Indalecio Dangond B. 4 Abr 2014 - 11:00 pm
No cayó nada bien en las organizaciones
campesinas del país el nombramiento del cuestionado ex presidente de
Finagro, Cesar Pardo, como Gerente del Pacto Agrario.
Por: Indalecio Dangond B.
En
la columna pasada informé al ministro de agricultura de la
inconveniencia de esta designación por las razones que a continuación
expongo.
El
año pasado el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción de la
Contraloría General de la Republica, José Miguel Char, en el Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 80183-064-629, firmó un fallo contra Cesar
Pardo declarándolo fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por
la suma de $2.834.599.645, por haber desarrollado una gestión fiscal
antieconómica e ineficiente generando un daño al patrimonio de Finagro
cuando se desempeñaba como presidente de dicha entidad.
En
la entrevista del pasado 29 de marzo al Espectador, el señor Cesar
Pardo, afirmó que ese fue un “proceso absurdo en el que se le vinculó
después de haber salido de la presidencia de Finagro en octubre de 2005,
cuando los hechos investigados eran de noviembre y diciembre de ese
año”. Ver entrevista.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-nombre-polariza-gerente-del-pacto-agrario-articulo-483634.
Claramente, el señor Cesar Pardo
le mintió al país, a las organizaciones campesinas y al inocente
ministro de la cartera agraria, porque según consta en el fallo
proferido por el Delegado Anticorrupción de la CGR, si fungía como
presidente de Finagro para la época de los hechos en cuestión (12 de
octubre de 2005). Si bien es cierto que el proceso prescribió por
vencimiento de términos, ello no lo exime de la censura moral.
En
dicha entrevista, también pretendió restar importancia a la
investigación y formulación de pliegos de cargos que le ordenara la
Procuraduría General de la Nación cuando fue presidente del Banco
Agrario por la presunta irregularidad en la vinculación de personal con
violación a la legislación laboral contenida en el articulo 6 del Código
Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50 de 1.990. La
investigación señala que a través de la figura de vinculación directa y
empresas temporales se contrataban trabajadores por seis meses
prorrogables, encontrando personal vinculado por mas de 4 años
cumpliendo actividades que no eran ocasionales, sino, que correspondían a
funciones propias del objeto del banco. Extrañamente la investigación
fue archivada.
Pues esta es la
persona que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde a
designado para ejecutar el billón de pesos que el Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos ha destinado para invertir en lo que resta
del año, en proyectos campesinos para mejorar el bienestar, ingreso y
capacidades para el desarrollo rural y agropecuario. Delicado encargo.
El
mecanismo que escogieron para la ejecutar el billón de pesos -que
aportamos los colombianos con el impuesto del 4x1000-, son los
ineficaces y cuestionados Consejos Municipales de Desarrollo Rural
(CMDR) y Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), unos
burócratas expertos en gastarse los dineros públicos en proyectos
agrícolas y ganaderos ineficientes y poco rentables.
La
solución es instituir los POT rurales para establecer el uso y vocación
de los suelos de los municipios y organizar las escuelas de
emprendimiento rurales que proporcionen a los jóvenes campesinos
contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la corrección de sus
propias ineficiencias y que den prioridad al entrenamiento y desarrollo
de habilidades más que a satisfacer intereses individuales de negocio.
Si
el Gobierno Nacional no revisa este delicado tema, el año entrante
veremos el billón de pesos invertidos arrumes de tractores desbalijados,
cultivos ineficientes, campesinos igual de pobres y al gerente del
Pacto Agrario envainado nuevamente con los organismos de control.
@indadangond
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