Por: María Teresa Ronderos, El Espectador.
Hace unos días, el investigador Adam Isacson, del Washington Office on Latin America (WOLA), una organización estadounidense de defensa de los derechos humanos y la democracia, influyente en las políticas que ese país traza frente a nuestra región, publicó un preocupante informe sobre lo que está pasando con la estrategia de Consolidación Territorial.
Similar a las “operaciones de estabilidad” que Estados Unidos
realizó en Afganistán, Consolidación busca que, una vez las fuerzas
armadas destierren la violencia de una región, el gobierno civil entre a
atender con eficacia a la población en salud, educación, carreteras y
créditos agrarios para los campesinos, y llegue la justicia a mantener a
raya los abusos a los derechos humanos y la corrupción. La lógica dicta
que esta transición de militares exitosos a gobernantes civiles
competentes conduce a la integración real de los pobladores marginados,
se gana su confianza en el Estado y vacuna el territorio contra la
violencia y la criminalidad.
Aunque la seguridad mínima para desarrollar la estrategia de consolidación sólo se ha conseguido en La Macarena, los Montes de María y, hasta cierto punto, en el sur del Tolima, hasta hace poco, la estrategia militar en otras regiones álgidas, como Tumaco, Putumayo y el Bajo Cauca, concebía la consolidación como indispensable para afianzar el terreno ganado en la guerra. No obstante, dice el informe, pasar de la teoría a la práctica ha sido problemático porque la fuerza civil estatal llegó a cuentagotas. Esto sucedió aun en los lugares donde el Plan de Consolidación avanzó más, como en La Macarena, donde se hicieron 538 obras y se erradicó el 77% de la coca entre 2007 y 2010.
Por eso se pensó que como presidente, Santos, quien precisamente había impulsado la estrategia de consolidación como ministro de Defensa de Uribe, le metería el acelerador. Incluso así lo dio a entender al incluir a Consolidación en su nuevo Departamento de Prosperidad Social. Pero en la práctica está sucediendo lo contrario. El presupuesto de inversión en las áreas de Consolidación se redujo de 320.000 millones de pesos a 125.000 millones entre 2010 y 2011, y en lugar de llegar a 100 municipios, ahora sólo alcanza 51. Encima, ante la negativa del director de reemplazar a oficiales técnicos comprometidos por recomendados políticos, el presidente lo sustituyó por un veterinario con padrinos políticos, pero sin experiencia en gerencia social.
La consolidación perdió importancia en el discurso oficial, y el Ministerio de Defensa dejó de concebirla como etapa indispensable de la estrategia de seguridad. La nueva estrategia militar se concentra en golpear las estructuras guerrilleras que aún son fuertes, y no necesariamente en acompañar al escaso gobierno civil en aquellas regiones donde hay cierta seguridad, pero que son aún vulnerables a los actores armados y donde la población enfrenta todavía muchos riesgos. Hoy, el impulso a la consolidación lo lideran los contratistas de la agencia de cooperación estadounidense (que le ha invertido al programa entre 500 y 1.000 millones de dólares entre 2007 y 2012), mientras la iniciativa nacional parece estancada bajo un esquema burocrático rígido y lento, “sin dirección cierta, poco respaldo político y graves problemas de gerencia”, dice el informe de WOLA.
Estos hallazgos son alarmantes, pues significan que el Gobierno va en contravía de sus propios objetivos de alcanzar una paz negociada con las Farc y de acelerar la restitución de tierras a los campesinos despojados. Ninguna de las dos se conseguirá si no se tiene la voluntad política real de integrar a la civilidad democrática a la población rural más marginada y sufrida, consolidando el Estado de derecho que nunca ha llegado hasta esas regiones olvidadas.
Aunque la seguridad mínima para desarrollar la estrategia de consolidación sólo se ha conseguido en La Macarena, los Montes de María y, hasta cierto punto, en el sur del Tolima, hasta hace poco, la estrategia militar en otras regiones álgidas, como Tumaco, Putumayo y el Bajo Cauca, concebía la consolidación como indispensable para afianzar el terreno ganado en la guerra. No obstante, dice el informe, pasar de la teoría a la práctica ha sido problemático porque la fuerza civil estatal llegó a cuentagotas. Esto sucedió aun en los lugares donde el Plan de Consolidación avanzó más, como en La Macarena, donde se hicieron 538 obras y se erradicó el 77% de la coca entre 2007 y 2010.
Por eso se pensó que como presidente, Santos, quien precisamente había impulsado la estrategia de consolidación como ministro de Defensa de Uribe, le metería el acelerador. Incluso así lo dio a entender al incluir a Consolidación en su nuevo Departamento de Prosperidad Social. Pero en la práctica está sucediendo lo contrario. El presupuesto de inversión en las áreas de Consolidación se redujo de 320.000 millones de pesos a 125.000 millones entre 2010 y 2011, y en lugar de llegar a 100 municipios, ahora sólo alcanza 51. Encima, ante la negativa del director de reemplazar a oficiales técnicos comprometidos por recomendados políticos, el presidente lo sustituyó por un veterinario con padrinos políticos, pero sin experiencia en gerencia social.
La consolidación perdió importancia en el discurso oficial, y el Ministerio de Defensa dejó de concebirla como etapa indispensable de la estrategia de seguridad. La nueva estrategia militar se concentra en golpear las estructuras guerrilleras que aún son fuertes, y no necesariamente en acompañar al escaso gobierno civil en aquellas regiones donde hay cierta seguridad, pero que son aún vulnerables a los actores armados y donde la población enfrenta todavía muchos riesgos. Hoy, el impulso a la consolidación lo lideran los contratistas de la agencia de cooperación estadounidense (que le ha invertido al programa entre 500 y 1.000 millones de dólares entre 2007 y 2012), mientras la iniciativa nacional parece estancada bajo un esquema burocrático rígido y lento, “sin dirección cierta, poco respaldo político y graves problemas de gerencia”, dice el informe de WOLA.
Estos hallazgos son alarmantes, pues significan que el Gobierno va en contravía de sus propios objetivos de alcanzar una paz negociada con las Farc y de acelerar la restitución de tierras a los campesinos despojados. Ninguna de las dos se conseguirá si no se tiene la voluntad política real de integrar a la civilidad democrática a la población rural más marginada y sufrida, consolidando el Estado de derecho que nunca ha llegado hasta esas regiones olvidadas.
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