Las cifras de agresiones son preocupantes, y Cauca es uno de los departamentos más afectados. Análisis detallado de las características, las motivaciones y los posibles responsables de esta grave amenaza para la paz y la democracia en el post-acuerdo.
Eduardo Álvarez Vanegas*
Cifras nacionales
En las últimas semanas se han conocido reportes de diferentes organizaciones sobre la persistencia de la violencia en diferentes regiones del país, la situación en materia de derechos humanos y las agresiones contra líderes sociales.
En 2016, el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó 389 agresiones contra líderes. Las amenazas son la modalidad principal de agresión (210), seguidas por las violaciones a la privacidad y la propiedad (72), los homicidios (63), los ataques (44), la desaparición forzada (3) y la violencia sexual (1).
El Programa Somos Defensores (PSD) identificó 481 agresiones en el mismo período. Entre ellas se encuentran 317 amenazas, 80 asesinatos, 49 atentados, y 2 desapariciones forzadas. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) registramos 684 agresiones: 559 amenazas, 77 homicidios, 21 tentativas de homicidio y 4 desapariciones forzadas. Y durante los dos primeros meses de 2017 registramos 73 agresiones que representan un aumento del 28 por ciento respecto al mismo período de 2016.
A su vez, la Defensoría del Pueblo reportó 577 agresiones en 2016 a personas que tenían algún nivel de liderazgo en sus comunidades. Entre estas hubo 111 homicidios, 431 amenazas, 30 ataques y 5 desapariciones forzadas. Es más, recientemente la misma entidad identificó 310 organizaciones en situación riesgo. Finalmente, el portal Verdad Abierta ha contabilizado 13 homicidios en lo que va de 2017.
A pesar de las diferencias en las cifras –que ya de por sí suscitan serias preguntas–, quienes estamos monitoreando los diferentes tipos de violencia contra líderes sociales coincidimos en cuatro puntos:
- Sus víctimas son variadas. Hay líderes indígenas, comunales, campesinos, sindicales, defensores de derechos humanos, de víctimas y de restitución de tierras, entre otros.
- Las agresiones aumentaron durante las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC, sobre todo a partir de 2014. Las amenazas –expresadas a través de panfletos, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos– siguen siendo la principal forma de violencia.
- Los homicidios no se dan por igual en todo el país, sino que están concentrados en ciertas regiones. Cauca es uno de los departamentos más afectados, al lado de Antioquia, Córdoba y Norte de Santander.
- No hay un único responsable. En la FIP hemos identificado como presuntos responsables a organizaciones del crimen organizado, poderes locales o particulares que contratan sicarios, ELN, EPL, Fuerza Pública, disidencias y milicias de las FARC, Águilas Negras (con todas sus variaciones), Rastrojos, intermediarios de narcotraficantes y de mineros ilegales y, en una gran proporción, “desconocidos”.
Lo anterior contradice la hipótesis maximalista –que le atribuye la responsabilidad al paramilitarismo en general– y también la minimalista, esbozada torpemente por los ministros de Defensa y del Interior. Este último le atribuyó, sin fundamento alguno, la responsabilidad de los asesinatos de los líderes sociales al Clan del Golfo, sin considerar siquiera a otros responsables que permitan reconocer la existencia de una gran variedad de agentes de coerción privada.
El caso de Cauca
 Líder de Toribío, en Cauca, una de las regiones más afectadas por el asesinato de líderes. Foto: Alcaldía de Toribío Cauca |
De acuerdo con la FIP, este año se han cometido siete homicidios en Cauca. Verdad Abierta reporta cuatro. Por otra parte, el informe de la ONU identificó a Cauca, con 14 homicidios, como el departamento con más homicidios en 2016, y el PSD contabilizó en ese mismo año 24 homicidios, es decir, 15 más que en 2015.
Las diferencias territoriales explican, en cierta medida, la razón de las agresiones en cada zona del Cauca. En el norte las agresiones están dirigidas a silenciar a los líderes que le están apostando a la sustitución de cultivos de marihuana y coca. No es casualidad que en 2016 los homicidios se hayan concentrado en Caldono, Caloto y Corinto y que la población indígena sea una de las más afectadas.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha venido advirtiendo de estas agresiones, que siguen ocurriendo a pesar del control territorial que ejerce a través de la guardia indígena. Esta situación ha resultado en la entrada de pequeños grupos de narcos –liderados por alias el Paralítico– a las zonas que controlaba el Frente 6 de las FARC. Cabe anotar que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), esta zona es un “territorio afectado por primera vez en los últimos 3 años” por cultivos de coca.
Las agresiones aumentaron durante las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC. Las amenazas siguen siendo la principal forma de violencia.
Ahora bien, las milicias del Frente 6 de las FARC también estarían tras estos negocios y, al parecer, están usando el brazalete del ELN. Además, se habla de un grupo que se identifica como PG-EP o “Patria Grande - Ejército del Pueblo”. En esta zona también se han presentado amenazas de las Águilas Negras.
Del sur y centro del departamento hay varias lecturas. En la zona de Rosas, Patía, Almaguer, Bolívar y Mercaderes, donde el ELN ha tenido presencia histórica, las agresiones estarían dirigidas a los líderes que se han manifestado en contra de la minería ilegal, una economía criminal que deja entre 3.000 y 4.000 millones de pesos mensuales y que secó el Río Sambingo. Tal es el caso reciente de Faiver Cerón Gómez, asesinado en Mercaderes, el 18 de febrero de este año, quien además impulsó la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Aunque parece haber certeza sobre las motivaciones en estos casos, los responsables materiales e intelectuales son difíciles de establecer. Los organismos de investigación culpan al ELN, pero este grupo negó vehementemente su responsabilidad. Por otra parte, los líderes de la región señalan como responsables a múltiples actores: redes de intermediarios de narcos, cabezas de frentes mineros e integrantes del ELN que cobran impuesto por estas actividades.
En la zona rural de Argelia y El Tambo –enclaves cocaleros de vieja data y que concentran más del 50 por ciento del área sembrada de coca en el Cauca– el panorama tampoco es alentador. Con el desmonte de los sistemas de protección liderados por las FARC, esta región está enfrentando un vacío de autoridad gracias al cual milicianos del Frente 60 de esta guerrilla, redes de intermediarios y pequeños narcos están tomando el poder (algunos reciben el nombre de “Los Cabezones”, “Los Pastusos”, “Los Paisas”).
También estarían entrando supuestos disidentes del ELN, aunque otras fuentes dicen que se trata de disidentes de las FARC que nunca llegaron a la zona veredal de Buenos Aires y que están intercambiando brazaletes para distraer. Igualmente, está presente la amenaza para los campesinos que le quieren apostar a los acuerdos de sustitución y que han quedado entre la presión de las organizaciones campesinas para que no firmen dichos acuerdos y la coacción de los grandes cocaleros para que continúen sembrando.
En este complicado contexto están ocurriendo las agresiones a líderes y miembros de estas comunidades. Para estas agresiones se pueden identificar cuatro motivaciones enmarcadas dentro de la violencia “oportunista” o “estratégica”[1]:
- Individuos con cierta influencia o poder que están sopesando los riesgos de la sustitución y atentan contra quienes se apeguen a los mismos;
- Venganzas y ajustes de cuentas que están aflorando luego de la salida de las FARC, pues algunos líderes campesinos son aún vistos como cercanos a esta guerrilla gracias a las relaciones establecidas entre grupos armados y población civil;
- Aumento de la delincuencia común, que estaría detrás del hurto de insumos químicos y del dinero producto de transacciones por la venta de raspa o de pasta base;
- Competencia entre grupos armados para continuar con el negocio y que fácilmente atentan contra quienes sean vistos como “agentes de la sustitución en una región donde la autoridad del Estado es un chiste”, como me lo explicó campesino.
Finalmente, está el litoral caucano (Lopez de Micay, Guapi, Timbiquí) que sigue siendo foco de minería ilegal y de salida de coca por el Pacífico. Por la dificultad de circulación en esa zona, no se sabe con claridad qué está pasando allí con los líderes y la comunidad en general. Lo que es claro es que el ELN y grupos de diversa índole continúan controlando segmentos de las economías criminales y que se ha denunciado la presencia de intermediarios de carteles mexicanos. Las presiones sobre Argelia y El Tambo se entienden, en gran medida, por lo que allí ocurra, a lo que se suman las denuncias sobre presencia de milicias de las FARC, hombres armados sin identificar y confinamiento de poblaciones indígenas.
¿Avances en el Estado?
 Memoria por líderes víctimas del conflicto. Foto: Centro de Memoria Histórica |
Con respecto a lo que ocurría hace un año, hay que reconocer algunos avances, a pesar de la respuesta tardía e improvisada que en ese momento dio el gobierno nacional. Los comités interinstitucionales y las mesas regionales están creando un clima de diálogo que es importante para compartir información y lograr una mejor coordinación entre las instituciones del Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional.
Plantear las estrategias para prevenir diferentes tipos de violencia debe ser una de las prioridades de la paz territorial.
En el caso del Cauca, la Fiscalía General de la Nación, de la mano con otras instancias del Estado, avanza en la implementación de protocolos y líneas de acción que permitan adelantar investigaciones criminales relacionadas teniendo en cuenta sus respectivos contextos. Algunos líderes campesinos e indígenas ven esto con buenos ojos, pues se resisten a creer que estos casos sean aislados. No obstante, todavía se esperan respuestas concretas y medidas de prevención que consideren los riesgos de los entornos rurales, cuya dimensión real desconocemos.
Así mismo, incluso si estas investigaciones determinan que algunas de estas agresiones (amenazas u homicidios) no tienen que ver con la labor de las víctimas seguirá habiendo un elemento preocupante. Estas agresiones deberían prender las alarmas frente al riesgo de que persistan o aumenten diferentes tipos de violencia, no solo contra líderes sociales, sino contra la población en general.
Al respecto, habrá que ver los resultados de estrategias como el Plan Victoria o las que diseñen instituciones como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Estos dependerán de que quienes allí participen estén dispuestos a aceptar las verdaderas motivaciones y responsables detrás de estos hechos, a ponderar las diferentes y posibles causas y a no negar la gravedad de la situación actual, aunque sin inflar las cifras o inventar falsos líderes.
Lo último que queremos los colombianos es quedar atrapados en un limbo donde no hay guerra ni hay paz. Plantear las estrategias para prevenir la reincidencia en diferentes tipos de violencia debe ser una de las prioridades de la paz territorial o quizá, de manera más realista, de la paz fragmentada.
* Director del área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz; magíster en Antropología Sociocultural de la Universidad de Columbia y politólogo de la Universidad Javeriana.
@ealvarez80
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