Por Oidhaco
Hoy se conmemora en Colombia el día de las víctimas de desaparición forzada. Oidhaco nuevamente hace un llamado explícito a la UE para que condene públicamente este crimen de lesa humanidad y su impunidad que, en lugar de disminuir, se ha incrementado.
“Para las víctimas y sus familiares, un rechazo público a este drama colombiano por parte de la UE, sería un gran apoyo internacional y enviaría un mensaje al Estado colombiano para que se tome en serio la lucha contra este crimen sistemático y contra la impunidad que lo acompaña, que es casi del cien por ciento”, manifiesta Vincent Vallies, portavoz de esta plataforma de más de más de 30 0rganizaciones europeas e internacionales con sede en Bruselas. La Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH en Colombia, recuerda Oidhaco, ha insistido en que “el grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos en Colombia es muy alto”.
Más allá de las cifra del Registro Nacional de Desaparecidos de 50.891 personas desaparecidas, de las cuales, al menos 16.907 serían víctimas de desaparición forzada, y de miles de personas no identificadas en cementerios y fosas; Oidhaco quiere llamar la atención sobre el poco interés que aparentemente existe en la justicia colombiana por esclarecer este crimen y llevar a juicio a los responsables a pesar de un marco jurídico amplio e institucionalidad existente. La Coordinación Colombia, Europa-Estados Unidos (CCEEU), ha entregado recientemente un estudio sobre desaparición forzada, en el que muestra su profunda preocupación porque “la impunidad en casos de desaparición forzada es dramática e inaceptable (…). Los organismos encargados de las investigaciones no han consolidado una política pública dirigida a enfrentar la desaparición forzada y proteger de nuevos ataques a los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas”.
La CCEEU también pone el acento en que con las reformas a la justicia que se están proponiendo en Colombia, la desaparición forzada, a pesar de ser contemplada como crimen de lesa humanidad por la legislación internacional, pueda ser investigada y juzgada por la justicia penal militar. Insiste en que “el Gobierno debe asegurar, que las medidas legislativas que tome para facilitar un escenario de negociación de paz, no sacrifiquen los derechos de las víctimas”
Oidhaco reconoce el avance de Colombia por la reciente ratificación y entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, pero, al igual que la ONU, las ONGs colombianas, y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, le pide al gobierno colombiano aceptar la competencia adicional del Comité contemplado en el artículo 31 de la Convención. Sin el reconocimiento de esta competencia el Comité no puede admitir ningún caso relativo a un Estado Parte que no las haya formulado. “La UE, que mantiene relaciones estrechas con Colombia, en solidaridad con los miles de víctimas de desaparición forzada, podría pedirle al presidente Santos que Colombia acepte la competencia del Comité”, solicita el portavoz de Oidhaco.
Nuestra organización quiere hacer un llamado a la justicia colombiana para que además de investigar con todo el rigor la desaparición forzada, tenga en cuenta a las más de 4.000 mujeres desaparecidas que por su condición femenina, además de la desaparición, pudieron haber sido víctimas de abusos y violencias sexuales. “Nos solidarizamos con la concentración que las organizaciones de personas desparecidas realizarán mañana frente a la Fiscalía colombiana con el fin de denunciar la poca visibilidad que tienen las mujeres desparecidas en Colombia que con seguridad fueron desparecidas por su actividad en defensa de los derechos humanos, sindicales, indígenas o campesinos. Hace más de 30 años despareció Omaira Montoya, activista política; 25 hace que miembros de la fuerza pública desaparecieron, torturaron, al parecer violaron, y además asesinaron a Nydia Erika Bautista; hace año y medio se encuentra desaparecida Sandra Viviana Cuéllar, reconocida ambientalista: ni Omaira ni Nydia Erika ni Sandra Viviana han encontrado justicia, tampoco las otras 4.000 desparecidas”, concluye Vincent Vallies.
Más allá de las cifra del Registro Nacional de Desaparecidos de 50.891 personas desaparecidas, de las cuales, al menos 16.907 serían víctimas de desaparición forzada, y de miles de personas no identificadas en cementerios y fosas; Oidhaco quiere llamar la atención sobre el poco interés que aparentemente existe en la justicia colombiana por esclarecer este crimen y llevar a juicio a los responsables a pesar de un marco jurídico amplio e institucionalidad existente. La Coordinación Colombia, Europa-Estados Unidos (CCEEU), ha entregado recientemente un estudio sobre desaparición forzada, en el que muestra su profunda preocupación porque “la impunidad en casos de desaparición forzada es dramática e inaceptable (…). Los organismos encargados de las investigaciones no han consolidado una política pública dirigida a enfrentar la desaparición forzada y proteger de nuevos ataques a los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas”.
La CCEEU también pone el acento en que con las reformas a la justicia que se están proponiendo en Colombia, la desaparición forzada, a pesar de ser contemplada como crimen de lesa humanidad por la legislación internacional, pueda ser investigada y juzgada por la justicia penal militar. Insiste en que “el Gobierno debe asegurar, que las medidas legislativas que tome para facilitar un escenario de negociación de paz, no sacrifiquen los derechos de las víctimas”
Oidhaco reconoce el avance de Colombia por la reciente ratificación y entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, pero, al igual que la ONU, las ONGs colombianas, y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, le pide al gobierno colombiano aceptar la competencia adicional del Comité contemplado en el artículo 31 de la Convención. Sin el reconocimiento de esta competencia el Comité no puede admitir ningún caso relativo a un Estado Parte que no las haya formulado. “La UE, que mantiene relaciones estrechas con Colombia, en solidaridad con los miles de víctimas de desaparición forzada, podría pedirle al presidente Santos que Colombia acepte la competencia del Comité”, solicita el portavoz de Oidhaco.
Nuestra organización quiere hacer un llamado a la justicia colombiana para que además de investigar con todo el rigor la desaparición forzada, tenga en cuenta a las más de 4.000 mujeres desaparecidas que por su condición femenina, además de la desaparición, pudieron haber sido víctimas de abusos y violencias sexuales. “Nos solidarizamos con la concentración que las organizaciones de personas desparecidas realizarán mañana frente a la Fiscalía colombiana con el fin de denunciar la poca visibilidad que tienen las mujeres desparecidas en Colombia que con seguridad fueron desparecidas por su actividad en defensa de los derechos humanos, sindicales, indígenas o campesinos. Hace más de 30 años despareció Omaira Montoya, activista política; 25 hace que miembros de la fuerza pública desaparecieron, torturaron, al parecer violaron, y además asesinaron a Nydia Erika Bautista; hace año y medio se encuentra desaparecida Sandra Viviana Cuéllar, reconocida ambientalista: ni Omaira ni Nydia Erika ni Sandra Viviana han encontrado justicia, tampoco las otras 4.000 desparecidas”, concluye Vincent Vallies.
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