La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) decretó una huelga nacional de empleados públicos para el próximo 7 de octubre por el incumplimiento del Gobierno de unas medidas laborales que se habían acordado, informaron este viernes fuentes sindicales.
El director de Comunicaciones de la CUT, Francisco Maltés, explicó que “el motivo de este paro es el incumplimiento que el Gobierno Nacional ha hecho de una serie de acuerdos que hizo con el movimiento sindical el pasado 31 de agosto”.
El paro, que está previsto para el próximo viernes, contempla que a partir de las 07:00 hora local (12.00 GMT) “en todas las entidades del Estado empiecen las asambleas permanentes y en paro”.
El cese de actividades afectará el funcionamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian, recaudadora de impuestos), del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
También afectará a la Contraloría Nacional y Distrital, a la Gobernación de Cundinamarca, a la Superintendencia de Notariado y al Registro y a algunas asociaciones de maestros.
La huelga tendrá una cobertura nacional, aunque contará con más fuerza en las ciudades de Bogotá (centro), donde se estima una participación de 20.000 personas; en Medellín (noroeste) y Cali (suroeste), donde según Maltés secundarán el paro unos 10.000 trabajadores.
En la urbe caribeña de Barranquilla la CUT espera el apoyo de unos 7.000 funcionarios.
Maltés recordó que en agosto las centrales sindicales sostuvieron un encuentro con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, los ministros de Protección Social, Mauricio Santa María, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y la delegada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la zona andina, Carmen Moreno.
En esa reunión, según los sindicatos, Santos se comprometió a expedir un decreto que iba a ser concertado con el movimiento sindical “para garantizar el cumplimiento de los convenios 151 y 154 en Colombia, que es la negociación colectiva para los sindicatos del sector público”.
Dicha norma, dijo Maltés, no ha sido proferida a pesar de que el pasado 25 de mayo el Gobierno y la central sindical acordó un texto para el decreto.
La segunda medida supuestamente incumplida por el Ejecutivo es la erradicación de la “tercerización laboral, para que todos los trabajadores en las entidades deban ser vinculados de manera directa cuando cumplan funciones permanentes”.
A su juicio tampoco se ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados públicos, de los que “cerca de 120.0000″ están en una situación “precaria”, pues “el Gobierno no firmó un proyecto que aprobó el Congreso para garantizar la estabilidad de mujeres y hombres cabeza de familia, discapacitados”.
Por último, la CUT considera que “no hay una solución al pliego de peticiones que presentaron las federaciones estatales el primero de diciembre” del año anterior.
Todas estas cuestiones se pueden resumir, según la CUT, en un total incumplimiento de los compromisos abordados por el Gobierno.
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