Blog Desde la Izquierda
sábado, 01 de noviembre de 2008 (2012-09-05
El último Informe del Observatorio de derechos humanos muestra una vez más la consuetudinaria violación de los derechos humanos en Colombia.
Por Allende La Paz.
En el Informe de Observatorio de Derechos Humanos 2007-2008 se destaca que “En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niñas y niños. De las 13.634 personas, 1.477 personas fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas)”.
Esta práctica no ha sido solamente el último año. Se ha realizado desde 1964 y ha sido privilegiada por uno u otro gobierno oligárquico de acuerdo con la violación de derechos que privilegie tal o cual gobierno, como el régimen narco-paramilitar de Uribhitler, pues su repetición en tiempo -a través de los años- y espacio -en diferentes partes del territorio nacional- demuestra que obedece a orientaciones institucionales. Tan obedece a orientaciones institucionales que son las mismas unidades militares las que están comprometidas en tan criminal y aberrante práctica.
Otra mentira que trata de hacer tragar el régimen es que ellos no tienen la culpa pues 'el problema viene de antes'. Si, viene de antes, pero los casos de Ciudad Bolívar y Soacha son responsabilidad de este gobierno narco-paramilitar. Que no vengan con cuentos ahora que ellos no sabían nada porque esa práctica fue exigida por el inquilino de la Casa de Nari a los militares y policías.
Dice el Informe en mención que el ejército nacional "es la institución mayormente señalada como responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales" con un 93,7% de los casos, seguida por la policía con un 5,1% de los casos.
Señala el Informe además que "Los hechos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en ciertas regiones del país se reflejan de manera evidente la presunta responsabilidad de las Divisiones Militares con presencia en dichas jurisdicciones. Así, la enorme dimensión de las atrocidades cometidas en las regiones del Catatumbo y Arauca se evidencia en que más de la cuarta parte de las ejecuciones extrajudiciales reportadas se ubican en la Segunda División del Ejército. La comisión de ejecuciones extrajudiciales en Cauca y Nariño y más recientemente las denunciadas en el Eje Cafetero se reflejan en el elevado porcentaje de estas violacionesatribuidas a la Tercera División del Ejercito Nacional.
Igualmente un elevado número de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia en que haestado implicada, particularmente, la IV Brigada y las ocurridas en la región de Urabá terminan afectando la imagen global de la Séptima División del Ejercito Nacional".
Nadie cree que el régimen narco-paramilitar de Uribhitler diga ahora que ellos 'no sabían nada' porque las denuncias de las ONGs de derechos humanos han señalado muy claramente las violaciones y sus responsables en los repetidos informes de cada año que publicaban -y publican- y el régimen narco-paramilitar de Uribhitler respondía -por boca del vicepresidente Francisco Santos- que eran 'calumnias de las ONG'. Es más, el mismo Uribhitler lanzó en más de una ocasión su diatriba contra las ONGs defensoras de derechos humanos y las convirtió en 'blanco de guerra' al acusarlas de ser 'auxiliadoras de la guerrilla'.
El Informe del Observatorio señala al respecto: "Los registros sobre ejecuciones extrajudiciales durante este período evidencian que algunas unidades militares se mantienen a lo largo del tiempo como las mayores responsables de los casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales. Esto no deja de ser preocupante, pues no sólo evidencia que las medidas preventivas y de control no están siendo tomadas en cuenta o estas no han sido suficientemente eficaces. En los casos registrados por las organizaciones de la CCEEU se pudo identificar la unidad militar implicada en las presuntas ejecuciones denunciadas en un 57,8% de los casos (con 309 víctimas) y no pudo establecerse en el 41,2% de los casos (226 casos).
En los 18 meses comprendidos en este informe las unidades militares con mayor número de registros de ejecuciones extrajudiciales en los casos en que fue posible identificar la unidad militar implicada fueron en su orden: la Brigada Móvil Nro. 15, ya ampliamente denunciada por su presunta responsabilidad en los luctuosos hechos ocurridos en los alrededores de la Zona de Ocaña. Durante los años 2007 y 2008 fue esta unidad militar la que fue reportada como mayormente comprometida en estos graves atentados contra el derecho a la vida (con 45 víctimas, correspondiente al 14,6% de los casos a nivel nacional).
Le siguen en su orden la IX Brigada (32 casos, 10,3%), la XVI (18 casos, 5,8%), la VIII (18 casos, 5,83%), la XXIX (17 casos, 5.5%), la IV (16 casos, 5,2%), la XIV (14 casos, 4,53%), la Móvil Nro. 5 y la III (con 13 casos y 4,2% cada una) y la XVIII y la Móvil Nro. 12 (con 12 casos c/u y 3,8% de los casos a nivel nacional).
Comparando la situación con los años 2006, 2007 y 2008 se constata que las Brigadas Móvil Nro. 15, Novena, Cuarta y Diez y Seis están siempre entre los primeros lugares en mayores números de casos registrados de ejecuciones extrajudiciales".
Más claro no puede estar. La responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales, además de la de las masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento está en los 2 comandantes supremos de la Fuerza Pública: Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Son también responsables las cúpulas de las fuerzas militares y de la policía. Y lógicamente también los ejecutores de los crímenes.
Estos crímenes de Lesa Humanidad no pueden quedar impunes. El pueblo colombiano está haciendo lo imprescindible para la denuncia de todos los crímenes del Terrorismo de Estado y exige justicia. Si ésta no se da, téngalo por seguro que recurriremos a la justica internacional y a cuántas instancias sean posibles. Pero los asesinos del pueblo colombiano no se saldrán con la suya y sus crímenes no quedarán en la impunidad.
El régimen narco-paramilitar está en mora de llamar a calificar servicios a las cúpulas de las fuerzas militares y de policía y en presentar su propia renuncia y entregarse a la justicia para sus juicios.
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