Informe del MOVICE. Se ha constatado que durante el gobierno de Juan Manuel Santos las víctimas han encontrado múltiples dificultades para acceder a una real verdad, justicia y reparación integral.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha constatado que durante el gobierno de Juan Manuel Santos las víctimas han encontrado múltiples dificultades para acceder a una real verdad, justicia y reparación integral; siendo las principales dificultades la persistencia de las agresiones, la impunidad de los crímenes y las medidas legislativas tendientes a favorecer la impunidad.
La revictimización de las víctimas de crímenes de Estado
Durante los primeros dos años del mandato del presidente Santos se presentaron 186 agresiones contra integrantes del MOVICE, que van desde señalamientos y montajes judiciales, hasta asesinatos y desapariciones forzadas. De estas, 89 se registraron durante el primer año de gobierno y 97 durante el segundo año, presentándose un aumento del 9% del 2011 al 2012. Durante el segundo periodo, el MOVICE registró 12 agresiones cometidas abiertamente por agentes estatales contra integrantes de este movimiento (sin incluir las detenciones arbitrarias o los señalamientos).
Contexto de persecución contra los y las reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos
El Programa Somos Defensores registró un aumento del 12% en las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos entre enero y junio del 2012, en relación con el mismo período en 2011. Asimismo, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se cometieron 58 homicidios en contra de sindicalistas entre el 7 de agosto de 2010 al 23 de julio de 2012; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informa que hubo 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas entre enero y julio de 2012. En el mismo sentido, el MOVICE ha documentado 25 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus familias durante los primeros dos años de gobierno de Juan Manuel Santos.
Al igual que bajo la política de “Seguridad Democrática”, estos crímenes no ocurren de forma aislada, sino que se presentan en todo el territorio nacional y de manera sistemática.
La reingeniería del paramilitarismo
La presencia de las estructuras paramilitares en prácticamente todas las regiones del país evidencia la reingeniería del paramilitarismo como consecuencia de un fallido proceso de desmovilización. Según la ONG INDEPAZ, en el 2011, 40 estructuras paramilitares actuaban en un total de 406 municipios.
La nueva generación de grupos paramilitares, grupos como el “Ejército Anti Restitución” y los “Urabeños”, siguen funcionando de manera similar a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Al igual que las AUC, estas estructuras realizan alianzas con sectores políticos, económicos y militares, mantienen control territorial a favor de ciertos intereses económicos, y atacan a la población civil.
La falta de protección por parte del Estado
El MOVICE ha constatado una serie de graves fallas en el funcionamiento de la nueva Unidad Nacional de Protección. De las 10 solicitudes radicadas para integrantes del MOVICE durante el 2012, sólo se han aprobado medidas de protección para una persona; varias solicitudes urgentes se han negado. En varios casos no se han cumplido los largos plazos establecidos para evaluar una solicitud e implementar las medidas-- 73 días hábiles.
Sumado a lo anterior, el hecho de que 600 funcionarios de la UNP proceden del cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y la extensa formación académica del Director Andrés Villamizar en temas de inteligencia y contraterrorismo, indican que la UNP podría seguir los pasos del DAS en combinar las tareas de inteligencia con sus funciones de protección.
La impunidad en crímenes contra el MOVICE
En los casos de violaciones a los derechos humanos y agresiones contra líderes sociales y/o defensores(as) de derechos humanos la impunidad es cercana al 100% y se constituye en una pieza clave de una estrategia más amplia de exclusión social.
De una muestra de 141 casos de agresiones contra integrantes del MOVICE se constató que en el 84% de los casos se ha interpuesto denuncia penal sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. De los procesos iniciados ninguno ha pasado a la etapa de juicio.
Conclusiones y exigencias al Estado colombiano
En Colombia enfrentamos actualmente la reingeniería del paramilitarismo; la persecución y judicialización de víctimas, reclamantes de tierra y defensores y defensoras de los derechos humanos; iniciativas legislativas que promueven la impunidad; y la falta de protección efectiva del Estado. Todos éstos, elementos que constituyen la revictimización sistemática de las víctimas de crímenes de Estado.
Desde el MOVICE entendemos que no es suficiente con dotar a las personas de medidas físicas de protección; por esto exhortamos al gobierno nacional a implementar medidas políticas como el desmonte real del paramilitarismo y la depuración de las fuerzas armadas y de inteligencia del Estado.
También exigimos:
1. La sanción penal y disciplinaria a los responsables de las continuas agresiones contra víctimas y defensores/as de derechos humanos.
2. La generación de garantías políticas y una verdadera política pública de protección.
3. La suspensión de las actividades de inteligencia y la publicación de los informes realizados por organismos de inteligencia para hostigar y desprestigiar a víctimas y defensores/as de derechos humanos.
4. La renuncia de Andrés Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección.
5. La derogación de la resolución 048 del 27 de julio de 2012, por restringir las medidas de protección para las víctimas y defensores/as de derechos humanos.
Ver informe completo en adjunto.
La revictimización de las víctimas de crímenes de Estado
Durante los primeros dos años del mandato del presidente Santos se presentaron 186 agresiones contra integrantes del MOVICE, que van desde señalamientos y montajes judiciales, hasta asesinatos y desapariciones forzadas. De estas, 89 se registraron durante el primer año de gobierno y 97 durante el segundo año, presentándose un aumento del 9% del 2011 al 2012. Durante el segundo periodo, el MOVICE registró 12 agresiones cometidas abiertamente por agentes estatales contra integrantes de este movimiento (sin incluir las detenciones arbitrarias o los señalamientos).
Contexto de persecución contra los y las reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos
El Programa Somos Defensores registró un aumento del 12% en las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos entre enero y junio del 2012, en relación con el mismo período en 2011. Asimismo, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se cometieron 58 homicidios en contra de sindicalistas entre el 7 de agosto de 2010 al 23 de julio de 2012; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informa que hubo 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas entre enero y julio de 2012. En el mismo sentido, el MOVICE ha documentado 25 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus familias durante los primeros dos años de gobierno de Juan Manuel Santos.
Al igual que bajo la política de “Seguridad Democrática”, estos crímenes no ocurren de forma aislada, sino que se presentan en todo el territorio nacional y de manera sistemática.
La reingeniería del paramilitarismo
La presencia de las estructuras paramilitares en prácticamente todas las regiones del país evidencia la reingeniería del paramilitarismo como consecuencia de un fallido proceso de desmovilización. Según la ONG INDEPAZ, en el 2011, 40 estructuras paramilitares actuaban en un total de 406 municipios.
La nueva generación de grupos paramilitares, grupos como el “Ejército Anti Restitución” y los “Urabeños”, siguen funcionando de manera similar a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Al igual que las AUC, estas estructuras realizan alianzas con sectores políticos, económicos y militares, mantienen control territorial a favor de ciertos intereses económicos, y atacan a la población civil.
La falta de protección por parte del Estado
El MOVICE ha constatado una serie de graves fallas en el funcionamiento de la nueva Unidad Nacional de Protección. De las 10 solicitudes radicadas para integrantes del MOVICE durante el 2012, sólo se han aprobado medidas de protección para una persona; varias solicitudes urgentes se han negado. En varios casos no se han cumplido los largos plazos establecidos para evaluar una solicitud e implementar las medidas-- 73 días hábiles.
Sumado a lo anterior, el hecho de que 600 funcionarios de la UNP proceden del cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y la extensa formación académica del Director Andrés Villamizar en temas de inteligencia y contraterrorismo, indican que la UNP podría seguir los pasos del DAS en combinar las tareas de inteligencia con sus funciones de protección.
La impunidad en crímenes contra el MOVICE
En los casos de violaciones a los derechos humanos y agresiones contra líderes sociales y/o defensores(as) de derechos humanos la impunidad es cercana al 100% y se constituye en una pieza clave de una estrategia más amplia de exclusión social.
De una muestra de 141 casos de agresiones contra integrantes del MOVICE se constató que en el 84% de los casos se ha interpuesto denuncia penal sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. De los procesos iniciados ninguno ha pasado a la etapa de juicio.
Conclusiones y exigencias al Estado colombiano
En Colombia enfrentamos actualmente la reingeniería del paramilitarismo; la persecución y judicialización de víctimas, reclamantes de tierra y defensores y defensoras de los derechos humanos; iniciativas legislativas que promueven la impunidad; y la falta de protección efectiva del Estado. Todos éstos, elementos que constituyen la revictimización sistemática de las víctimas de crímenes de Estado.
Desde el MOVICE entendemos que no es suficiente con dotar a las personas de medidas físicas de protección; por esto exhortamos al gobierno nacional a implementar medidas políticas como el desmonte real del paramilitarismo y la depuración de las fuerzas armadas y de inteligencia del Estado.
También exigimos:
1. La sanción penal y disciplinaria a los responsables de las continuas agresiones contra víctimas y defensores/as de derechos humanos.
2. La generación de garantías políticas y una verdadera política pública de protección.
3. La suspensión de las actividades de inteligencia y la publicación de los informes realizados por organismos de inteligencia para hostigar y desprestigiar a víctimas y defensores/as de derechos humanos.
4. La renuncia de Andrés Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección.
5. La derogación de la resolución 048 del 27 de julio de 2012, por restringir las medidas de protección para las víctimas y defensores/as de derechos humanos.
Ver informe completo en adjunto.
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