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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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¿Por qué nos importa más la muerte de una perra que la de una mujer?

Por: Catalina Ruiz-Navarro.
Esta semana se hizo viral un video en el que un hombre agarra a patadas a una perrita, Sasha, que resultó ser del hermano del agresor (esto lo sé porque los medios de comunicación corrieron a investigar a la velocidad de un rayo). El video fue trending topic con el hashtag #JuntosPorSasha y en un santiamén la noticia llegó a manos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según cuenta la revista Semana, “al conocerse la gravedad del caso, la Unidad de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional inició un operativo de rescate por la agresión que sufrió la perrita”. Añade la revista, que también muestra fotos que atestiguan la eficiencia —inusitada— de la Policía, que “el operativo se manejó con la celeridad de un caso de la más alta complejidad”.
No hay duda de que el maltrato a la perrita Sasha es abominable y debe recibir un rechazo social unánime. Pero cuando estos casos de maltrato animal salen a la luz, pienso en cómo reaccionamos cuando se trata de maltrato a las mujeres —de eso también hay videos virales— y me duele que el rechazo sea menos unánime, porque nuestra empatía (o la falta de ella) dice mucho del lugar que ocupamos las mujeres y todos los “cuerpos de la periferia” en el mundo. Imaginemos por un momento que Pablo Armero hubiese sido acusado de coger a patadas cruelmente a un perro. ¿Estaría hoy en la selección? Ahora imaginemos otra cosa: ¿qué tal si por cada denuncia de maltrato a las mujeres, la sociedad y Policía se organizaran para reaccionar con tanta presteza? ¿Cuántas colombianas estarían hoy vivas?
Esto no es un llamado a que piensen en las mujeres cuando estamos hablando de los perros, no es un reclamo moral, ni quiero que sientan menos dolor, o solidaridad, con los casos de maltrato animal. Lo que les propongo, en cambio, es un ejercicio de observación. ¿Cómo administramos nuestra empatía? ¿Qué cuerpos la merecen, cuándo y por qué?
De las mujeres asumimos que se lo merecen, o que se podían defender. Y lo mismo pasa con los pobres, con la comunidad LGBTI, con los y las indígenas y comunidades afros, con los protestantes, con los periodistas, con las y los líderes sociales: todos nos lo estábamos buscando. Ninguna estaba recogiendo café. Con Yuliana Samboní tuvimos una solidaridad unívoca porque era una niña de seis años, una víctima intachable, pero si hubiese tenido 12, otra sería la historia y ya habría sido un “sujeto de sospecha”.
Pensamos que la violencia es para unos y para otros no. Cuando decimos “no merecía morir”, lo decimos de los buenos, los inocentes. El problema es que en esta categoría sólo entran los perros, los y las niñas menores de seis años. O también embriones y fetos que despiertan mucha más empatía que las niñas y mujeres en los grupos antiderechos (promuerte). De niña para arriba todas mordemos la manzana del pecado original y cualquier castigo, así parezca injustificado, así sea la misma muerte, termina siendo “por si acaso”. O bueno, también se puede estar por encima de la acusación y el castigo. Se puede ser absolutamente inmune a la sospecha, pero para eso toca tener poder, muchísimo poder, acumulado usualmente en cuerpos de hombres como Trump, o Uribe, porque ser macho no te hace invencible, pero sí reviste de teflón tus actos y tu reputación. A estos cuerpos con poder los protegemos y les perdonamos todas sus faltas con algo más que empatía. Es una suerte de devoción, como la que sentían los vasallos ante el patrón.
Leo que de manera reiterada a Sasha se refieren como “perrita”. Porque la palabra “perra” es muy fuerte y no queremos herir susceptibilidades. A las mujeres, en cambio, nos dicen “perras” como insulto, pero es casi que un cumplido: por las perras se preocupan más.

La verdadera cara de la falsa ideología de género

Por ANDRÉS BERMÚDEZ LIÉVANO lasillavacía · 03 DE ENERO DE 2017
Desde hace poco menos de un año, María Concepción Pinzón tiene una nueva rutina. Todas las mañanas se levanta al alba a ponerle grano a su vaca lechera y maíz a sus 70 gallinas ponedoras.                
En realidad no es una rutina nueva, sino una que está recordando. Porque desde que hace 16 años salió desplazada por la ola de violencia que sacudió el Magdalena Medio santandereano, ella había abandonado su vida de campesina.
La acaba de recuperar gracias a un programa del recientemente extinto Incoder, que le dio una parcela de 2,5 hectáreas en una vereda de Cómbita –en el centro de Boyacá- y que la escogió por ser al mismo tiempo desplazada, adulto mayor y mujer cabeza de hogar.
Es decir, un énfasis muy parecido al que propone el punto agrario del Acuerdo de paz firmado con las Farc que tanta polémica generó este año a raíz de que sectores conservadores del 'No' -como el ex procurador anulado Alejandro Ordóñez que sigue diciendo que está 'encriptado' en el texto- promovieron la idea de que se trataba de una ‘ideología de género’. Miles de mujeres rurales como María Concepción se habrían visto sacrificadas si este enfoque se hubiera erradicado de los acuerdos como lo querían algunos promotores de iglesias cristianas.

Mujer, campesina y desplazada

Vestida con sombrero de cañaflecha, chaleco inflable y botas altas de caucho, María Concepción se sienta en un butaco y amarra con agilidad las patas traseras de su vaca. Su nariz rojiza y el color de sus cachetes delatan su exposición al áspero sol de las montañas de Cómbita, las mismas donde se hizo como ciclista Nairo Quintana.
“Los que somos del campo no somos de la ciudad. Que nos toque, para seguir adelante, es muy diferente. A mí me tuvieron 9 meses con un psicólogo clínico, porque es muy difícil pasar del verde a cuatro paredes”, cuenta mientras ordeña.
Esos meses de apoyo psicosocial son apenas una de las secuelas que le dejó el paso de la guerra por su vereda de San Rafael, a dos horas del pueblo santandereano de Rionegro. De allí salió con las manos vacías en 2000, como consecuencia de varios encuentros con la guerrilla y luego los paramilitares, que se saldaron con una tienda perdida –“el negocio ya no es suyo y se tiene que ir“-, un reclutamiento forzado y un episodio de violencia sexual en la familia.
Llegó a Tunja, donde comenzó a trabajar como líder de familias desplazadas y terminó convertida –cuando nació la Ley de Víctimas en el primer gobierno de Juan Manuel Santos- en la representante de todas las víctimas de Boyacá en la primera Mesa Nacional de Víctimas.
Gracias a ese liderazgo se enteró de un proyecto para mujeres rurales del recientemente extinto Incoder, que tenía bajo su ala el tema de acceso a tierras para campesinos hasta que nació recientemente la Agencia Nacional de Tierras.
Fue así como cuatro familias se juntaron y encontraron una finca que estaba en venta. Todos ellos campesinos, todos desplazados. Doña Carolina salió de Chiscas, en las faldas de la Sierra Nevada del Cocuy. Doña Elena, del Meta. Y don Ángel y su esposa del Magdalena Medio boyacense.
A María Concepción le tocó un lote con una casa abandonada, que poco a poco ha ido poniendo en pie. Con un subsidio para mejoramiento de vivienda que le dio el municipio de Cómbita, arregló una de las alcobas y el baño. Su nieto Jesús David de siete años y su hija María Salomé duermen en un colchón en el patio interno, al menos mientras terminan de cambiarle el piso de madera podrida al segundo cuarto.
Entre todos cuidan el pequeño bestiario que puebla los tres inclinados potreros: 70 gallinas ponedoras, una vaca que le da 7 litros de leche diariamente, un ternero, cinco gallinas criollas, cuatro ovejas y cinco conejos. Y atienden el pequeño cultivo de papa –sufrido tras el cruel verano de comienzos de año- y una minúscula huerta de espinaca, lechuga, repollo, acelga y zanahorias.
“Yo no sabía nada de papa, sino de maíz, yuca y ñame. Esto es todo un proceso. Lo que toca aprender es total”, dice María Concepción, mientras termina de cocinar un almuerzo –gallina criolla, papa chorriada, zanahoria- que para orgullo suyo es del todo casero.
“No podemos quedarnos mirando hacia atrás. Es difícil, no digo que sea fácil. Pero sí se puede”.

El rezago de las mujeres rurales y víctimas

Que miles de campesinas como María Concepción puedan tener oportunidades de progresar es una de las ideas del punto agrario en el Acuerdo de paz, que busca poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas para el campo.
Por ejemplo, de cumplirse este punto del Acuerdo, ellas irían –junto con los desplazados- al comienzo de la cola de campesinos sin tierra que podrían recibir parcelas del Fondo de Tierras del posconflicto. Y que, además la tierra, deberían recibir un apoyo integral, desde vías terciarias y educación hasta la facilidad de consultar veterinarios.
Además, serían priorizadas a la hora de formalizar las escrituras, un proceso urgente para los miles de campesinos que sí tienen parcelas pero no sus títulos formales sin los cuales no pueden siquiera pedir un préstamo. También se estimularían las cooperativas agrarias de mujeres, se diseñaría un plan nutricional especial para mujeres embarazadas y se promovería que se formalice el trabajo en áreas como la artesanía o el turismo.
¿Pero por qué hacer una diferencia entre mujeres y hombres rurales?
Si le preguntan a María Concepción dice que “las más perjudicadas hemos sido las mujeres, quienes tomamos las riendas del hogar tras la muerte del marido o el hijo”.
En efecto, todos los indicadores para las mujeres -al menos en el campo- son más alarmantes. Como mostró la Misión Rural, las familias rurales encabezadas por una mujer son 8 por ciento más pobres, se ven más afectadas por el desempleo y tienen mayores probabilidades de tener tierras pero no escrituras.
“Esto va mucho más allá que el Acuerdo entre las Farc y el Gobierno. Lo que pasa es que el Acuerdo recoge el espíritu de la ley de la mujer rural y de políticas que ya existen, pero que casi no se han vuelto realidad. El proceso de paz los eleva a un lugar más importante”, dice Marina Gallego, la líder nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres que reúne mujeres víctimas en todo el país y que ganó el Premio Nacional de Paz hace dos años. De hecho, de las 6 mil mujeres en la Ruta, un 40 por ciento vive en zonas rurales.
En el fondo, la ecuación que contempla el proceso de paz con las Farc es que si los campesinos son ciudadanos de segunda en Colombia, las mujeres del campo están –por múltiples razones- un peldaño más abajo.
“Dar oportunidades a las mujeres y eliminar las discriminaciones de género permitirá a las mujeres rurales explotar su potential productivo, incrementar el ingreso rural y unir a los hijos con sus madres”, explica la economista Ana María Ibáñez, una de las que más ha estudiado las condiciones de la mujer rural.
Una de sus investigaciones mostró, por ejemplo, que el ingreso promedio de una mujer campesina está apenas por encima de la mitad del de un hombre, a pesar de que –en promedio- tiene más años de educación.
A eso se suma que los indicadores sociales de las mujeres son mucho más dramáticos que en la ciudad: la tasa de embarazo adolescente es 10 puntos más alta y –como probó otro estudio de Ibáñez- las oportunidades profesionales son tan escasas que ellas están migrando a las ciudades en números mucho más dramáticos que los hombres.
Aunque María Concepción ya recibió su parcela en Cómbita, esos fueron precisamente las peticiones que le hizo al Gobierno y a las Farc. Su organización de desplazados, llamada Asopodescol, envió dos propuestas concretas a la mesa en La Habana: primero, que haya verdad para las víctimas, y segundo, que le den prioridad a las mujeres cabeza de familia en los programas de tierras y de generación de ingresos. Dos cosas que quedaron en lo firmado.
Es decir, que -como ella- las mujeres reciban semillas, clases en el Sena sobre cómo fabricar abonos o sembrar cercas vivas, y visitas de agrónomos como el que le enseñó cómo combatir la temida polilla guatemalteca que se come las papas por dentro.
“Esto es lo que me soluciona la vida, no solo económicamente sino también psicológica y emocionalmente, porque esto es de lo que yo sé vivir”, dice, guardando sus gallinas en el galpón alambrado mientras cae el atardecer.
“De aquí nos sacan con las patas pa’lante porque de aquí no me voy. Me voy el día que Dios me diga ‘Vente María’”.
 

Mujeres, todas, al borde de un ataque sexual

Hay que seguir hablando en voz alta de la violencia de género, aunque hayan querido torcerle el sentido a la palabra en medio de las mentiras de una campaña.
Por: Yolanda Ruiz - El Espectador.

Destaco hoy tres hechos de miles que nos empujan a seguir gritando para que no miremos para otro lado mientras las mujeres seguimos siendo las mayores víctimas del acoso y la agresión sexual. 
Leo esta semana en Facebook el relato de María José, de 20 años, que comienza diciendo: “HOY ME VIOLENTARON SEXUALMENTE…Y no estoy hablando de una violación, ni de un abuso físico directo, pero es algo peor, frío y silencioso, algo que nadie nota y que nadie fue capaz de evitar”. Cuenta luego la historia de otra joven que viajaba, como ella, en la ruta M86 del Transmilenio en Bogotá: “Al lado de ella un tipo de la nada sacó su miembro y empezó a masturbarse, rozando su falda de una manera completamente violenta. Todas empezamos a gritar, y digo todas porque ningún hombre dijo nada, tampoco hicieron nada. El tipo se bajó después de la bulla, en la parada de la Javeriana, y se pasó el túnel como si nada”. Concluye el relato con esta reflexión: “Hoy me violentaron a mí y a todas las que íbamos en ese M86, porque no teníamos que haber visto su miembro, ni sentir su violencia. Merecíamos que alguien dijera algo, o hiciera algo, porque más que gritar el montón de gente no nos dejó hacer nada más. Hoy fue una masturbación en un bus, nadie hizo nada. Nos están matando y nada pasa. Queremos caminar libres, poder ser, vestirnos, reírnos y andar como se nos dé la gana de hacerlo. No más violencia, esto nos duele y nos vulnera”.
Este relato se repite todos los días en muchas ciudades de Colombia. El acoso está en los buses, en las esquinas, en las oficinas, en colegios y universidades. En lo que va corrido de este año la Fiscalía ha recibido 2.255 denuncias de mujeres víctimas de acoso sexual. Sin contar con las miles que lo sufren y callan. Mujeres agredidas en espacios públicos y privados convertidas en estadísticas de infamia.
El mismo día que leo este caso, el Fondo de Población de Naciones Unidas reporta que cada día son violadas en Colombia 21 niñas entre los diez y los 14 años. No le caben adjetivos ni comentarios a una cifra que habla por sí sola.
Y hace unos días, a propósito del acoso de Donald Trump a tantas mujeres en Estados Unidos, pregunté en radio y en Twitter sobre las situaciones de acoso sexual a las que nos vemos sometidas en el día a día las mujeres. No me sorprendió la gran cantidad de respuestas de mujeres de todo tipo que habían sido acosadas, me sorprendió que muchas de ellas me contactaron en privado para decirme que nunca contarían públicamente las agresiones de las que fueron víctimas. Una de ellas me dijo que estuvo a punto de ser violada y que era la primera vez que lo decía en voz alta. Había preferido enterrar su historia durante años y no hablar de eso como si aquello de lo que no hablamos no existiera, como si la avergonzara haber sido víctima.
Por eso debemos gritar: para que las víctimas no tengamos miedo ni vergüenza, para que sean los agresores los que se escondan. Para que no sean ellos los que caminen tranquilos por la calle luego de su delito mientras nos dejan la rabia y la culpa, además de su violencia.
Hay que reclamar el enfoque de género, condenar la violencia de género, gritar que en Colombia hay quienes toleran y propician las agresiones de género en todos los estratos y niveles. Querer borrar de un plumazo el enfoque de género es negar que las mujeres somos las mayores víctimas de la violencia sexual y que esta ocurre todos los días con mil rostros. Eso es perpetuar el abuso. Mirarlo de frente, denunciarlo y reclamar justicia en cada caso, nos puede acercar al día en que podamos superarlo. Sentir que cuando una mujer es agredida todas somos víctimas es parte del camino

Humberto de la Calle - Enfoque de género

El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes.

De manera falsa se ha venido difundiendo la información de que el Acuerdo de La Habana contiene elementos de la llamada ideología de género. No es cierto. Se trata de una maniobra para atacar el Acuerdo como un todo. Lo que hicimos en La Habana fue adoptar un enfoque de género que tuviera en cuenta las diferencias en las consecuencias dañinas del conflicto, reconociendo que la mujer ha sufrido un impacto enorme, no solo como víctima directa de graves crímenes, la violencia sexual entre ellos, sino también en su condición de hija, madre, esposa y, en muchos casos, responsable solitaria de la preservación del hogar. Este punto de partida implica el compromiso de acentuar en la mujer el proceso de reparación, así como instaurar políticas y herramientas concretas que atenúen, y a la larga supriman, la discriminación ancestral que ha sufrido la mujer.
Vamos al texto y dejemos la especulación. En la página 10 del Acuerdo se lee: “Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derecho que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas... teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”.

Y dentro del amplio marco de la no discriminación, la mención de la comunidad LGBTI busca un compromiso dirigido a evitar el gueto cultural que han padecido, en menoscabo de derechos fundamentales a toda persona.El Acuerdo no toca los temas del matrimonio, la familia, las parejas del mismo sexo ni nada de lo que uno pudiera imaginar como ingrediente de la llamada ideología de género. Entendemos y respetamos la sensibilidad de estas disyuntivas morales. El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución.
Para quienes se oponen al Acuerdo en este punto, hay dos caminos: o entienden que han sido informados de manera sesgada, o aceptan que su verdadero propósito es mantener a la mujer confinada a patrones discriminatorios y a la población LGBTI presa de la homofobia.
Esa es la verdadera discusión.
Apostilla: circula en redes sociales una intervención mía sobre este tema, la cual ha sido recortada y malinterpretada. Mis expresiones incluyeron una cita literaria, cuyo propósito no era desconocer realidades anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres. No cometería esa tontería. El propósito era señalar que el rol asignado a ellos, si bien parte de realidades genéticas, se alimenta también de patrones sociales. De allí surge el machismo, por ejemplo, que ha menospreciado el papel de la mujer y ha dificultado su desarrollo pleno.
Un enfoque de género busca obtener la integralidad del reconocimiento de los derechos de la mujer en la vida social. Y en cuanto a la población LGBTI, me inspiré en las palabras del papa Francisco: los miembros de la población LGBTI “no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente”.

Humberto de la Calle

 

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