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2012-06-12-abpnoticias-Ainara Lertxundi- Donotia-Concejal de la
exterminada Unión Patriótica y director de la Agencia de Noticias Nueva
Colombia, Joaquín Pérez Becerra fue detenido en el aeropuerto de
Maiquetía, en Venezuela, en abril de 2011 y entregado a Colombia, donde
permanece encarcelado en una torre de máxima seguridad. Entrevistado por
GARA, analiza la actualidad colombiana y denuncia «la falta de
garantías procesales en un juicio amañado».
Encarcelado en una torre de alta seguridad en la megaprisión de La
Picota, una de las mayores de Bogotá, Joaquín Pérez Becerra aguarda «un
juicio amañado sin garantías judiciales». Acusado por la Fiscalía
colombiana de «concierto para delinquir, financiamiento de terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas»,
fue detenido en abril de 2011 en el aeropuerto internacional de Mai-
quetía, en Venezuela, e, inmediatamente, entregado a Colombia, pese a
tener nacionalidad sueca tras tener que exi- liarse a ese país en la
década de los 90 a raíz del exterminio de la Unión Patriótica.Las imputaciones en su contra se basan en unos supuestos documentos word incautados en los ordenadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en 2008. La propia Corte Suprema de Justicia de Colombia invalidó esos archivos al considerar que se violó la cadena de custodia. En un nuevo viraje, la Fiscalía ha presentado ahora otros documentos hallados en la «operación Odiseo», en la que mataron al también miembro de la dirección de las FARC Alfonso Cano. Como director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) y cofundador de Radio Café Estéreo, recientemente saboteada para filtrar un comunicado falso de las FARC, ha trabajado por difundir la otra cara del conflicto, que habla de la insurgencia pero también de las luchas campesinas, indígenas, de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas...
En la entrevista concedida a GARA, aborda la situación de las cárceles, el papel del expresidente Álvaro Uribe en el escenario político y las implicaciones del citado comunicado.
El presidente, Juan Manuel Santos, denegó en abril pasado la autorización a una comisión conformada por el grupo Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz para verificar las condiciones de vida de los presos políticos. Usted se encuentra en una torre de máxima seguridad. ¿Cómo describiría el sistema penitenciario colombiano?
El sistema carcelario responde a los intereses de la oligarquía colombiana. Las cárceles no son para aplicar justicia sino para demostrar el poder del Estado en contra del pueblo y de aquellos que no piensan como ellos. Partiendo de ese punto de vista, el objetivo máximo del Estado es castigar a los opositores, en mi caso un opositor político con una voz diferente al conflicto. Uno observa que, a diario, capturan a personas porque el Estado le teme a la expresión popular. Las cárceles obedecen a ese espíritu. En cuanto a las condiciones de vida en la torre donde estoy, de nueva construcción, el frío es tremendo. La asistencia sanitaria es pésima. La gestiona una empresa estatal totalmente desprestigiada y corrupta.
Y el hacinamiento en los días de visita repercute de manera negativa en las comunicaciones de los presos con sus familiares, dificultando un contacto digno. Sin contar que aún falta el pabellón destinado a las visitas.
La Picota, en su conjunto, es una megacárcel a medio terminar que carece de la infraestructura necesaria. Uno se pregunta, ¿entonces, qué hacemos aquí?
La respuesta es sencilla; Colombia es un Estado que todos los días apresa a gente por diferentes delitos, sean o no justificados. Encarcelan, encarcelan y encarcelan, por lo que las prisiones se han ido congestionando. Es muy probable que La Picota y esta torre de alta seguri- dad terminen saturadas provocando escasez de comida, problemas sanitarios y dificultades a la hora de recibir visitas o para ser trasladado a las audiencias.
La entrega del periodista francés Roméo Langlois abrió el debate sobre la cobertura mediática del conflicto. Para disgusto de la clase política y, en especial, del expresidente Alvaro Uribe, abogó por informar desde todos los ángulos. Como periodista y director de ANNCOL, ¿cómo ve esta cuestión?
Comparto totalmente las declaraciones de Langlois. En Colombia impera el punto de vista del poder, que solo muestra lo que le conviene y si surge otra voz que genera controversia, la judicializan, ridiculizan o estigmatizan, como en el caso de Langlois, del que incluso dijeron que se iba a convertir en portavoz de las FARC.
Estamos hablando de un conflicto que parte del Estado y que, fundamentalmente, se mantiene gracias a la ayuda militar y tecnológica de EEUU. Y usan los medios como una herramienta más para sobrevivir y mantenerse en el poder.
En un intento por tapar lo que sucede, dicen que los periodistas pertenecen a la guerrilla, que el que habla con la oposición es de la guerrilla...
Sin embargo, no creo que esta estrategia les vaya a durar mucho tiempo porque el país está muy revuelto. A las movilizaciones de campesinos e indígenas, se suman movimientos en las grandes ciudades y, sobre todo, el nacimiento de la Marcha Patriótica, a la que tienen mucho miedo. Ya han empezado a decir que las FARC están detrás y que la financian. El siguiente paso será su judicialización.
ANNCOL fue cerrada nueve veces, además de ser objeto de múltiples sabotajes y ataques con virus. El pasado día 2 intervinieron las web de Radio Café Estéreo y de la Agencia Bolivariana de Prensa para colgar un comunicado falso de las FARC en el que se hablaba sobre un supuesto desarme. ¿Cómo interpreta lo ocurrido?
Radio Café Estéreo y la Agencia Bolivariana de Prensa publican habitualmente cuestiones relacionadas con la otra cara del conflicto. Pero en Colombia hacen hasta lo imposible para no difundir informaciones vinculadas a la insurgencia, a los campesinos, a los indígenas...
El objetivo de ese falso comunicado no es otro que sembrar zozobra en un momento en el que quieren vender la imagen de un país polarizado entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Con esta estrategia buscan que tanto los colombianos como la opinión pública internacional focalicen el conflicto en la guerra mediática que mantienen ambos, aunque en realidad, comparten la misma línea de actuación. Uribe comenzó las negociaciones con Washington para aprobar el Tratado de Libre Comercio y Santos las culminó; Uribe iba a aniquilar la guerrilla y Santos sigue su misma estela.
Recientemente, ha dicho que hay que darle «más plomo» a la guerrilla. ¡Pero si llevan 50 años dando plomo! ¡Qué más plomo quieren dar! Es un absurdo.
En ese comunicado también se dejaba entrever que las FARC manejan la Marcha Patriótica.
Dicha afirmación podría interpretarse como la antesala de un genocidio como el que se cometió contra la Unión Patriótica (UP). Todo apunta a que están creando las condiciones dentro de las Fuerzas Armadas, de los paramilitares y de los sectores de la derecha para justificar una agresión contra este movimiento. Hay en marcha una política de Estado para criminalizarlo y confundir a la opinión pública.
Como concejal de la UP, vi caer a muchos compañeros. Fui testigo del asedio y acoso de los sicarios y paramilitares. Muchos senadores y representantes de la Cámara empezaron a decir que la UP era el brazo político de la guerrilla. Aquellas declaraciones fueron como colocarle una lápida y dieron rienda suelta al exterminio.
Existe el riesgo de que ese fenómeno se repita con la Marcha Patriótica. Nos enfrentamos a una oligarquía mezquina que no aceptar discutir en un escenario político los problemas del país y ve en la Marcha Patriótica un peligro para 2014. Y para sacarla de la contienda electoral que se aproxima -Senado, alcaldías y Presidencia-, apelan a la guerra sucia y pueden intentar reeditar «el baile rojo» con el que acabaron con la UP.
Volviendo al citado comunicado, con el tiempo uno aprende a leer las declaraciones de las FARC a través de los medios y a conocer su norte. El contenido del comunicado era absurdo porque, si lo piensas, no tiene sentido que unas personas que llevan 60 años en una guerra de guerrillas digan sin más que aceptan el marco para la paz que se debate en el Congreso.
Casualmente, cada vez que se habla de paz en Colombia o que el movimiento insurgente reitera su voluntad de dialogar para terminar la guerra, inmediatamente surgen atentados como el sufrido por el exministro de Interior Fernando Londoño, aparecen coches bomba...
En este complejo escenario, ¿qué análisis le merece el atentado contra el exministro de Interior Fernando Londoño, que la Fiscalía atribuye a las FARC, si bien, aumentan las voces que apuntan a la derecha?
Históricamente, a la oligarquía colombiana no le ha importado sacrificar a una de sus fichas con tal de perpetuarse en el poder. Tenemos los ejemplos de Alvaro Gómez Hurtado, a Luis Carlos Galán, a Jorge Eliécer Gaitán... Imagínese, si entre ellos mismos definen así sus diferencias, que no son antagónicas, qué no harán cuando se enfrentan a opositores políticos reales como los campesinos, la guerrilla, los trabajadores, los sectores sociales... Existen sospechas muy grandes porque ya tenemos antecedentes de que la derecha está detrás de este atentado para, después decir, que ha sido la insurgencia. Es una típica táctica en Colombia.
¿En qué beneficiaría a Uribe la desaparición de Londoño?
En la pelea que mantiene con Santos, Uribe sostiene que la seguridad democrática acabó con su Gobierno y que él es el único mesías que puede salvar al país del caos. Y para ello los medios no importan. Uribe, además, está buscando su reelección para protegerse de la Corte Penal Internacional y, en menor medida, de la Justicia colombiana. Se le acumulan las denuncias por genocidio, narcotráfico, crímenes contra la humanidad... Le interesaría llegar al poder y acomodar la Justicia para que no sea ni detenido ni encarcelado.
«Cada vez que en Colombia se habla de paz, hay atentados como el de Londoño»
Concejal de la exterminada Unión Patriótica y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, Joaquín Pérez Becerra fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, en abril de 2011 y entregado a Colombia, donde permanece encarcelado en una torre de máxima seguridad. Entrevistado por GARA, analiza la actualidad colombiana y denuncia «la falta de garantías procesales en un juicio amañado».
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Ainara LERTXUNDI | DONOSTIA
Encarcelado en una torre de alta seguridad en la megaprisión de La Picota, una de las mayores de Bogotá, Joaquín Pérez Becerra aguarda «un juicio amañado sin garantías judiciales». Acusado por la Fiscalía colombiana de «concierto para delinquir, financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas», fue detenido en abril de 2011 en el aeropuerto internacional de Mai- quetía, en Venezuela, e, inmediatamente, entregado a Colombia, pese a tener nacionalidad sueca tras tener que exi- liarse a ese país en la década de los 90 a raíz del exterminio de la Unión Patriótica.
Las imputaciones en su contra se basan en unos supuestos documentos word incautados en los ordenadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en 2008. La propia Corte Suprema de Justicia de Colombia invalidó esos archivos al considerar que se violó la cadena de custodia. En un nuevo viraje, la Fiscalía ha presentado ahora otros documentos hallados en la «operación Odiseo», en la que mataron al también miembro de la dirección de las FARC Alfonso Cano. Como director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) y cofundador de Radio Café Estéreo, recientemente saboteada para filtrar un comunicado falso de las FARC, ha trabajado por difundir la otra cara del conflicto, que habla de la insurgencia pero también de las luchas campesinas, indígenas, de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas...
En la entrevista concedida a GARA, aborda la situación de las cárceles, el papel del expresidente Álvaro Uribe en el escenario político y las implicaciones del citado comunicado.
El presidente, Juan Manuel Santos, denegó en abril pasado la autorización a una comisión conformada por el grupo Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz para verificar las condiciones de vida de los presos políticos. Usted se encuentra en una torre de máxima seguridad. ¿Cómo describiría el sistema penitenciario colombiano?
El sistema carcelario responde a los intereses de la oligarquía colombiana. Las cárceles no son para aplicar justicia sino para demostrar el poder del Estado en contra del pueblo y de aquellos que no piensan como ellos. Partiendo de ese punto de vista, el objetivo máximo del Estado es castigar a los opositores, en mi caso un opositor político con una voz diferente al conflicto. Uno observa que, a diario, capturan a personas porque el Estado le teme a la expresión popular. Las cárceles obedecen a ese espíritu. En cuanto a las condiciones de vida en la torre donde estoy, de nueva construcción, el frío es tremendo. La asistencia sanitaria es pésima. La gestiona una empresa estatal totalmente desprestigiada y corrupta.
Y el hacinamiento en los días de visita repercute de manera negativa en las comunicaciones de los presos con sus familiares, dificultando un contacto digno. Sin contar que aún falta el pabellón destinado a las visitas.
La Picota, en su conjunto, es una megacárcel a medio terminar que carece de la infraestructura necesaria. Uno se pregunta, ¿entonces, qué hacemos aquí?
La respuesta es sencilla; Colombia es un Estado que todos los días apresa a gente por diferentes delitos, sean o no justificados. Encarcelan, encarcelan y encarcelan, por lo que las prisiones se han ido congestionando. Es muy probable que La Picota y esta torre de alta seguri- dad terminen saturadas provocando escasez de comida, problemas sanitarios y dificultades a la hora de recibir visitas o para ser trasladado a las audiencias.
La entrega del periodista francés Roméo Langlois abrió el debate sobre la cobertura mediática del conflicto. Para disgusto de la clase política y, en especial, del expresidente Alvaro Uribe, abogó por informar desde todos los ángulos. Como periodista y director de ANNCOL, ¿cómo ve esta cuestión?
Comparto totalmente las declaraciones de Langlois. En Colombia impera el punto de vista del poder, que solo muestra lo que le conviene y si surge otra voz que genera controversia, la judicializan, ridiculizan o estigmatizan, como en el caso de Langlois, del que incluso dijeron que se iba a convertir en portavoz de las FARC.
Estamos hablando de un conflicto que parte del Estado y que, fundamentalmente, se mantiene gracias a la ayuda militar y tecnológica de EEUU. Y usan los medios como una herramienta más para sobrevivir y mantenerse en el poder.
En un intento por tapar lo que sucede, dicen que los periodistas pertenecen a la guerrilla, que el que habla con la oposición es de la guerrilla...
Sin embargo, no creo que esta estrategia les vaya a durar mucho tiempo porque el país está muy revuelto. A las movilizaciones de campesinos e indígenas, se suman movimientos en las grandes ciudades y, sobre todo, el nacimiento de la Marcha Patriótica, a la que tienen mucho miedo. Ya han empezado a decir que las FARC están detrás y que la financian. El siguiente paso será su judicialización.
ANNCOL fue cerrada nueve veces, además de ser objeto de múltiples sabotajes y ataques con virus. El pasado día 2 intervinieron las web de Radio Café Estéreo y de la Agencia Bolivariana de Prensa para colgar un comunicado falso de las FARC en el que se hablaba sobre un supuesto desarme. ¿Cómo interpreta lo ocurrido?
Radio Café Estéreo y la Agencia Bolivariana de Prensa publican habitualmente cuestiones relacionadas con la otra cara del conflicto. Pero en Colombia hacen hasta lo imposible para no difundir informaciones vinculadas a la insurgencia, a los campesinos, a los indígenas...
El objetivo de ese falso comunicado no es otro que sembrar zozobra en un momento en el que quieren vender la imagen de un país polarizado entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Con esta estrategia buscan que tanto los colombianos como la opinión pública internacional focalicen el conflicto en la guerra mediática que mantienen ambos, aunque en realidad, comparten la misma línea de actuación. Uribe comenzó las negociaciones con Washington para aprobar el Tratado de Libre Comercio y Santos las culminó; Uribe iba a aniquilar la guerrilla y Santos sigue su misma estela.
Recientemente, ha dicho que hay que darle «más plomo» a la guerrilla. ¡Pero si llevan 50 años dando plomo! ¡Qué más plomo quieren dar! Es un absurdo.
En ese comunicado también se dejaba entrever que las FARC manejan la Marcha Patriótica.
Dicha afirmación podría interpretarse como la antesala de un genocidio como el que se cometió contra la Unión Patriótica (UP). Todo apunta a que están creando las condiciones dentro de las Fuerzas Armadas, de los paramilitares y de los sectores de la derecha para justificar una agresión contra este movimiento. Hay en marcha una política de Estado para criminalizarlo y confundir a la opinión pública.
Como concejal de la UP, vi caer a muchos compañeros. Fui testigo del asedio y acoso de los sicarios y paramilitares. Muchos senadores y representantes de la Cámara empezaron a decir que la UP era el brazo político de la guerrilla. Aquellas declaraciones fueron como colocarle una lápida y dieron rienda suelta al exterminio.
Existe el riesgo de que ese fenómeno se repita con la Marcha Patriótica. Nos enfrentamos a una oligarquía mezquina que no aceptar discutir en un escenario político los problemas del país y ve en la Marcha Patriótica un peligro para 2014. Y para sacarla de la contienda electoral que se aproxima -Senado, alcaldías y Presidencia-, apelan a la guerra sucia y pueden intentar reeditar «el baile rojo» con el que acabaron con la UP.
Volviendo al citado comunicado, con el tiempo uno aprende a leer las declaraciones de las FARC a través de los medios y a conocer su norte. El contenido del comunicado era absurdo porque, si lo piensas, no tiene sentido que unas personas que llevan 60 años en una guerra de guerrillas digan sin más que aceptan el marco para la paz que se debate en el Congreso.
Casualmente, cada vez que se habla de paz en Colombia o que el movimiento insurgente reitera su voluntad de dialogar para terminar la guerra, inmediatamente surgen atentados como el sufrido por el exministro de Interior Fernando Londoño, aparecen coches bomba...
En este complejo escenario, ¿qué análisis le merece el atentado contra el exministro de Interior Fernando Londoño, que la Fiscalía atribuye a las FARC, si bien, aumentan las voces que apuntan a la derecha?
Históricamente, a la oligarquía colombiana no le ha importado sacrificar a una de sus fichas con tal de perpetuarse en el poder. Tenemos los ejemplos de Alvaro Gómez Hurtado, a Luis Carlos Galán, a Jorge Eliécer Gaitán... Imagínese, si entre ellos mismos definen así sus diferencias, que no son antagónicas, qué no harán cuando se enfrentan a opositores políticos reales como los campesinos, la guerrilla, los trabajadores, los sectores sociales... Existen sospechas muy grandes porque ya tenemos antecedentes de que la derecha está detrás de este atentado para, después decir, que ha sido la insurgencia. Es una típica táctica en Colombia.
¿En qué beneficiaría a Uribe la desaparición de Londoño?
En la pelea que mantiene con Santos, Uribe sostiene que la seguridad democrática acabó con su Gobierno y que él es el único mesías que puede salvar al país del caos. Y para ello los medios no importan. Uribe, además, está buscando su reelección para protegerse de la Corte Penal Internacional y, en menor medida, de la Justicia colombiana. Se le acumulan las denuncias por genocidio, narcotráfico, crímenes contra la humanidad... Le interesaría llegar al poder y acomodar la Justicia para que no sea ni detenido ni encarcelado.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120611/346353/es/Cada-vez-que-Colombia-habla-paz-hay-atentados-Londono
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