Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
“Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad”.
Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas’, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada’.
“Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura”. CSPP
1.Introducción
Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo’ contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]”[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social –en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación mediante el miedo
La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror de estado contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5], torturas a modo de escarnio público para provocar masivos desplazamientos forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el miedo, se implementa la tortura en las cárceles colombianas. Es parte del Terror de Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de libertad, para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a quiénes quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y empobrecimiento. Así, las situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y que son privados de medicamentos y asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman, son mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos, y normas internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura y negación de asistencia médica
Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o pierden la vida [10]: “A cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato”[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de presas y presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas, presentaré solamente algunos casos.
José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su caso y los atroces dolores que padecía, los demás presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la morgue “a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte” [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de asistencia médica y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia de la persecución a la oposición política. También alerta sobre la existencia de una política de Estado contra los presos políticos:
"Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente del trabajo revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse para salvaguardar su vida (…) Mi madre fue víctima de un montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo fui conducida a una correccional de menores cuando tenía 15 años(…) Fueron años de presión que no le dejaron [a Arcesio Lemus] más opción que la clandestinidad. Se incorporó al ELN, como salubrista (…) En 2005 mi papá fue detenido. Empezó el calvario del encierro. (…) Comenzó a enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores de cabeza y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de solicitudes de mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca fueron atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco fueron atendidos. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad", donde lo aislaron. (…) Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos humanos (…) pero nada funcionó. Fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la cárcel. (…) [Luego en] el Hospital Lleras Acosta recibió una atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de presos (…) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(…) Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe terrible en la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue que se cayó", nos dijeron en el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo sucedió dentro de la cárcel (…) Fue remitido a una institución hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro (…) el 29 de junio 2010, falleció. (…) [Es] la ignominia que viven los presos colombianos, especialmente los presos políticos, contra quienes pareciera existir una política de Estado(…) El INPEC paga a la EPS que atiende la salud de los internos, casi 32 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que sea aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento?”[13].
Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica [15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en Bellavista [19]… La lista continúa de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: “en los últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica” [Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: “la inminente negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario a un centro de atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención especializada urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios prisioneros han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana”[20]. Pese a las súplicas de familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida de Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes –infructuosas- de que “se abran las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93, Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (…)que se garantice el Derecho a la Vida” [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos presos políticos que han sido asesinados por negación de asistencia médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21].
4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación de asistencia médica
Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa, médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años de prisión por "rebelión", para castigar su respeto por la vida: “A nivel judicial también existen los ‘falsos positivos’". Este médico preso político padece de cáncer: "Para que me iniciaran el tratamiento tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a cárceles de alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay ninguna clasificación”[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación adecuada y la asistencia médica como forma de tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio de paramilitares, en un intento de asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica y su traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al “centro de tortura de Valledupar”, alejándolo de su núcleo familiar[25]. “El prisionero político padece una infección estomacal, un problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos, padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y oral, sin que hubiesen sido atendidos” [Ibíd.].
5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica, empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia médica, restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas confesiones bajo amenaza de extradición: "No puede caminar, ni comer solo y siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico, soporta fuertes dolores (…) Fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no confesaba(…) Fue alejado de su familia en una política de destierro que vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un enfermo terminal. Les están restringiendo el agua”[26].
El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula”[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica: “devorado por una bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) la infección se trasladó al glúteo, afectando su integridad física: se expone a amputación (…) Por más de dos años una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos” [Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en las cárceles colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció: “La gravísima situación se expresa en que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal”[28]. La debida reducción de pena y la excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo 2012 denuncian: “El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y sin la atención medica adecuada, en condiciones miserables (…) El juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros de la tercera edad que sufren penosas enfermedades”[29].
6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin brazos y ciego
El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del INPEC: “Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta nunca le fue brindada”[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses, gracias al dictamen de “Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria.” Pero el estado, en una clara demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención domiciliaria: “En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por orientación directa de los organismos de seguridad (…) Oscar es condenado a 40 años de prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal” [Ibíd.]. El estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el INPEC profundiza la tortura: “Óscar es trasladado consciente y premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el contrario, sólo hay paramilitares(…) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en una situación de total indefensión” [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser humano, porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta contra su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye “atentado contra la vida”
El CSPP denuncia en mayo 2012 que “Los presos políticos con cáncer continúan sin recibir atención médica por parte del estado”:
“Los presos políticos enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente Saúl Valcarcel Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de Palogordo; continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su condición se deteriora cada día (…) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado con cáncer de colon ha empeorado a pesar que el Juzgado tuteló los derechos fundamentales a la salud, sin que hasta la fecha se haya iniciado las sesiones de quimioterapia ordenadas por la junta de oncología (…) A Vicente Albarracín, diagnosticado con cáncer de recto, le manifestaron que debía someterse al tratamiento de quimioterapia pero que CAPRECOM no contaba con el medicamento (…) Juan Emilio Calle de 33 años, fue diagnosticado con cáncer linfoma Hodcking, desde el año 2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se encuentra sin recibir atención médica desde hace dos años (…) Desde enero 2012 su estado de salud recayó ostensiblemente (…) el oncólogo ordenó un tratamiento de quimioterapia, terminado este procedimiento se debía hacer un trasplante de médula ósea. Aún con esta orden médica, Juan Emilio no ha recibido el tratamiento, consecuencia de ello su estado de salud empeora, al punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con fiebre alta, constante dolor de cabeza y cuerpo, poco sueño y visón borrosa, entre otros síntomas.
La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la dignidad humana, además de erigirse como un tratamiento cruel e inhumano. El estado Colombiano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales en las cárceles. El desconocimiento de los mismos a los presos políticos, representa una violación tanto del derecho internacional de los DDHH, como del DIH. Cobra vigencia la necesidad de mantener los ojos en las cárceles colombianas”[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas ?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:
“Han muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de cáncer, lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia médica. Esta grave problemática ha sido denunciada de forma reiterada por los colectivos de presos políticos y organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hayan realizado las investigaciones que permitan establecer cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer y las actuaciones disciplinarias por negligencia médica [o negación]. La situación transgrede las normas del derecho humanitario. Hacemos un llamado urgente para que las organizaciones solidarias de Colombia y el Mundo, exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura y a la vez tratamiento inhumano y degradante al interior de las cárceles, procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud de todos los presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar investigaciones penales y disciplinarias serias, contra los altos funcionarios del Estado que por acción u omisión son responsables de estos graves hechos; 3. Indagar las causas que están provocando los reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas, a efectos de prevenir la ocurrencia nuevos hechos” [32].
9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y alimentos descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida. “Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG” [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP denuncia: “Nueva intoxicación masiva en Palogordo”, alertan los presos políticos:
“Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de descomposición, jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al almuerzo se nos suministró un arroz con sabor y olor a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo, se presenta una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las áreas de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto. Existe un temor latente para consumir los alimentos, pues volveríamos a recaer en otra intoxicación. Mientras estas cosas suceden en las cárceles, el señor Ricaurte – Director del INPEC- hace declaraciones en las que anuncia al país que a tres presos de clase alta se les asignó cocinero personal y ‘lo que más les gusta es la mazamorra chiquita’. Los oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos privilegios” [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:
“Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo Girón Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la empresa prestadora del servicio de alimentación(…) Esta empresa viene reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los alimentos(…) Nos suministra alimentos en estado de descomposición no aptos para el consumo humano. Ocasionándonos serios problemas de salud como son intoxicaciones masivas, diarreas, y demás problemas digestivos que a la vez nos han dejado otros problemas de salud tales como ulceraciones e irritación del colon, un 40% de la población reclusa padece de esta enfermedad” [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el cáncer.La Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente las múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con posibles cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le descubriera de forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la Penitenciaria de Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el aparato digestivo”[36].
Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el 26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: “Un día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos da comida”[37]. El CSPP denuncia: “el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos inferiores a 20 minutos (…) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (…) a diario aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que constituye condiciones de vida cruel y degradante” [Ibíd.].
10. Suicidios
La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó tras meses de tortura: “El régimen de crueldad y Tortura al que están sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a atentar contra su propia vida, como Leandro” [38]. Jorge Russo fue empujado al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios, además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: “uno de los guardias le lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó fuertemente en la cabeza” [39].
El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar más la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba como “muerte en vida”[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado, bajo “una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5 muertos”, denuncian los presos políticos de Girón en junio 2012 [42].
11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica
Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con la esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado fue: “sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-culpara (…) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud en particular”, denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair Benavidez Suárez “luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas del INPEC” [44].
12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “La Defensoría del Pueblo presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (…) entre el año 2010 y lo que va del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes” [45].
Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles colombianas quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg: “Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa” [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento político, como el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y detenciones arbitrarias [47].
Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: “En contra de la tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los internos a centros penitenciarios alejados de sus familias (…) Los familiares sentimos como propios los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos en los centros de tortura llamados cárceles (…) El sistema jurídico colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en extradición(…) Nos desnudamos para ser escuchadas.”[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos organizativos
No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso político Jairo Fuentes denuncia: “En las cárceles el derecho de expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (…) quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias” [49]. La Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: “Uso de traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa (…) no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar”[50].
En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: “una tutela le concedió el derecho a la unidad familiar(…) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen familiar y procesal, no a la extradición(…) Destacado en la resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(…) dicha cárcel se ha caracterizado por su permanente tortura”[51].
14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos políticos
El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: “los prisioneros políticos no son separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida”[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros. Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian: “Los atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (…) ordenando su traslado a otros patios(…) Solicitamos que sean reubicados urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos políticos.” Arévalo Quintero expresa: “Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro entre internos procesados por paramilitarismo e integrantes de la fuerza pública”[53]. En el marco de la huelga nacional de hambre de marzo 2012: “el Prisionero Político Leonardo Chaux Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión Internacional de DDHH”[54], impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un patio con miembros del Gaula:
“Caí tras el disparo… luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando(…) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (…) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (…) Estoy condenado a 22 años de cárcel por ‘rebelión’ y ‘tentativa de homicidio’ pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni llegué a usar el arma(…) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(…) En esta cárcel han tomado represalia política(…) Nos dieron a ‘escoger’ a los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(…) Me roban, me hacen caer de la hamaca, me golpean… Saben mis limitaciones físicas y que soy un preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares”[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos
Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García, detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común del continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación contra la organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4 años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:
“El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien desaparece a su opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (…) Un 90% de las mujeres privadas de la libertad somos madres, la mayoría madres cabeza de familia. Es muy grave que una justicia vengativa ponga en la cárcel a las mujeres madres, porque penaliza a los hijos. Estas niñas y niños van a quedar gravemente dañados por la experiencia de tener a sus madres en prisión (…) Muchos de ellos si no tienen un familiar que los cuide crecen en la institución del estado, que es prácticamente otra cárcel, donde van a estar recluidos, y podrán solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas pocas horas. Algunas mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad de 3 años pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios que demuestran que estos niños que han crecido en prisión sicológicamente tienen muchos problemas… pero es la única opción para quien no tiene con quien dejar a sus hijos (…) Estas condiciones son violatorias de los derechos de los niños” [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con paramilitares:“exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad. Exigimos que se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz’, paramilitares(…)”[60]. También alertan:“No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran los medicamentos. Situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: ‘hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no han sido atendidas’” [61].
16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de violaciones sexuales por parte de guardianes: “Una reclusa fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales, es un abuso de autoridad’. Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse. ‘Yo dije que era violación(…) después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián’” [62].
Los familiares visitantes sufren “abusivos manoseos en sus partes intimas”[63], asimismo los presos políticos denuncian:“debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes (…)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte Constitucional(…)” [64], pero la impunidad ampara la continuidad de la tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado
La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos políticos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga la tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace urgente la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la libertad para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles hacia una verdadera paz con justicia social. La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en desmedro de una población cada día más empobrecida.
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la Parte V del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados, que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos” Informe Situación Carcelaria, Traspasalosmuros, Fundación Lazos de Dignidad: “Según el INPEC, a 31 enero de 2012, la población privada de la libertad ascendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas: asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes, conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos.” http://www.
[2] Persecución contra la oposición política: ‘Secuestro Carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras’http://azalearobles.
[3] ‘Delito de rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.” http://www.
Informe Perspectiva en Punto de Fuga: “Otra estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición[el Art. 35 de la Constitución impide extradición por delitos políticos]. Teniendo en cuenta la agudización del conflicto social y armado, la práctica sistemática de capturas masivas y arbitrarias, los diferentes obstáculos para mantener censos actualizados, la estimación de que un 10% de la población reclusa corresponde a personas privadas de la libertad por motivos políticos, la desnaturalización del delito político y las estadísticas del INPEC donde se expone que 21.199 personas se encuentran recluidas por delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado (…)para enero 2012 la cifra de prisioneras y prisioneros políticos oscila entre 10.229 y 21.199.” http://issuu.com/
[4] Mayo 2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’: “Situación actual de la desaparición forzada, mostrando el continuo aumento de los casos en el país, así como la persistencia de los patrones de persecución política y control social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de oposición o de cuestionar el orden político existente.” http://www.
23 de mayo 2011, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia http://www.
El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, informe Medicina Legal:. http://www.telesurtv.
Informe Fiscalía, enero 2011: 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: http://www.
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