Rebelión
Es deber de conciencia apoyar al Gobierno de Ecuador en la disputa contra la petrolera Chevron; pero la multinacional se debilita denunciando la ilegitimidad del poder que la sostiene. Siendo así, los principales funcionarios del Gobierno de Ecuador no deben suscribir la definición de terrorismo que ha impuesto el poder imperialista. ¿Acaso es terrorismo enfrentar el poder que ha cometido los más horripilantes actos de genocidio registrados?
La Chevron, al enfrentar al gobierno de Ecuador por un conflicto de intereses, refuerza la labor de las agencias oficiales yanquis, que realizan su trabajo conspirativo organizadas por líneas de acción.
Los funcionarios ecuatorianos tienen que tomar en cuenta esta amenaza permanente y no deben pronunciarse como si no existiera.
El Comando Sur, como cuerpo del Ejército de Estados Unidos, realiza una labor militar y también política, y es por eso que, en este momento dice que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen fuerte presencia en Ecuador.
“Jamás permitiremos que grupos ilegalmente armados estén en nuestro territorio, ya sea por apoyo logístico o porque están traficando con droga”, dice el ministro de Seguridad de Ecuador, Homero Arellano.
Por otra parte, el canciller Ricardo Patiño, atribuye al diario The Washington Post el ser parte de una conspiración contra los diálogos de paz y contra la unidad latinoamericana, y dice que por eso dio a conocer la existencia de un proyecto conjunto entre la CIA y el Gobierno de Colombia para matar dirigentes de las FARC.
¿Por qué responde de este modo los funcionarios de Ecuador, si es obvio que la amenaza contra el avance político en su país procede del Norte y encuentra apoyo en sus fronteras de quienes dirigen los grupos “legalmente armados”.
¿QUÉ EXPLICACIÓN TIENE SANTOS?
Las FARC figuran en una lista de grupos que el “antiterrorista” Gobierno de los Estados Unidos de América y los organismos de dirección de la Unión Europea califican como terroristas. Cuando el Comando Sur las vincula con el Gobierno de Ecuador, actúa en la línea de traspasar a ese Estado el mismo calificativo.
Pero el ministro de Seguridad de Ecuador no puede olvidar que fueron los grupos “regularmente armados” de Colombia los que perpetraron el ataque en Sucumbíos en marzo del año 2008.
Como no puede olvidar el canciller Patiño que la principal fuente de conspiración contra la construcción de la Patria Grande es la instalación de gobiernos de ultraderecha en el continente. ¿Acaso no son esos gobiernos la garantía para la operación de las bases militares estadounidenses y para la acción de las agencias civiles de la misma factura con distintas denominaciones?
Ante la revelación de que existe (se trata de un proyecto en marcha, aunque las agencias de prensa hablan en pretérito) un proyecto conjunto de la CIA y el Gobierno de Colombia para matar guerrilleros de las FARC, es el Gobierno de Colombia el que debe dar explicación.
Juan Manuel Santos, su antecesor Álvaro Uribe y el sector cuya representación ellos se disputan, deben dar explicaciones sobre la subordinación a Estados Unidos y, en particular, sobre un capítulo más comprometedor y abominable que el propio Plan Colombia, que ellos han mantenido en secreto.
¿Con qué derecho se asocian dos gobiernos para asesinar? ¿Con qué derecho Estados Unidos dirige asesinatos selectivos en América Latina? ¿Quién garantiza que solo los jefes de las FARC pueden ser víctimas de esas acciones?
Iván Cepeda, un legislador del Polo Patriótico, anunció que formalizará su demanda de explicación al jefe de Estado de Colombia.
El congresista dijo que es necesario que se conozca toda la verdad sobre la información publicada este domingo por The Washington Post, en el cual se reveló la colaboración de la agencia de inteligencia estadounidense en los operativos contra varios miembros del grupo guerrillero, entre ellos alias ‘El Negro Acacio’ y ‘Raúl Reyes’, que hacían parte del secretariado de las FARC.
“Ahora es necesario que se sepa que alcances ha tenido esa intervención, cuáles han sido sus modalidades y, eventualmente si además de operaciones militares ha habido otra clase de espionaje”, dice Cepeda.
LO “LEGAL”
Iván Cepeda demanda explicación, porque es ilegal que el presidente de Colombia y sus funcionarios comprometan al Estado en acuerdos de ese tipo a espaldas del pueblo y sin consultar siquiera a los organismos legislativos.
Aceptando ese tipo de ilegalidpad, no se allana el camino para la construcción de la Patria Grande.
Entre las acciones recientes del imperialismo hay que citar el impulso a un golpe de Estado en Honduras y la consumación de un golpe de Estado en Paraguay, y en ninguno de los dos casos pudo mencionar siquiera el nombre de las FARC.
¿Por qué pensar que, en Ecuador y en la Venezuela sometida a una guerra económica sin cuartel, solo usando el nombre de las FARC podría hacer un intento similar?
Someterse a la “legalidad” imperialista, además de constituir un acto vergonzoso, es inútil.
La CIA, la NSA y otras agencias yanquis, han alimentado la guerra en Colombia, y tratan de mantenerla. Además, el poder imperialista mantiene la apuesta por una América dividida. Pero el mejor aporte que pueden hacer a la integración los gobiernos progresistas es fortalecer la legitimidad que los ha sostenido y vincularse con firmeza a las organizaciones revolucionarias.
Es la única fórmula para frustrar los proyectos conspirativos, muchos de los cuales incluyen planes de magnicidio… Para detener el avance político en América Latina, el imperialismo mata guerrilleros; pero, por su trayectoria, es obvio que también es capaz de matar presidentes… Y Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro (para solo citar tres), no son bien vistos por los halcones…
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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