La Corte Constitucional sigue legislando en favor de los promotores de la guerra en Colombia. Aceptó la tesis de los miembros del Centro Democrático, partido del narco-paramilitar número 82 y expresidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido promotores de la guerra a fin de esconder su inmensa corrupción, en momentos en que está en la palestra pública por su comprometimiento en los escándalos de corrupción más sobresalientes en la vida de la colombiana.
El senador Cepeda denunció que la Corte Constitucional ha abierto "una discusión sobre las leyes para implementar el acuerdo en el Congreso significa anular lo que se ha negociado durante en años en La Habana y darle un golpe al espíritu del acuerdo de paz".
Es de tal gravedad la situación que el máximo comandante de las FARC-EP llamó a los guerrilleros en las Zonas Veredales Transición de Normalización (ZVTN) a Asamblea Permanente, lo cual significa el análisis de una situación de mucha gravedad para el curso de la implementación del Acuerdo de Paz.
Los medios de comunicación como siempre empeñados en negar la gravedad de las acciones que perjudican las fuerzas populares y los funcionarios del propio gobierno en negar que "el palo no está para cucharas". El comandante del secretariado de la FARC-EP, Pastor Alape fue enfático en señalar que "la decisión de la Corte no ayuda a la implementación del Acuerdo, abre las puertas para regresar a la guerra".
Es de señalar que el Terrorismo de Estado, adelantado por algunos miembros miembros de la Fuerza Pública, en connivencia con politiqueros que pretenden esconder su inmensa Corrupción con la guerra, y en contubernio impúdico con los narco.-paramilitares, ya ha arrojado el asesinato (plan pistola o ejecuciones extrajudiciales) de más de 151 líderes poblarles y el asesinato de 2 guerrilleros y de familiares de guerrilleros no inmersos de manera alguna en el conflicto interno colombiano.
Todo ello contribuye a crear un clima de inestabilidad y de pérdida de confianza en las autoridades presidenciales y judiciales, que parecieran desear conseguir en los estrados judiciales lo que no consiguieron en el campo de guerra. Seria imprescindible un timonazo por parte del presidente JM Santos, mas no sabemos si está n el presupuesto del presidente Santos o si todo lo que pasa estaba calculado de antemano para asesinar a los guerrilleros ubicados en lasZVTN.
Sobre el gobierno recae toda la responsabilidad si el Proceso de Paz fracasa toda vez que las FARC-EP ha cumplido a cabalidad el compromiso adquirido con el Acuerdo Final de Paz y ha cumplido con la sociedad colombiana, especialmente con su pueblo empobrecido por las políticas adelantadas desde el estado.
El pueblo tendrá que movilizarse con toda su energía para parar los intentos de saboteo del Acuerdo de Paz. De no hacerlo así quizás los colombianos de bien estaremos abocados a vivir otros 53 años de guerra interna con toda su estela de muertes, desaparecidos, masacres, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzados.
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