Colombia está a punto de aprobar una ley que favorecerá la impunidad.
Bruselas, 22 de noviembre de 2012. Colombia está a punto de aprobar una reforma constitucional que la llevaría a retroceder al menos 20 años en materia de derechos humanos. Así se lo han hecho saber tanto al Presidente Santos como al Congreso, organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, Naciones Unidas (ONU). La ampliación del fuero penal militar pretende, sin ocultarlo, favorecer a los militares y policías involucrados en violaciones a los DDHH y al DIH.
En un hecho sin precedentes, 11 relatores de la ONU, han solicitado al Congreso colombiano que retire esa propuesta de reforma que, “de aprobarse, (…) perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía”. En la reforma se establece una lista de crímenes que no podrán ser conocidos por la justicia militar. Esta lista ha ido cambiando según las versiones del proyecto de reforma, incluyendo por ejemplo los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, etc. pero dejando por fuera otros crímenes graves como crímenes de guerra, etc. Además, como lo manifestaron los relatores, preocupa que “esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos” lo cual afectaría seriamente la independencia de la fase de investigación preliminar de los hechos y por lo tanto la calificación de los mismos.
A excepción de aquellas expresamente excluidas, las violaciones a los derechos humanos que están siendo investigadas o procesadas en la justicia ordinaria pasarían a la justicia penal militar. Esto se aplicaría por ejemplo a los llamados “falsos positivos”, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del ejército entre 2002 y 2009. Los agentes del Estado en Colombia han sido y siguen siendo responsables de numerosas violaciones a los derechos humanos y al DIH. “Muchos de estos crímenes han sido documentados y siguen siendo objeto de preocupación para los distintos mecanismos de la ONU y del Sistema Interamericano de DDHH, que han formulado recomendaciones al respecto a fin de investigar, juzgar, sancionar y asegurar la no repetición de estos crímenes. La extensión del fuero penal militar iría en sentido contrario a estas recomendaciones”, advierte el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
En su último informe, de noviembre de 2012, la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia destaca el riesgo que representa esta reforma constitucional. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a través de su presidenta, Souhayr Belhassen, advierte que "el tono del informe (de la CPI) anuncia claramente que constituye una última advertencia al Estado colombiano pues si no hace lo necesario para impedir la impunidad de los más altos responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una investigación".
Desde Oidhaco pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembro, a Suiza y Noruega, reiterar de manera urgente su preocupación frente a esta reforma y llamar a las autoridades colombianas a que estas disposiciones sean retiradas y que se abstengan de promover y adoptar reformas que puedan reforzar y/o llevar a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como reformas que atentan contra la independencia de la justicia y el balance de los poderes.
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