Me parece que los partidarios del sí están permitiendo que en el crucial debate de la impunidad los lleven al terreno más desfavorable posible.
Por: Francisco Gutiérrez Sanín - El Espectador.
Los adversarios de la paz plantean el problema en términos jurídicos simples. Primero, las Farc han cometido muchísimos crímenes atroces. Segundo, las penas que recibirán no son proporcionales al tamaño de tales delitos. La paz es un pacto que favorece a los criminales. A esta acusación varias personas, incluyendo el presidente, han respondido con una débil defensa: yo también hubiera querido castigos proporcionales, pero ese es el costo de pactar la paz.
El problema de este argumento, así como de otros análogos, es que elude el contenido político del acuerdo. Y la paz es EL pacto político por excelencia. ¿Qué puede decir la política sobre el crucial debate acerca de la impunidad?
Al menos tres cosas. La primera, y fundamental, es la que subrayó de la Calle en su discurso de cierre. Aquí no solamente los de las Farc han cometido crímenes atroces. Muchos lo han hecho. Leí hace poco un tuit de Aída Abella acerca de los 5 mil copartidarios que tuvo que enterrar. Aunque naturalmente no es cierto que el Tribunal Especial vaya a desatar una cacería de brujas contra los empresarios, tampoco lo es que los paramilitares hayan operado en un vacío social e institucional. Las estupendas crónicas de Juan David Laverde que ha venido transmitiendo el Canal Caracol ("Tras las huellas del horror") ilustran esto de manera fehaciente. El acuerdo de paz nos permite poner fin a la guerra y a la vez sincerarnos como sociedad, sin generar desestabilizaciones irreparables pero a la vez identificando qué se hizo y mal y qué no se puede repetir.
Segundo, y relacionado con lo anterior, el estado colombiano simplemente no tiene la capacidad para procesar todo el daño que se ha hecho en estas décadas. Ejemplo obvio: pese a contar con funcionarios muy comprometidos y de primer nivel, Justicia y Paz está muy lejos de llegar al centenar de sentencias después de años de operación. Tercero, en comparación con la situación actual (cero confesiones), el acuerdo es una mejora enorme, que conduce al esclarecimiento de verdades literalmente de vida y muerte, que han quedado escondidas durante años bajo capas de miedo y violencia. Por consiguiente, no se trata de escoger entre castigo e impunidad como se plantea ingenuamente. Se trata de escoger entre paz con verdad o guerra a ciegas.
El acuerdo, pues, no es un sapo, sino una lechuza, que es el símbolo del conocimiento (y ya se sabe: las lechuzas comen sapos con gusto). Pero es a esto precisamente a lo que tiene miedo cerval el uribismo. La impunidad para los paramilitares no le molestó nunca, como nos recuerda Laverde con el alcalde de los Robles cuyo asesino fue premiado por el propio Uribe con una embajada en Chile. Ni siquiera la impunidad para las Farc le pareció tan terrible, como lo destacó Coronell en 2014: estaba hasta proponiendo cambios constitucionales para darle curules. Lo que siempre le aterró fue la verdad: que saliera a la luz, en voz de los protagonistas, quién le hizo qué a quién. Pues tiene un entorno y unos apoyos a los cuales defender. En las palabras inefables del inefable Lafaurie: "el vecino, el amigo, el compadre..."
Es aquí donde tenemos una contradicción. Pues estas verdades, obtenidas al costo de rebajas de penas cuya probabilidad de imposición era en todo caso bajísima en situación de guerra, es un gran negocio para la sociedad colombiana. Nos permite obtener los materiales sociales, institucionales y políticos indispensables para la reconstrucción. Frente a esto, lo que Uribe tiene que decirnos a los colombianos es que debemos seguir mandando a nuestros hijos al matadero para que nadie pueda tocar a sus amiguitos traviesos.
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