Documento de análisis sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza los distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos.
La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas es de preocupación en Colombia. Se reportan numerosos casos de detenciones individuales y masivas y judicializaciones de defensores/as que ejercen sus legítimos derechos a la movilización y a la protesta pacífica. Esto se presenta en un contexto de multiplicación de conflictos socio-ambientales en las regiones rurales del país en respuesta a la locomotora minero-energética y otras iniciativas de gobierno como los megaproyectos, en el marco de las cuales la población busca defender sus derechos y el medioambiente frente a proyectos mineros, de infraestructura, conflictos alrededor de tierras y territorios, y de los jóvenes que participan en manifestaciones estudiantiles, entre otros.
A la hora en que desde el pueblo colombiano surgen múltiples marchas, manifestaciones y eventos para expresar su voluntad de que cese la violencia y alimentar el proceso de paz, resulta particularmente importante que los derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas sean protegidos.
Este documento analiza la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de junio 2011) que penaliza los distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos y otorga penas de varios años de cárcel por, entre otros, actos tales como la "perturbación de actos oficiales" y la "obstrucción a vías públicas que afecten el orden público" facilita y contribuye a la criminalización de las personas que protestan en defensa de sus derechos. Crea obstáculos desproporcionados a las libertades de reunión y manifestación. Abre la puerta para que se judicialicen a defensores/ras así como a otras personas que hagan parte de movilizaciones pacificas a favor de la protección y el respeto a sus derechos fundamentales.
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