Conclusiones preliminares de la décima misión asturiana e irlandesa de verificación de la situación de los derechos humanos del 14 al 28 de marzo 2014. Rueda de prensa: Jueves 27 de marzo a las 8,30 am
“De la retórica de la normalización a la cruda realidad de violación estructural de los derechos humanos”
Finalizada la visita de la décima misión asturiana e irlandesa de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia, compuesta por representantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas del Estado español e Irlanda, y realizada en el marco del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, presentamos una primera valoración de la misma.
Con carácter previo queremos agradecer al conjunto de defensores-as de derechos humanos, sindicalistas, comunidades campesinas, activistas políticos, representantes de organizaciones sociales, feministas, del movimiento indígena y afrodescendiente en los departamentos de Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander y Bogotá, su disponibilidad, la información y documentación aportada, aún a riesgo en algunas ocasiones de su propia seguridad. Asimismo, agredecemos a las instituciones del Estado colombiano que han aceptado reunirse con la misión, aunque debemos reseñar la falta de interés de algunas instancias del Gobierno por mantener las reuniones solicitadas con suficiente antelación.
La misión elaborará un informe completo con sus resultados y valoraciones definitivas que presentará en los próximos meses a las instituciones oficiales de Asturias, España, Irlanda y Colombia, así como a la Unión Europea, los organismos de Naciones Unidas y al público en general. De las informaciones recibidas podemos extraer con caracter preliminar las siguientes consideraciones.
1. Continuan las violaciones de los derechos humanos en una extensión e intensidad que no permite hablar de una situación en vías de normalización. Es lo que se denuncia por las comunidades en Buenaventura, Catatumbo, Timba y Tambo -Cauca, finca Tranquilandia en Aracataca y en ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Los datos estadísticos ofrecidos por el Programa Somos Defensores, y las cifras de las organizaciones de derechos humanos que registran 79 defensores-as asesinados en el 2013, dan cuenta de un incremento de las agresiones en un 2,4 % en 2013 con respecto al año anterior, o los publicados por la Escuela Nacional Sindical que contabilizan 5 casos más de homicidio y 6 más de atentados en 2013 con respecto al año anterior, coinciden con la percepción generalizada de las organizaciones sociales y las víctimas recogida por la misión, lo que supone un agravamiento de hecho de la situación de derechos humanos.
2. Frente a esta realidad llama la atención el discurso oficial, reiterado en los medios de comunicación y en las reuniones mantenidas, de un proceso de normalización en la situación de los derechos humanos en Colombia. Diferentes organizaciones denunciaron la manipulación informativa que pretende encubrir la responsabilidad oficial, la estigmatización de quienes protestan y la impunidad generalizada de los más graves abusos cometidos. La misión considera que la veracidad en la información oficial y la apertura de canales de comunicación pública para las víctimas son imprescindibles como punto de partida para avanzar en este ámbito.
3. La misión ha recibido una la opinión generalizada en la totalidad de las regiones visitadas de la persistencia del paramilitarismo, a pesar de los procesos de desmovilización. Son los casos del Cauca en municipios como El Tambo, Sucre, Balboa, Buenos Aires y Argelia, en el Magdalena (Aracataca) y en otros lugares. Las denominadas por el Estado bandas criminales (BACRIM) mantienen la estructura paramilitar con el apoyo de sectores empresariales y la financiación del narcotráfico. Las denuncias de connivencia de la fuerza pública y de algunas autoridades locales con estas organizaciones criminales han sido constantes, así como la insistencia de la fuerza pública en negar la existencia de estos grupos y sus alianzas. La próxima liberación de líderes paramilitares acogidos al proceso de la ley de justicia y paz, lo que les permitió una significativa reducción de penas, como es el caso de Jorge Ivan Laverde “El Iguano” en el Norte de Santander, unido al mantenimiento de sus estructuras y vínculos económicos y políticos, está generando alarma social en numerosos departamentos del país.
4. En relación al conflicto armado se han recogido continuas denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como la falta de respeto del principio de distinción entre combatientes y civiles, la ubicación de instalaciones militares en el centro de los cascos urbanos de las poblaciones o en la cercanía de dotaciones públicas como colegios y hospitales. En las regiones campesinas se han denunciado casos de abusos cometidos contra la población civil, incluyendo la destrucción de cultivos de pancoger y las restricciones injustificadas de la libertad de movimientos.
5. La misión ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza pública contra quienes reivindican los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recogiendo testimonios muy claros de sindicalistas (en toda la región del Caribe, como por ejemplo en el ámbito de la salud con los representantes de ANTHOC en el departamento del Atlántico), estudiantes (en Norte de Santander, que denunciaron el papel de las empresas de seguridad privada de las Universidades y sus vínculos con el paramilitarismo), campesinos (en Aracataca, Fundación, Chiriguaná y Tibú), indígenas (en Cauca) y mujeres (en Bogotá D.C.).
6. La misión ha podido recoger testimonios escalofriantes de la dramática situación carcelaria que vive Colombia. A pesar de la declaración de la Corte Constitucional, las autoridades no han tomado medidas efectivas para eliminar el hacinamiento y la violación de los derechos de los internos. La población carcelaria ha aumentado en el último año y supera ampliamente la capacidad del sistema. Los prisioneros políticos sufren una situación de hostigamiento y discriminación, especialmente grave en la mala atención médica que reciben como se demuestra en los casos de los prisioneros políticos que son abandonados enfermos para que mueran, como es el caso de RAMON EMILIO MALLARINO IBARGUEN, en la cárcel de Cómbita el 18 de marzo/14, ANGEL PARRA BERNAL, enfermo de leucemia en el Patio 14 de la Picota, a quien le niegan los medicamentos, FLORISELDA FALLA BALLEN, detenida en el Patio 6 del Buen Pastor, con un brazo herido de bala a punto de gangrena. Las comunidades denuncian como persecución política los montajes judiciales que acaban en detenciones de líderes sociales como HUBER BALLESTEROS, FRANCISO TOLOZA,
7. Con relación a las víctimas de violaciones a derechos humanos ha sido general la queja de la dificultad en el acceso a la Justicia, por los costes de desplazamiento, la opacidad, la falta de asistencia letrada y la lentitud de los procedimientos. A lo anterior se añaden los recortes en la protección por la Unidad Nacional de Protección alegando restricciones presupuestarias. En las comunidades de desplazados se denuncia la ausencia de las ayudas establecidas en la normativa vigente o su desvío a obras innecesarias. En general, se reconoce la profusión de normas jurídicas protectoras, así como el discurso favorable a las víctimas, aunque al mismo tiempo se denuncia su falta de aplicación en la práctica. Se ha manifestado una preocupación generalizada ante la posible retirada en 2014 de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se constató la ineficacia de la Ley de Víctimas.
8. La misión ha podido constatar la parálisis del proceso de restitución de tierras y las amenazas recibidas por quienes defienden la recuperación de las mismas. Los desplazados de la finca Tranquilandia (Aracataca, Cesar) manifestaron a esta misión que, ante las amenazas recibidas, sólo retornarían con acompañamiento internacional; esta petición de protección fue reiterada en las diferentes comunidades campesinas visitadas. La misión recibió información de cómo desde el Gobierno, al menos en la región de Urabá, se condiciona la culminación del proceso de restitución a los informes de seguridad del Ejercito.
9. En las mismas comunidades campesinas se denunciaron los intereses creados por los terratenientes y las empresas que se beneficiaron del despojo. El uso abusivo de los recursos hídricos y la deforestación, en muchas ocasiones originadas por las grandes plantaciones de palma africana, está teniendo graves efectos en las distintas regiones visitadas. Asimismo, las actividades mineras de las multinacionales, o aquellas llevadas a cabo de forma clandestina, están teniendo un grave impacto en el medio ambiente, en la escasez de agua, por ejemplo en el centro del departamento del Cesar y en el Casanare, lo que atenta contra la sostenibilidad de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Grandes empresas fueron acusadas de beneficiarse de las violaciones de los derechos humanos y de violar derechos laborales y ambientales, como Bioagroindustrial, Pacific Rubiales, Tcbuen, Drummond, Cerrejón, Anglo Gold Ashanti, y entre otras las bananeras y comercializadoras Fyffess, Uniban-Turbana.
10. El impacto de los tratados de libre comercio limita las posibilidades de subsistencia de las comunidades campesinas, lo que se suma al despojo vivido con el desplazamiento forzado, las fumigaciones aéreas y la expropiación de las tierras. La lógica impuesta por los mismos ha reforzado una dinámica extractivista y la orientación de la producción hacia mercancias destinadas a la exportación, lo que afecta a la seguridad alimentaria de las regiones. Fueron muchas las denuncias presentadas por trabajadoras informales por la persecución brutal de la fuerza pública y el creciente control paramilitar del espacio público en ciudades como Cúcuta y Buenaventura.
11. La violencia contra las mujeres no cesa en el marco del conflicto armado y fuera de él. En el primer ámbito es preciso destacar el aumento de las agresiones y la prostitución en las regiones con un elevado grado de militarización. Asimismo, en las zonas urbanas, las mujeres pobres y las victimas del desplazamiento forzado tienen un elevado grado de desprotección. La reforma en 2013 del fuero penal militar ha reforzado la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos.
12. La misión tuvo denuncias de la violación de los derechos políticos, en especial por la generalización de la compra de votos en numerosas regiones del país en las pasadas elecciones y la imposibilidad real de participación de opciones que plateen una alternativa al actual sistema, sobre todo en las regiones sometidas a control paramilitar. El caso de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, tiene una relevancia crucial en esta materia; destituido por una decisión administrativa, constituye un claro atentado a la soberanía popular y arroja dudas sobre los alcances que en materia de participación política se logren en las conversaciones de La Habana. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno colombiano desconozca las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un grave precedente desestabilizador del sistema Interamericano de derechos hjumanos. Por todo ello, llama la atención el silencio de la comunidad internacional y, en especial, de la Unión Europea y de los Gobiernos de España e Irlanda.
En Bogotá, a 27 de marzo de 2014.
INTEGRANTES DE LA X DELEGACION ASTURIANA E IRLANDESA
Mauricio Valiente Ots, Diputado en el parlamento de Madrid
Ana Garcìa Calleja y Ana Andrés Ablanedo, de Soldepaz Pachakuti, Asturias
José Manuel Fernandez Gonzalez, del sindicato Comisiones Obreras, Asturias
Enrique Alcalde Jimenez, ISI de Burgos
Michael Dowling, de SITPU, Justicia para Colombia, Irlanda
Jose Antonio Gutierrez Danton, LASC, Grupo Raices, Irlanda
Javier Orozco Peñaranda, Programa de Derechos Humanos, Asturias
Teresa Palop Torelló, Frontline Defenders, Irlanda, organización observadora.
Finalizada la visita de la décima misión asturiana e irlandesa de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia, compuesta por representantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas del Estado español e Irlanda, y realizada en el marco del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, presentamos una primera valoración de la misma.
Con carácter previo queremos agradecer al conjunto de defensores-as de derechos humanos, sindicalistas, comunidades campesinas, activistas políticos, representantes de organizaciones sociales, feministas, del movimiento indígena y afrodescendiente en los departamentos de Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander y Bogotá, su disponibilidad, la información y documentación aportada, aún a riesgo en algunas ocasiones de su propia seguridad. Asimismo, agredecemos a las instituciones del Estado colombiano que han aceptado reunirse con la misión, aunque debemos reseñar la falta de interés de algunas instancias del Gobierno por mantener las reuniones solicitadas con suficiente antelación.
La misión elaborará un informe completo con sus resultados y valoraciones definitivas que presentará en los próximos meses a las instituciones oficiales de Asturias, España, Irlanda y Colombia, así como a la Unión Europea, los organismos de Naciones Unidas y al público en general. De las informaciones recibidas podemos extraer con caracter preliminar las siguientes consideraciones.
1. Continuan las violaciones de los derechos humanos en una extensión e intensidad que no permite hablar de una situación en vías de normalización. Es lo que se denuncia por las comunidades en Buenaventura, Catatumbo, Timba y Tambo -Cauca, finca Tranquilandia en Aracataca y en ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Los datos estadísticos ofrecidos por el Programa Somos Defensores, y las cifras de las organizaciones de derechos humanos que registran 79 defensores-as asesinados en el 2013, dan cuenta de un incremento de las agresiones en un 2,4 % en 2013 con respecto al año anterior, o los publicados por la Escuela Nacional Sindical que contabilizan 5 casos más de homicidio y 6 más de atentados en 2013 con respecto al año anterior, coinciden con la percepción generalizada de las organizaciones sociales y las víctimas recogida por la misión, lo que supone un agravamiento de hecho de la situación de derechos humanos.
2. Frente a esta realidad llama la atención el discurso oficial, reiterado en los medios de comunicación y en las reuniones mantenidas, de un proceso de normalización en la situación de los derechos humanos en Colombia. Diferentes organizaciones denunciaron la manipulación informativa que pretende encubrir la responsabilidad oficial, la estigmatización de quienes protestan y la impunidad generalizada de los más graves abusos cometidos. La misión considera que la veracidad en la información oficial y la apertura de canales de comunicación pública para las víctimas son imprescindibles como punto de partida para avanzar en este ámbito.
3. La misión ha recibido una la opinión generalizada en la totalidad de las regiones visitadas de la persistencia del paramilitarismo, a pesar de los procesos de desmovilización. Son los casos del Cauca en municipios como El Tambo, Sucre, Balboa, Buenos Aires y Argelia, en el Magdalena (Aracataca) y en otros lugares. Las denominadas por el Estado bandas criminales (BACRIM) mantienen la estructura paramilitar con el apoyo de sectores empresariales y la financiación del narcotráfico. Las denuncias de connivencia de la fuerza pública y de algunas autoridades locales con estas organizaciones criminales han sido constantes, así como la insistencia de la fuerza pública en negar la existencia de estos grupos y sus alianzas. La próxima liberación de líderes paramilitares acogidos al proceso de la ley de justicia y paz, lo que les permitió una significativa reducción de penas, como es el caso de Jorge Ivan Laverde “El Iguano” en el Norte de Santander, unido al mantenimiento de sus estructuras y vínculos económicos y políticos, está generando alarma social en numerosos departamentos del país.
4. En relación al conflicto armado se han recogido continuas denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como la falta de respeto del principio de distinción entre combatientes y civiles, la ubicación de instalaciones militares en el centro de los cascos urbanos de las poblaciones o en la cercanía de dotaciones públicas como colegios y hospitales. En las regiones campesinas se han denunciado casos de abusos cometidos contra la población civil, incluyendo la destrucción de cultivos de pancoger y las restricciones injustificadas de la libertad de movimientos.
5. La misión ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza pública contra quienes reivindican los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recogiendo testimonios muy claros de sindicalistas (en toda la región del Caribe, como por ejemplo en el ámbito de la salud con los representantes de ANTHOC en el departamento del Atlántico), estudiantes (en Norte de Santander, que denunciaron el papel de las empresas de seguridad privada de las Universidades y sus vínculos con el paramilitarismo), campesinos (en Aracataca, Fundación, Chiriguaná y Tibú), indígenas (en Cauca) y mujeres (en Bogotá D.C.).
6. La misión ha podido recoger testimonios escalofriantes de la dramática situación carcelaria que vive Colombia. A pesar de la declaración de la Corte Constitucional, las autoridades no han tomado medidas efectivas para eliminar el hacinamiento y la violación de los derechos de los internos. La población carcelaria ha aumentado en el último año y supera ampliamente la capacidad del sistema. Los prisioneros políticos sufren una situación de hostigamiento y discriminación, especialmente grave en la mala atención médica que reciben como se demuestra en los casos de los prisioneros políticos que son abandonados enfermos para que mueran, como es el caso de RAMON EMILIO MALLARINO IBARGUEN, en la cárcel de Cómbita el 18 de marzo/14, ANGEL PARRA BERNAL, enfermo de leucemia en el Patio 14 de la Picota, a quien le niegan los medicamentos, FLORISELDA FALLA BALLEN, detenida en el Patio 6 del Buen Pastor, con un brazo herido de bala a punto de gangrena. Las comunidades denuncian como persecución política los montajes judiciales que acaban en detenciones de líderes sociales como HUBER BALLESTEROS, FRANCISO TOLOZA,
7. Con relación a las víctimas de violaciones a derechos humanos ha sido general la queja de la dificultad en el acceso a la Justicia, por los costes de desplazamiento, la opacidad, la falta de asistencia letrada y la lentitud de los procedimientos. A lo anterior se añaden los recortes en la protección por la Unidad Nacional de Protección alegando restricciones presupuestarias. En las comunidades de desplazados se denuncia la ausencia de las ayudas establecidas en la normativa vigente o su desvío a obras innecesarias. En general, se reconoce la profusión de normas jurídicas protectoras, así como el discurso favorable a las víctimas, aunque al mismo tiempo se denuncia su falta de aplicación en la práctica. Se ha manifestado una preocupación generalizada ante la posible retirada en 2014 de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se constató la ineficacia de la Ley de Víctimas.
8. La misión ha podido constatar la parálisis del proceso de restitución de tierras y las amenazas recibidas por quienes defienden la recuperación de las mismas. Los desplazados de la finca Tranquilandia (Aracataca, Cesar) manifestaron a esta misión que, ante las amenazas recibidas, sólo retornarían con acompañamiento internacional; esta petición de protección fue reiterada en las diferentes comunidades campesinas visitadas. La misión recibió información de cómo desde el Gobierno, al menos en la región de Urabá, se condiciona la culminación del proceso de restitución a los informes de seguridad del Ejercito.
9. En las mismas comunidades campesinas se denunciaron los intereses creados por los terratenientes y las empresas que se beneficiaron del despojo. El uso abusivo de los recursos hídricos y la deforestación, en muchas ocasiones originadas por las grandes plantaciones de palma africana, está teniendo graves efectos en las distintas regiones visitadas. Asimismo, las actividades mineras de las multinacionales, o aquellas llevadas a cabo de forma clandestina, están teniendo un grave impacto en el medio ambiente, en la escasez de agua, por ejemplo en el centro del departamento del Cesar y en el Casanare, lo que atenta contra la sostenibilidad de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Grandes empresas fueron acusadas de beneficiarse de las violaciones de los derechos humanos y de violar derechos laborales y ambientales, como Bioagroindustrial, Pacific Rubiales, Tcbuen, Drummond, Cerrejón, Anglo Gold Ashanti, y entre otras las bananeras y comercializadoras Fyffess, Uniban-Turbana.
10. El impacto de los tratados de libre comercio limita las posibilidades de subsistencia de las comunidades campesinas, lo que se suma al despojo vivido con el desplazamiento forzado, las fumigaciones aéreas y la expropiación de las tierras. La lógica impuesta por los mismos ha reforzado una dinámica extractivista y la orientación de la producción hacia mercancias destinadas a la exportación, lo que afecta a la seguridad alimentaria de las regiones. Fueron muchas las denuncias presentadas por trabajadoras informales por la persecución brutal de la fuerza pública y el creciente control paramilitar del espacio público en ciudades como Cúcuta y Buenaventura.
11. La violencia contra las mujeres no cesa en el marco del conflicto armado y fuera de él. En el primer ámbito es preciso destacar el aumento de las agresiones y la prostitución en las regiones con un elevado grado de militarización. Asimismo, en las zonas urbanas, las mujeres pobres y las victimas del desplazamiento forzado tienen un elevado grado de desprotección. La reforma en 2013 del fuero penal militar ha reforzado la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos.
12. La misión tuvo denuncias de la violación de los derechos políticos, en especial por la generalización de la compra de votos en numerosas regiones del país en las pasadas elecciones y la imposibilidad real de participación de opciones que plateen una alternativa al actual sistema, sobre todo en las regiones sometidas a control paramilitar. El caso de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, tiene una relevancia crucial en esta materia; destituido por una decisión administrativa, constituye un claro atentado a la soberanía popular y arroja dudas sobre los alcances que en materia de participación política se logren en las conversaciones de La Habana. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno colombiano desconozca las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un grave precedente desestabilizador del sistema Interamericano de derechos hjumanos. Por todo ello, llama la atención el silencio de la comunidad internacional y, en especial, de la Unión Europea y de los Gobiernos de España e Irlanda.
En Bogotá, a 27 de marzo de 2014.
INTEGRANTES DE LA X DELEGACION ASTURIANA E IRLANDESA
Mauricio Valiente Ots, Diputado en el parlamento de Madrid
Ana Garcìa Calleja y Ana Andrés Ablanedo, de Soldepaz Pachakuti, Asturias
José Manuel Fernandez Gonzalez, del sindicato Comisiones Obreras, Asturias
Enrique Alcalde Jimenez, ISI de Burgos
Michael Dowling, de SITPU, Justicia para Colombia, Irlanda
Jose Antonio Gutierrez Danton, LASC, Grupo Raices, Irlanda
Javier Orozco Peñaranda, Programa de Derechos Humanos, Asturias
Teresa Palop Torelló, Frontline Defenders, Irlanda, organización observadora.
Ver informe aquí.
Rueda de prensa:
Jueves 27 de marzo
a las 8,30 am
en el Hotel Monserrate en Bogotá
a las 8,30 am
en el Hotel Monserrate en Bogotá
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