Una paz mal construida es peor que una guerra

La Habana, 21 de diciembre

Rueda de prensa

Estas conversaciones que se inician como desarrollo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, están inspiradas claramente en lo consignado en la parte preambular y los desarrollos del mencionado documento, que dejan sentado de manera nítida, que el propósito de fondo de este emprendimiento es la búsqueda de la justicia social. Ahí está la base para lograr entre todos los colombianos la reconciliación y la reconstrucción del país.

No radica entonces la esencia del asunto en que las FARC se conviertan o no en una organización política legal para comenzar a trasegar el mismo calvario que le tocó a la Unión Patriótica a partir de la confianza en promesas retóricas. El fundamento de nuestra presencia en La Habana es levantar nuestra voz para que sea la voluntad del pueblo la que se exprese y que el gobierno emprenda los cambios que se requieren para que las mayorías nacionales no sigan padeciendo la miseria, el desarraigo, el despojo, el terror y la muerte a que las han sometido por décadas las élites en el poder.

Sobre el fin del conflicto, entonces, para que exista una visión conjunta del asunto, requiere, sin duda, cambios en el modelo de sociedad y del antidemocrático sistema político, que en últimas es el responsable de la vergonzosa desigualdad y de la exclusión que caracterizan al régimen colombiano.

Las FARC no están en proceso de negociación, pues nada tenemos que entregar y sí mucho que exigir como parte de esa ingente masa de desposeídos que claman por tierra, vivienda, salud, educación, pan, libertad y verdadera democracia.

En este proceso las partes hemos acordado algunos mecanismos iniciales para abrir paso a la participación ciudadana; pero en la visión de las FARC, dichos mecanismos son tan solo catalizadores de nuevas, múltiples y enriquecedoras iniciativas, que están y deberán seguir surgiendo en el seno de la población, para que el protagonismo del constituyente primario, sea el artesano de esa construcción patriótica que es la paz. El pueblo de Colombia debe tener, de principio a fin, una vocería directa y determinante en la mesa de conversaciones. De ninguna manera pactaremos acuerdos en la sombra, y mucho menos de espaldas al país.

Todas las iniciativas de los colombianos que lleguen a la mesa, tendrán nuestro concurso diligente para que sean analizadas y tenidas en cuenta como parte de un mandato popular, y no como simples opiniones que sean tratadas como insumos desechables.

De igual manera, lo dicho por el conjunto de los invitados a la mesa para aportar  luces al desarrollo del primer punto de la Agenda, política de desarrollo agrario integral, será material de permanente consulta, en tanto son razonamientos que desentrañan las causas de orden social que explican la permanencia de la confrontación que desangra a la patria.

Hemos identificado en estos, y en los planteamientos del Foro agrario, del cual ya han llegado noticias exitosas, que es el problema del latifundio, construido a partir del despojo violento de las tierras, protagonizado por las élites en el poder, germen fundamental de la confrontación, al que hay que atacar, emprendiendo caminos de democratización de la propiedad.

Esta misma idea está latente en las conclusiones que nos han llegado desde las mesas regionales de trabajo que impulsaron las comisiones de paz de Senado y Cámara, lo mismo que en el Encuentro Internacional Pueblos Construyendo Paz. Y al respecto, las propuestas desde las organizaciones sociales de los marginados, de los indígenas, de las comunidades afro, y de los campesinos, y de toda la ciudadanía, claman mayoritariamente por la defensa de las pequeñas y medianas economías rurales, por el fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad agraria, por la defensa de las Unidades Agrícolas Familiares, de los resguardos indígenas, de las tierras comunitarias de las negritudes y de las Zonas de Reserva Campesina; claman para que se reordene el territorio, cesando la praderización del país, dándole un manejo sensato a la desaforada ganadería extensiva; claman porque se priorice la producción agrícola que garantice la soberanía alimentaria, y no la producción depredadora, extractiva, que favorece los proyectos agroindustriales para la generación de biocombustibles y minero energéticos, que además de extranjerizar el territorio y pisotear la soberanía patria, están creando más miseria, más desigualdad y un peligroso desequilibrio ambiental.

Este proceso que abordará seis bloques temáticos en los que subsume la problemática económica, política y social de Colombia, reiniciará a mediados de enero, seguramente con propuestas audaces que tomen como objetivo principal la construcción de la justicia social desde ya, sin promesas diferidas y sin tiempos perentorios que amenacen la prosecución del diálogo.

Entendemos que la culminación del conflicto es una necesidad vital para la nación, y por ello urgimos las soluciones a las causas que le dieron origen, y aportamos para generar el mejor medio ambiente al desenvolvimiento de las conversaciones, el cese unilateral de acciones ofensivas, pensando en que cuando se produzca la desmilitarización de la sociedad y del Estado, la construcción de la Nueva Colombia ya tenga un buen tramo recorrido. Para entonces aspiramos a que ya no reine la impunidad que se pretende con la aprobación del fuero militar y a que todos los fuegos que se disparan desde el Estado, con las medidas neoliberales que asfixian a los colombianos, hayan cesado totalmente y sólo se escuche la alegría de un pueblo que ha salido de la miseria.

Con la verdad pura y limpia seguiremos trabajando en forma digna, seria realista y eficaz, en función de la justicia social y de mantener en alto los intereses más sentidos del pueblo colombiano. En esta dinámica esperamos que el país avance hacia la fundación de una democracia popular, es decir, verdadera, llena de pueblo.

Delegación de paz de las FARC-EP