La necesaria JEP

Por JAIRO GÓMEZ | revista semana.

La JEP es un sistema para no dejar en el olvido los crímenes de la guerra y propende por la construcción de la memoria histórica como país.

“El capitalismo se hizo para darle oportunidades a la gente, no para cegarles la vida”, esta reflexión no es del papa Francisco, tampoco de un filósofo moderno o un político preocupado, es de un campesino del departamento de Cesar que lleva más de 20 años a la espera de que la justicia le ayude a recuperar sus tierras.

Si usted camina el norte del departamento las miles de víctimas con que se topa transmiten desesperanza, escepticismo y nostalgia. Lo poco que tenían se lo quitaron y no hay como recuperarlo. El futuro es incierto aunque se ilusionan cuando hablan del posconflicto; tienen la certidumbre de que la Justicia Especial Para la Paz (JEP) les dará la oportunidad de recuperar la vida. No quieren saber nada de la 1448 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras– porque, dicen con entereza, quienes la aplican lo hacen “a su antojo y, casi siempre, favoreciendo a los terratenientes y las empresas mineras” que operan en la región.

La JEP es un sistema para no dejar en el olvido los crímenes de la guerra y propende por la construcción de la memoria histórica como país. Quienes se oponen pretenden la impunidad y que la comunidad internacional ignore una verdad que quieren ocultar a toda costa. 

Tratar de recomponer el tejido social del país necesariamente tiene que pasar por las más de ocho millones de víctimas que hoy registra la Unidad Nacional. Son ocho millones de almas anónimas que han aguantado el conflicto de mil maneras, pero en la mayoría de los casos por el despojo criminal de sus propiedades y sus fincas.

No en vano en el Acuerdo Final tanto el Gobierno como las FARC pusieron a las víctimas en el centro de la negociación porque sólo desde ahí se podía garantizar la reconciliación de la sociedad colombiana. En muchos casos no hay tumbas para llorar y el superviviente lo sabe, pero abriga la esperanza de que el compromiso de las partes en conflicto, incluidos los financiadores de la guerra, cuenten la verdad sobre la violencia política. Quienes sufren hoy quieren tener una segunda oportunidad.

Por muy dura que sea, es necesario saber la verdad de este conflicto, sin lugar a dudas, y corresponde al Congreso y a los partidos políticos honrar el Acuerdo de Paz y proveer a La Justicia Especial para la Paz de los adecuados instrumentos para que los colombianos conozcamos, desde los protagonistas, la atrocidad de una guerra que no queremos repetir.

De parte de los medios de comunicación, equivocados en el cubrimiento periodístico de estos 50 años de guerra, se hace necesario un acto de contrición para que asuman con responsabilidad y prioridad la etapa del llamado posconflicto, y la mejor manera de hacerlo es volcarse a contar la realidad del país desde las víctimas, desde sus experiencias, pues ahí está el relato que necesita Colombia para neutralizar el germen de futuras guerras.