Por JAIRO GÓMEZ | revista semana. 2017/03/22
Todo parece indicar que la estrategia de Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical es obstaculizar la JEP
Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.
Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.
Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.
Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta.
Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC.
De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.
Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta.
Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC.
De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.
Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda.
Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.
Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.
“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.
Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.
@jairotevi
Publicar un comentario