Por: Santiago Villa, El Espectador.
Jaime Lozada es el ex guerrillero de las Farc que hizo posible la
Operación Camaleón. Gracias a esta operación, que sucedió una semana
antes de la segunda vuelta electoral de las presidenciales del 2010,
fueron liberados el general Luis Mendieta, los coroneles Enrique Murillo
y William Donato, y el sargento Arbey Delgado, quienes estaban
secuestrados por las Farc en las selvas del Guaviare.
Lozada custodiaba a los secuestrados. Cuando desertó de la guerrilla le dio al ejército y a la policía las coordenadas de dónde estaban los cautivos y participó activamente en la planeación del rescate.
Los antecedentes de la operación, su desarrollo y la denuncia por no haber recibido el pago de su recompensa los describió Lozada en detalle durante una entrevista que realicé en octubre del 2012. A continuación incluyo los vínculos para verla. El grueso de su denuncia sobre el no pago de su recompensa, con nombres propios, está en la última parte:
Parte 1: http://tinyurl.com/d7b4jv6
Parte 2: http://tinyurl.com/d2gq4vv
Parte 3: http://tinyurl.com/bnxjs82
Desde que Jaime Lozada dijo en esta columna que no recibió el pago de los 2.500 millones que le prometió el Estado, él ha debido vivir en una clandestinidad desprotegida. Su situación es crítica porque Lozada está atrapado entre dos fuegos, el de las Farc, por haber entregado las coordenadas de los secuestrados a la policía y al ejército, y el de la fuerza pública, que no pagó la recompensa.
Hablé ayer con él y me dijo que había recibido una llamada por parte de las Farc pocos días después de que se publicara la segunda parte de la serie de columnas “El cartel que estafa a los sapos” (10 y 17 de diciembre del 2012).
“No se preocupe que tarde o temprano le llega su nochebuena”, dijo el guerrillero para amenazarlo. Hoy los desmovilizados de las Farc están más temerosos que nunca, pues corre entre ellos el rumor de que en los diálogos que se están adelantando, la guerrilla le exige al gobierno la ubicación de desmovilizados para asesinarlos.
Creo que el rumor es falso, pero el que exista pone de relieve la precaria seguridad de quienes están condenados a muerte por haber desertado de la organización. Son, como dice cínicamente las Farc, “objetivo militar”.
“Yo estoy entre dos fuegos, ¿me entiende?”, dijo Lozada. “No estoy amparado ni por el uno ni por el otro. Si yo no hubiera hecho lo que hice, esa gente seguiría guardada en la selva, y nadie me colabora a mí”.
Un policía le ha advertido a Lozada que hay agentes que lo buscan para matarlo. Esto porque la recompensa nunca se pagó y es posible que un grupo de integrantes de la fuerza pública se haya robado el dinero. Lozada denuncia que los corruptos podrían hacer parte del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (GAULA).
Desde hace dos años la Procuraduría General de la Nación desarrolla, a ritmo de elefante somnoliento, una investigación sobre qué sucedió con los 2.500 millones que el Estado debía pagarle a Jaime Lozada por haber hecho posible el rescate de los secuestrados. Ya se entrevistaron a los testigos, pero la Procuraduría se niega a mostrarle las declaraciones de estos testigos al abogado de Jaime Lozada.
Los fondos para recompensas hacen parte de los gastos reservados del Ministerio de Defensa de Colombia. Esta ausencia de transparencia genera corrupción. Repito lo que pregunté en diciembre, cuando publiqué las columnas “El cartel que estafa a los sapos”: ¿hay una conspiración criminal dentro de la policía y el ejército para robar el dinero de las recompensas a ex guerrilleros?
El seguimiento a una denuncia que hice hace dos meses, sobre el no pago de una recompensa de 2.500 millones al ex guerrillero que hizo posible la Operación Camaleón.
Lozada custodiaba a los secuestrados. Cuando desertó de la guerrilla le dio al ejército y a la policía las coordenadas de dónde estaban los cautivos y participó activamente en la planeación del rescate.
Los antecedentes de la operación, su desarrollo y la denuncia por no haber recibido el pago de su recompensa los describió Lozada en detalle durante una entrevista que realicé en octubre del 2012. A continuación incluyo los vínculos para verla. El grueso de su denuncia sobre el no pago de su recompensa, con nombres propios, está en la última parte:
Parte 1: http://tinyurl.com/d7b4jv6
Parte 2: http://tinyurl.com/d2gq4vv
Parte 3: http://tinyurl.com/bnxjs82
Desde que Jaime Lozada dijo en esta columna que no recibió el pago de los 2.500 millones que le prometió el Estado, él ha debido vivir en una clandestinidad desprotegida. Su situación es crítica porque Lozada está atrapado entre dos fuegos, el de las Farc, por haber entregado las coordenadas de los secuestrados a la policía y al ejército, y el de la fuerza pública, que no pagó la recompensa.
Hablé ayer con él y me dijo que había recibido una llamada por parte de las Farc pocos días después de que se publicara la segunda parte de la serie de columnas “El cartel que estafa a los sapos” (10 y 17 de diciembre del 2012).
“No se preocupe que tarde o temprano le llega su nochebuena”, dijo el guerrillero para amenazarlo. Hoy los desmovilizados de las Farc están más temerosos que nunca, pues corre entre ellos el rumor de que en los diálogos que se están adelantando, la guerrilla le exige al gobierno la ubicación de desmovilizados para asesinarlos.
Creo que el rumor es falso, pero el que exista pone de relieve la precaria seguridad de quienes están condenados a muerte por haber desertado de la organización. Son, como dice cínicamente las Farc, “objetivo militar”.
“Yo estoy entre dos fuegos, ¿me entiende?”, dijo Lozada. “No estoy amparado ni por el uno ni por el otro. Si yo no hubiera hecho lo que hice, esa gente seguiría guardada en la selva, y nadie me colabora a mí”.
Un policía le ha advertido a Lozada que hay agentes que lo buscan para matarlo. Esto porque la recompensa nunca se pagó y es posible que un grupo de integrantes de la fuerza pública se haya robado el dinero. Lozada denuncia que los corruptos podrían hacer parte del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (GAULA).
Desde hace dos años la Procuraduría General de la Nación desarrolla, a ritmo de elefante somnoliento, una investigación sobre qué sucedió con los 2.500 millones que el Estado debía pagarle a Jaime Lozada por haber hecho posible el rescate de los secuestrados. Ya se entrevistaron a los testigos, pero la Procuraduría se niega a mostrarle las declaraciones de estos testigos al abogado de Jaime Lozada.
Los fondos para recompensas hacen parte de los gastos reservados del Ministerio de Defensa de Colombia. Esta ausencia de transparencia genera corrupción. Repito lo que pregunté en diciembre, cuando publiqué las columnas “El cartel que estafa a los sapos”: ¿hay una conspiración criminal dentro de la policía y el ejército para robar el dinero de las recompensas a ex guerrilleros?
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