Colombia. Prisioneros políticos de las FARC: “Pedimos el cumplimiento a cabalidad de la Ley de Amnistía”

Por Colombia Informa/Kaos en la Red.

Más de 10 días completa la jornada nacional de huelga de hambre por la libertad de los presos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. De 3400 prisioneros políticos reconocidos faltan 2577 por ser liberados, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado colombiano del Acuerdo de Paz.

Isaí Medina Vera, prisionero político desde noviembre del año 2002, hace parte de esta protesta pacífica. Él se encuentra en la cárcel de Cúcuta hace 37 meses y desde allí concedió una entrevista para Colombia Informa.

Colombia Informa: ¿Cuál es el motivo de la huelga de hambre?

Isaí Medina: Nos unimos a la jornada nacional por la libertad de los presos políticos de las FARC para exigir de manera pacífica el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Una vez firmados los acuerdos, se empezaron a desarrollar procesos legislativos para cumplirlos. Uno de ellos es la Ley de Amnistía -Ley 1820- tramitada y aprobada en el Congreso el 30 diciembre del 2016. Con esta se establecen términos y decretos que son el soporte jurídico para la libertad de todos los presos políticos.

Se suponía que una vez aprobada la norma empezaríamos a salir y que el gobierno cumpliría cabalmente los términos de la misma. Sin embargo, seis meses después de haberse aprobado, solo el 30% de los detenidos políticos han sido cobijados por la 1820. Ese incumplimiento nos ha obligado a llevar acabo esta jornada de exigencia de libertad, porque vemos necesario desde todas las cárceles del país hacer saber que el gobierno tiene la responsabilidad política de liberar a los presos políticos como ejecución de lo pactado.

C.I: ¿Desde cuándo inició la huelga y con cuántos participantes cuenta hasta la fecha?

I.M: La jornada empezó el 26 de junio y fue convocada desde una semana antes. Poco a poco se han sumado compañeros desde diferentes partes del país. Después de 10 días tenemos un total de 3312 participantes en las diferentes cárceles, 1776 de ellos se encuentran en la desobediencia general. Esto significa la resistencia de no asociarse a las diferentes jornadas y actividades programadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–.

Tenemos 1446 compañeros en huelga de hambre, de ellos 49 son mujeres y 148 adultos mayores. Es un sacrificio alto, pero la lucha es de carácter indefinido.

C.I: ¿En Cúcuta cuántos prisioneros políticos se han unido a la jornada de protesta?

I.M: De la Compañía Amir Duque de prisioneros de las FARC tenemos 109 participantes de la jornada nacional, cinco son mujeres, 25 compañeros sindicados y los restantes son compañeros que condenados en el Patio 7. De este total, 30 estamos en huelga de hambre. Hacemos relevos por condiciones de salud. Sin embargo, se ha mantenido el tope de 30 a 36 compañeros en huelga durante los más de 10 días de desobediencia.

C.I: ¿Han contado con algún apoyo en la manifestación?

I.M: Se han sumado organizaciones de derechos humanos que han venido haciendo acompañamiento. Tenemos el saludo solidario de muchas organizaciones sociales y políticas a nivel nacional que nos han brindado apoyo y solidaridad en esta jornada de lucha, desobediencia y movilización. El 29 de junio se desarrolló en Cúcuta un plantón que contó con el acompañamiento de familiares de presos políticos de la región, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

C.I: ¿Qué dificultades han tenido para el cumplimiento legítimo de la Ley de Amnistía?

I.M: Dentro de las trabas surgidas en el cumplimiento de la ley hay que resaltar varios factores: en primer lugar el papel del Comisionado de Paz, pues es él a quien corresponde, una vez que las FARC han entregado el listado de sus miembros, milicianos y presos políticos, expedir las certificaciones y oficiarle a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz para que a su vez diligencie un acta de compromiso a cada uno de los guerrilleros de las FARC.

Esos trámites se han convertido en un obstáculo para que los presos políticos puedan acceder a la Ley de Amnistía. Ya van seis meses y faltan más de 900 compañeros por recibir las certificaciones, y otra cantidad de compañeros para que sean censados.
Otro obstáculo es el papel de los jueces de ejecución de penas. Hemos notado durante estos seis meses que se han convertido en lo que denominamos “francotiradores del proceso de paz y del cumplimiento de los Acuerdos”. Uno de los jueces que más beligerante ha sido con este proceso es el Juez Quinto de Ejecución de Penas, José Alejandro Peláez. Este se niega a conceder y a cumplir los términos de la Amnistía pese a que los presos vigilados por su despacho cumplen con todos los requisitos, cuentan con la certificación del Comisionado de Paz, el acta de compromiso de las Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz y la certificación y el reconocimiento de las FARC.

Es por esto que estamos denunciando que se ha entablado un régimen judicial con postura guerrerista cuya interpretación de la ley tiene como objetivo no permitir que nuestros presos políticos recuperen su legítima libertad.

C.I: ¿Cómo pueden los presos políticos ajustarse a la Ley de Amnistía?

I.M: Hay varias formas de recibir la Ley de Amnistía 1820. Para los delitos amnistiables se establece la libertad inmediata, siempre y cuando cuenten con los requisitos de reconocimiento legal de las FARC y del Gobierno. Para los delitos que no son amnistiables hay dos condiciones: cuando se lleva más de cinco años como prisionero se establece la libertad condicionada y cuando lleva menos de ese tiempo es necesario el traslado a una Zona Veredal. Sin embargo, el Juez Quinto no ha concedido amnistía, traslado y/o libertad condicionada y por el contrario ha dilatado los procesos legales para su cumplimiento.

C.I: ¿Han recibido respuesta del Gobierno Nacional?

I.M: No existe hasta ahora un pronunciamiento por parte del Gobierno referente a las exigencias que hemos hecho los prisioneros políticos de libertad y excarcelación en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía.

C.I: ¿Cómo ven los presos políticos los constantes incumplimientos a los acuerdos por parte del Gobierno Nacional?

I.M: Para nosotros el Acuerdo de Paz, si bien es cierto que no es el mejor o más completo, siembra una base y establece fundamentos para el avance en la construcción de una paz estable y duradera. Sabemos que las causas que dieron origen al conflicto siguen vigentes, el modelo económico mercantilista que existe en este país se mantiene presente, lo único que se ha negociado concretamente es que dejemos de asesinarnos por razones políticas, es decir, dejar las armas y hacer política por la vía legal y amplia para que no exista la posibilidad de verse en la necesidad de incluir las armas en la lucha política.

C.I: ¿Cree usted en un Gobierno de transición con garantías reales para la oposición?

I.M: Para que Colombia siga construyendo la paz y avance para que sea estable y duradera, claramente requiere y necesita un gobierno de transición. El próximo año es trascendental para el futuro de los colombianos. La experiencia de octubre del 2016 tiene que llamar a la reflexión a todos los que anhelamos la paz en este país y no queremos la guerra. Tenemos que crear toda una coalición política de organizaciones, colectivos y partidos políticos que creemos que el futuro de Colombia no puede seguir siendo la guerra. Asimismo, tenemos que convertirnos en una opción de poder para el año 2018 con la garantía del no retroceso en lo pactado. También hay que avanzar en los diálogos con otras organizaciones armadas para seguir construyendo la posibilidad paz. Se deben materializar reformas que garanticen un período transición política y eso está incluido en los acuerdos: reforma agraria, reforma urbana integral, reforma a lo referente con los métodos de hacer política en el país.

C.I: ¿Cómo ven los prisioneros políticos de las FARC los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN– y qué propuestas plantearían?

I.M: Consideramos de vital importancia los diálogos que se generan en Quito, entre el ELN y Gobierno. Aplaudimos todos los esfuerzos que se hagan por mantener la Mesa y por consolidar un acuerdo que garantice paz entre ambas fuerzas. Eso contribuiría a la búsqueda de la paz por la que hemos luchado y que tanto necesitamos los colombianos.
Para los colombianos esta guerra es absurda. Los muertos, víctimas de desplazamiento y las peores consecuencias de la guerra la han sufrido los pobres y sus hijos. Por ello nosotros hoy tenemos firmado un acuerdo de paz con el Gobierno y esperamos que se cumpla pero necesitamos la unión de los sectores sociales y el empoderamiento del pueblo colombiano con lo pactado. Así no sea perfecto es una base.

C.I: ¿Creen que el Gobierno atenderá a sus exigencias?

I.M: De lo que estamos convencidos es que en Colombia sí es posible la construcción de paz con justicia social. Pedimos el cumplimiento a cabalidad de la Ley de Amnistía para los prisioneros políticos de las FARC como parte del cumplimiento a los acuerdos firmados. Esa es nuestra razón de lucha y ratificamos que es de carácter indefinido. Hacemos un llamado para encontrar todo el acompañamiento posible para que por fin el Gobierno cumpla y honre su palabra con lo pactado.

CI AP/PC-DM/7/7/17/14:00

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