digamos, maíz y se transporta, no se exporta, sin ningún obstáculo. Nuestras tierras se convertirían en depósitos de materias primas, sin duda, alimenticias o energéticas, para esos países. Un esquema peor que el de la economía de enclave.
Quizás en este primer punto de la agenda haya más cercanías que distancias. Comenzar con un rompimiento no tiene sentido. Pero hay mucha tela de dónde cortar todavía. Me temo que en noviembre, la sopa estará cruda.
Las Farc son cautelosas en la presentación de su propuesta, parecen moverse en una rastrojera. Desconfían de la Ley de víctimas y piden no prolongar más el despojo de tierras. Saben que el gobierno está atrapado como un mosco en la telaraña jurídica tendida por el latifundio y que se inclina más hacia la formalización de la propiedad que hacia la restitución de tierras. El énfasis de la reforma está en la “democratización territorial”, una expresión que guarda varias sorpresas.
La primera y más notoria: no se trata ya de la confiscación del latifundio para entregar gratuitamente la tierra a los campesinos. Se trata hoy de “erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. No de repartir haciendas, sino de dar a los campesinos lo que no se explote. Volvemos a la Ley 200 del 36, a la función social de la propiedad, a “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño”, al derecho indiano de “morada y labor”. Más aun, la SAC está, en principio, de acuerdo: hay que liquidar, por peligrosos, el latifundio y el minifundio. Fedegán, en cambio, dice lo mismo que los latifundistas en el 36: los hechos positivos que fundan el derecho de propiedad son muy caros, que el gobierno nos dé con qué hacerlos: “Un solo millón de hectáreas que se convirtiera en palma africana sería la panacea para Colombia, pero implica una inversión de $15 billones”. El negocio no parece imposible en la mesa de La Habana. Pero fuera de ella el conflicto podría continuar: Uribe y Fedegán y sus aliados locales –ya casi de nuevo nacionales– buscarán por todos los medios de lucha impedir el cumplimiento de un eventual acuerdo. La cosa, mirada por debajo, se plantea así: comida, biocombustibles, carne y leche. Bien vistas las cosas, los cuatro renglones están amenazados por los TLC. ¿Se podría llevar la negociación hasta “puerto seguro”, como diría De la Calle, sin discutir el modelo económico?
En la extranjerización de tierras, tema defendido con patas y manos por el gobierno y en el que parecía que las Farc iban a resistir como gato en cortina, salto la Perrilla de Marroquín. La cuestión, en “última instancia”, es pragmática: se discutirán las extensiones posibles de los predios en manos extranjeras. Quizá sea una forma elegante de cerrar la puerta: si los predios no pasan de 50 hectáreas, pues no hay inversión extranjera como tal. Porque aquí sí hay un problema de principio duro. Ejemplo: 200.000 hectáreas en manos de Corea, país con el que tenemos firmado un TLC, se vuelven un potrero de ese país en Colombia donde se produce, digamos, maíz y se transporta, no se exporta, sin ningún obstáculo. Nuestras tierras se convertirían en depósitos de materias primas, sin duda, alimenticias o energéticas, para esos países. Un esquema peor que el de la economía de enclave.
Quizás en este primer punto de la agenda haya más cercanías que distancias. Comenzar con un rompimiento no tiene sentido. Pero hay mucha tela de dónde cortar todavía. Me temo que en noviembre, la sopa estará cruda.
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Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com
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