por ARIEL ÁVILA revista semana | 2017/07/06
Ven la razón por la que Marta Lucía se opone a la justicia transicional. Un ministro o ministra de Defensa no solo es responsable por lo que hace, sino también, por lo que deja de hacer. Bueno y claro, también la Operación Orión fue dirigida por Marta Lucía… Toda una honorable política.
La oposición de la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez a la justicia transicional, denominada Jurisdicción especial para la paz, o JEP, no tiene nada que ver con un asunto ético o de principio político, tampoco con nada de lo que ella denomina castrochavismo. Por el contrario, lo que hay detrás es el miedo a la justicia. Al igual que el expresidente Uribe y gran parte del uribismo, Marta Lucía Ramírez sabe que de consolidarse el proceso de paz, habrá mucha justicia. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet se asesinaron 3.200 civiles. En los 8 años de gobierno Uribe, la Fiscalía investiga cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es decir, en 8 años de democracia se asesinaron más civiles por parte de agentes estatales que en 17 años de dictadura en Chile. Así que la oposición a la justicia transicional es miedo a la verdad y la justicia.
Marta Lucía Ramírez fue designada ministra de Defensa el 7 de agosto de 2002 y estuvo en el cargo hasta el 10 de noviembre de 2003. Durante su gestión hubo varios hechos, que en una justicia transicional, deberán ser juzgados y el país deberá conocer la verdad. Recordemos tres de ellos.
En primer lugar, las atrocidades y masacres que cometieron grupos paramilitares mientras había un supuesto cese al fuego unilateral y mientras se desarrollaban las conversaciones para lograr la desmovilización paramilitar. En el mes de noviembre de 2002, apenas dos meses después de la posesión de Álvaro Uribe como presidente, las AUC anunciaron un cese del fuego unilateral, que era la única condición que el Gobierno les ponía para sentarse a negociar. Y desde 2003 y hasta 2006 transcurrieron las desmovilizaciones paramilitares. Léase bien, las desmovilizaciones de paramilitares duraron 3 años y no 6 meses, como la de las Farc.
Desde ese momento las AUC violaron el cese unilateral, en lo que duró el mismo, se calculan poco más de 2.500 asesinatos, casi todos en la impunidad. Además, se cometieron decenas de masacres por parte de estos grupos paramilitares. Cerca de un centenar de masacres. Y como era de esperarse, Marta Lucía Ramírez nunca dijo nada. No dijo ni siquiera el 1 por ciento de lo que ha dicho del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, aun sabiendo que el proceso de desmovilización paramilitar fue terriblemente nefasto. No dijo nada de los homicidios selectivos, no dijo nada de las masacres, no dijo nada de nada.
Segundo ejemplo. En 2003, en pleno cese unilateral al fuego y en plena seguridad democrática, los paramilitares hicieron alianzas con políticos para las elecciones locales por todo el país: hicieron renunciar candidatos que no comulgaban con el paramilitarismo, asesinaron otros, hicieron proselitismo armado y la entonces ministra de Defensa que hoy habla y habla de democracia no dijo nada. En el departamento de Sucre los entonces alcaldes de San Onofre, Toluviejo, Palmito y otros fueron condenados por alianzas con paramilitares. En Casanare, 6 de los alcaldes elegidos en 2003 fueron condenados por vínculos con paramilitares. Trino Luna en Magdalena fue elegido gobernador con el apoyo paramilitar, en el Cesar fue elegido Hernandito Molina, el mismo al que muchos cantautores vallenatos le dedican canciones. ¿Y saben qué? a pesar de todo esto, Marta Lucía Ramírez no dijo nada. Los militares eran los encargados de custodiar las urnas y puestos de votación en esas regiones, no denunciaron nada, su jefa directa era Marta Lucía ¿cómplice o ingenua?
Tercero. Apenas se posesionó Uribe y en colaboración con la ministra de Defensa, se declaró el estado de conmoción interior mediante el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002. Luego, el 10 de septiembre de 2002, el Gobierno expidió el famoso decreto 2002 en el cual se consagraron las "Zonas de Rehabilitación y Consolidación". Aunque serían reglamentadas en el decreto 2929 del 3 de diciembre de 2002. Esto dio vía libre a todo tipo de desmanes en estas zonas. Por ejemplo, al mejor estilo de las dictaduras, en Arauca estadios completos fueron llenados de civiles capturados bajo la acusación de ser guerrilleros, meses después casi todos quedarían libres. En Algeciras, Huila, ocurrió lo mismo, casi la mitad de la población de la cabecera urbana fue capturada. Estos decretos permitían todo tipo de desmanes: capturas injustificadas, allanamientos, interceptaciones, entre otras.
Ven la razón por la que Marta Lucía se opone a la justicia transicional. Un ministro o ministra de Defensa no solo es responsable por lo que hace, sino también, por lo que deja de hacer. Bueno y claro, también la Operación Orión fue dirigida por Marta Lucía… Toda una honorable política.
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