Los cuarenta y ocho años de lucha que cumplimos las FARC-EP este 27 de mayo son la mejor demostración de que un pueblo consciente, organizado y disciplinado no puede ser vencido ni siquiera por los más poderosos enemigos. Desde Marquetalia a la fecha, las crecientes y cada vez más entrenadas fuerzas armadas colombianas han estado tras nosotros en una feroz actividad predadora, contando a su vez con la asesoría militar del Pentágono y la ayuda financiera de los Estados Unidos. Cada uno de los sucesivos gobiernos oligárquicos que ha prometido vencernos, ha visto frustrados sus propósitos y dejado en cambio tras de sí un país ensangrentado.
Las clases dominantes colombianas poseen muy mala memoria cuando se trata de recordar sus crímenes, a los que endilgan además un nombre emblemático a fin de hacer desaparecer sus culpas. A la primera matanza generalizada por el despojo de las mejores tierras, promovida en la cuarta década del siglo pasado, le pusieron el nombre de La Violencia, expresión mágica que sirvió para ocultar a terratenientes, empresarios, gamonales, generales y agentes norteamericanos y locales de la guerra fría, verdaderos azuzadores y ejecutores de la aterradora mortandad que les permitió enriquecerse bajo la institucionalidad del estado de sitio.
Cincuenta años después inventaron la historia de una disputa territorial por el control de los cultivos ilícitos entre distintos actores armados. De ese modo, cubriendo a unos y otros con el mote de los violentos, pretendieron disimular la configuración de un modelo de acumulación de capital fundado en el despojo violento de la propiedad agraria y en el abierto desconocimiento de las condiciones de trabajo conquistadas en el pasado por la fuerza de trabajo nacional. El terror paramilitar desplazó millones de campesinos y golpeó de manera despiadada al movimiento sindical colombiano. Siempre ha estado inspirado desde el poder y sirviendo a sus intereses.
No puede mirarse en Colombia el fenómeno del narcotráfico y las mafias como una trágica desgracia que cayó quizás por obra de qué pecado sobre el país, y menos ir imputándole la responsabilidad por todos los males que nos aquejan. Con ese discurso se oculta que los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico.
Por lo mismo, mafias y paramilitarismo hacen parte del modelo violento de acumulación y terror que caracteriza la actual fase neoliberal del capitalismo. Nada tienen que ver con la lucha popular, se hallan al servicio de sus más encarnizados enemigos. Pretender como se hace hoy que el conflicto armado colombiano hunde sus raíces en el narcotráfico desconoce una realidad incontrastable. Desvía la atención hacia el lado equivocado. Las distintas etapas de la guerra contra las drogas implementada con el Plan Colombia han puesto de presente su propósito de clase. Golpear a las FARC envuelve la persecución a todas las luchas del pueblo colombiano.
Los verdaderos responsables de toda la infamia padecida por Colombia son los propietarios del capital y de la tierra, que siglo tras siglo reservan a los de su linaje el derecho exclusivo a ampliar aún más sus fortunas y gobernar el país, a costa del trabajo y el sudor de la inmensa mayoría de compatriotas desposeídos y violentados por soñar con cambiar el orden de cosas heredado. Mediante una fachada de democracia formal, mal esconden el verdadero carácter del régimen político impuesto. Ellos implementaron en nuestro país la práctica del terrorismo para defender a sangre y fuego sus privilegios. Pero llaman terroristas a quienes buscan justicia.
En la actualidad dirige los destinos del país un típico representante de esa élite extranjerizada e indolente. Juan Manuel Santos practica como el mejor, aquello de llamar por eufemismos a las cosas a fin de transformarlas en algo distinto. Bautizó el llamado Plan de Desarrollo de su administración con el nombre de Prosperidad para todos, cuando éste está concebido, de principio a fin, para el beneficio de los poderosos capitales transnacionales y los sectores de la economía local que orbitan como satélites en torno a él. Y aunque afirma haberse convertido en un traidor a su clase, sus medidas de gobierno apuntan a enriquecerla mucho más.
Suele decir que aspira a convertirse en el Presidente que consiguió pacificar el país y se declara amigo de buscar una salida política a la confrontación. Pero ni uno solo de sus actos de gobierno ha demostrado algún propósito de atenuar las causas generadoras del conflicto. Su ley de víctimas y restitución de tierras conmueve por su inoperancia, a la par que crecen los crímenes contra campesinos y organizaciones que aspiran a recobrar sus tierras. Ha hecho carrera en los medios la existencia de un supuesto ejército anti restitución, el cual no ha sido golpeado de ningún modo por los comandantes de Ejército y Policía que con tanto ahínco combaten las guerrillas.
La supuesta inversión legal de la carga de la prueba a favor de los despojados fue convertida en su decreto reglamentario en un simple respaldo estatal a la búsqueda de pruebas, burlándose frontalmente del significado de las palabras. Y ya fue demostrado en el Congreso de la República que las abultadas cifras sobre restitución en realidad correspondían a viejos programas alternos del Ministerio de Agricultura que nada tenían que ver con ellas. Ha sido tan desafortunado el curso de esta ley que difícilmente va a servirles a los titulares de grandes proyectos agropecuarios para poner en regla la propiedad de las tierras a la que aspiraban.
No se entiende cómo puede hablar de paz un gobierno que ha hecho de la convivencia de las bandas criminales con la Policía y el Ejército la renovación de la vieja actividad paramilitar. Y que continúa adelante y con mayor sevicia la ocupación militar de inmensas regiones del país destinadas a ser entregadas en condiciones leoninas a inversionistas extranjeros, al costo de desterrar a las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas y mineras que las han poseído y explotado ancestralmente. Un gobierno que con tal de facilitar fuentes de energía baratas al capital extranjero no vacila en atentar contra ecosistemas como el río Magdalena.
En procura de salvar la responsabilidad del régimen político y sus personeros en la actividad criminal contra el movimiento popular, el Presidente vocifera acerca de una supuesta mano negra, enemiga de la paz y la reconciliación, que se dedica a asesinar a diestra y siniestra. Al hacerlo confiere existencia tangible a una actividad terrorista supuestamente anónima y omnipresente, capaz de disciplinar a los opositores mediante el miedo y la muerte. Dicha fuerza escapa a cualquier control judicial, político o social y exculpa a su gobierno de cualquier crítica por violación de los derechos humanos. A eso precisamente se le conoce como terrorismo de Estado.
Sin el menor sonrojo, con la argumentación fácil de trabajar el camino hacia la paz, este gobierno promueve de manera transitoria en la Constitución un marco legal bajo cuya excusa introduce la impunidad para militares y policías involucrados en crímenes horrendos, bajo la absurda pretensión de obrar de modo correspondiente con el tratamiento conferido a los alzados. Como quien dice, aquí en Colombia no ha pasado nada. En otra de sus reformas intenta introducir la santificación del fuero militar de impunidad, a fin de dotar a su aparato oficial de exterminio de todas las garantías para su exculpación por las atrocidades cometidas y por cometer.
Pese a que al obtener la aprobación de su Plan de Prosperidad para todos anunció que destinaría más de veinticinco billones de pesos para la reparación de los daños ocasionados por las catástrofes invernales, a las que llamó maldita niña, los habitantes de Gramalote en Norte de Santander van a completar dos años esperando la ayuda prometida. Del mismo modo ocurre con los cientos de miles de damnificados que ven como las aguas arrastran de nuevo lo poco que les habían dejado. De su locomotora de vivienda y ciudades amables queda la promesa de regalar cien mil viviendas a los pobres. Cabe imaginar el entorno, el tamaño y calidad de ellas.
Recién celebró la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, al que se sumarán los firmados con la Unión Europea y Corea del Sur, ya anunciaba un acuerdo semejante con China. La desindustrialización del país, el aumento del desempleo y la informalidad, la invasión de mercancías extranjeras de bajo costo, la ruina de las actividades agropecuarias, la dilapidación de nuestra biodiversidad, cultura y conocimientos ancestrales de las comunidades autóctonas, hacen parte del precio que tendremos que pagar los colombianos distintos a los poderosos monopolios inversionistas que supuestamente conseguirán penetrar los gigantes mercados del extranjero.
Algo está claro en los actos del gobierno continuista de Santos, que al reñir con su antecesor pretende posicionarse como progresista sin diferenciarse en la realidad de él. Su mayor preocupación la constituye servir en bandeja el país al gran capital transnacional para que se apodere de los tres sectores de nuestra economía, a la par que entregar a inversionistas privados la mayor parte de los servicios y deberes a cargo del Estado. Como neoliberal confeso, el Presidente hace parte de quienes consideran que al permitir la acumulación excesiva de riqueza en una pequeña élite, la fortuna rodará finalmente hasta llegar a los más necesitados.
Es por ello que ninguna de sus reformas ha apuntado a algo que no sea la facilitación de las condiciones de inversión y explotación para los monopolios transnacionales. Desde la ley del primer empleo, la sostenibilidad fiscal, el régimen de regalías, los planes para la educación superior y la salud, hasta las proyectadas reformas de tierras, pensiones y tributaria, todas lesionan gravemente las condiciones económicas de los colombianos del montón, pese a ser presentadas como la redención para ellos. También ello explica la sumisión y el aplauso del gobierno colombiano ante el accionar violento del imperialismo en diferentes lugares del mundo.
Todo lo cual conduce a comprender su culto a la guerra. A nadie que esté en desacuerdo con el proyecto de país que el imperio y los de su clase conciben, se le deben garantizar sus derechos a opinar y proponer opciones políticas. La gran prensa y los aparatos formales e informales de terror cumplen con el papel de destruir cualquier esfuerzo de organización de los de abajo. La manifiesta hostilidad de la fuerza pública y el bloque de poder en pleno contra la reciente experiencia de la llamada Marcha Patriótica que ya comienza a cargar sus primeros muertos, pone de presente la ruindad de la democracia colombiana y la vigencia indiscutible de la lucha armada de su pueblo.
Frente a lo cual sorprende la actitud de la denominada izquierda democrática que no vacila en alinearse del lado del poder. El Vice presidente Angelino, que aún no alcanza a comprender por qué fue elevado a esa inútil posición, se cree de verdad gobierno y condena antes que él cualquier manifestación auténtica del movimiento popular, al que exige comportarse como esperan los de arriba. Traidor a su clase, simple anzuelo para la cooptación y la conciliación de los sectores medios y el sindicalismo venal, despreciado tras usado, todavía cree tener derecho a representar a los trabajadores. La misma actitud de toda esa izquierda vergonzante que rodea a Santos.
Las FARC-EP no iniciamos esta guerra, nos fue declarada por la oligarquía que gobierna a Colombia. Cada vez que el eco de nuestra propuesta de una salida política ha tomado suficiente fuerza para imponer unos diálogos encaminados a la paz, el poder se ha negado a considerar la remoción de las causas que dan lugar al conflicto, cerrando de un portazo violento las posibilidades de reconciliación. El país no olvida que tras cada proceso frustrado ha sobrevenido la promesa de aniquilarnos y la agudización de la guerra a extremos inéditos. Las FARC persistimos porque un inmenso clamor popular de justicia alimenta y acompaña nuestro sacrificio.
Santos simplemente repite lo que han hecho siempre los de su clase. Nos exige una vez más la entrega y el desarme, a cambio de admitir a medias nuestro ingreso a su podrido régimen político. Sin desmontar ni un ladrillo de su aparato terrorista de dominación. Sin que se afecte en nada su proyecto de país colonial y empobrecido. Como si nosotros pudiéramos a cambio de miserables prebendas personales, volver la espalda al sentir de millones de compatriotas hundidos en la desesperación y la violencia. Como si el destino natural del pueblo colombiano fuera el de trabajar eternamente para el enriquecimiento de una élite privilegiada. Así no vamos a ninguna parte.
Las FARC-EP, a los 48 años de lucha armada rebelde, reiteramos al pueblo de Colombia nuestro juramento de vencer. Jamás nos sumaremos a la campaña por legitimar y honrar el capitalismo y el terror de Estado que se hacen llamar democracia en nuestro país. Sabemos que no estamos solos, hasta nosotros llega el rumor de inmensas masas humanas que avanzan inconformes y decididas, por encima de las amenazas y la represión, exigiendo cambios profundos. Se trata de un clamor universal. Por la conservación del planeta y nuestra especie, por darle a los hombres y mujeres un sentido diferente al de vulgar capital humano, por una paz efectiva y justa.
Los más recientes efectos del libre comercio son las desgracias de los pueblos de Irak, Palestina, Afganistán, Libia, Egipto, Túnez, Honduras, y Méjico, para no hablar de España o Grecia. Destrucción, muerte y horror tejidos con los más bellos discursos sobre las virtudes de la democracia de mercado. Saqueo y miedo garantizados por la amenaza militar de la OTAN y los marines. A los pueblos se los aplasta sino sirven a los planes imperiales. Un saludo de solidaridad a todos ellos. Y gloria eterna a la resistencia de los pueblos de Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, asediados, dignos y triunfantes frente a la brutal agresión imperialista.
Todos los hombres y pueblos seremos algún día hermanos.
¡Con Bolívar! ¡Con Manuel! ¡Con el pueblo!... ¡ Al poder!
¡Contra el Imperialismo! … ¡Por la Patria! ¡Contra la oligarquía! … ¡ Por el Pueblo!
¡Somos FARC! … ¡Ejército del Pueblo!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.
Publicar un comentario