Ser secretario general de Presidencia le pareció poca cosa a Néstor Humberto Martínez cuando Juan Manuel Santos le ofreció ese puesto honorífico. A cambio, sugirió un título acorde con su imagen: “Ministro de la Presidencia”, que derivó, en las notas de prensa, en la ególatra denominación de “súperministro”, un nombre que hizo mucho ruido aunque duró poco pues su interés real estaba centrado en un plan que ya empezaba a poner en marcha. Como en un trampolín de alta elasticidad, se retiró después de haber dividido el Palacio de Nariño entre aliados y enemigos suyos, para desarrollar la parte final de su doble agenda: de un lado, buscaba que su famoso bufete particular diera un salto cuantitativo en negocios los cuales, de todos modos, no le faltaban; y del otro, que lo eligieran en uno de los cargos públicos más poderosos del Estado: la Fiscalía General. Sus aspiraciones fueron satisfechas con lujo de resultados: su oficina de abogados pasó de ser una empresa familiar a firma asociada con una multinacional del derecho, DLA Piper. Por su parte, la Corte Suprema se hizo la ciega y la sorda ante las advertencias que hicimos unos cuantos columnistas sobre los gigantescos conflictos de interés que tenía este peculiar personaje de la vida nacional y lo eligió hasta con el voto de los magistrados decentes, doblegados por el miedo.
Ahora, el fiscal general pretende que esa corte complaciente y también de elástica moral, sea la que sentencie que él no está impedido para ser el jefe investigador del escándalo Odebrecht. Descalificándolo de manera casi infantil como “candidato político”, Martínez cree que puede acallar las evidencias irrefutables que ha encontrado el senador Jorge Enrique Robledo sobre las asesorías jurídicas que la oficina privada del fiscal, ayer dirigida por él y hoy manejada por sus hijos, les ha dado al Consorcio Ruta del Sol II y a Navelena (ver documentos 1, 2, 3, 4 y 5). Y ¡estos dos proyectos que Odebrecht quería y obtuvo para sí mediante multimillonarios sobornos constituyen el eje de la corrupción que deberá descubrir el ente dirigido por el propio Martínez! Pese a que los mismos grupos sociales que ayer homenajeaban al fiscal tildándolo de “súperministro”, hoy le hagan sordina a los graves hallazgos del senador Robledo, no será fácil que Martínez Neira se deshaga de estos con la disculpa de que él “no tiene a su cargo ninguna de las investigaciones” de Odebrecht y que, en su lugar, la competencia de los procesos están en manos de cinco fiscales “que actúan de manera autónoma e independiente”. Ni sus amigos le dan crédito a tamaña simulación.
Pero si existiera alguna duda sobre quién manda en la Fiscalía, Martínez acaba de matarla con la Resolución 1053 que firmó la semana pasada en que, por coincidencia, endurece mucho más el reglamento interno que se ingenió Eduardo Montealegre sobre las funciones de unos comités técnicojurídicos que examinan la tareas de los fiscales locales y delegados. Una sola frase para demostrar en dónde se toman y quiénes asumen las decisiones últimas en el ente investigador, versión Martínez Neira: “en estos casos (de revisión), prevalecerá lo decidido por el comité convocado por los funcionarios mencionados (directores seccionales, fiscal general y vicefiscal)”. Y añade: “el desconocimiento de una decisión adoptada y aprobada por los miembros del comité dará lugar a responsabilidad disciplinaria (por parte del fiscal de cada caso)”.
La maraña administrativa y judicial bajo la cual funciona, en la actualidad, la Fiscalía General, solo se compara con su equivalente en la vida particular de Martínez e hijos a quienes el senador Robledo les descubrió diez personerías jurídicas y 21 razones sociales distintas para el mismo bufete (ver). ¿Por qué y para qué crearon tantos laberintos públicos y particulares? Hasta donde nuestra corta comprensión alcanza, uno puede concluir que se armaron para que nadie descubra el entramado de impedimentos que enreda al fiscal.
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