En
último término, el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, es
continuidad del desarrollo neoliberal, abriendo nuevos negocios con la
tierra, creando una nueva espacialidad del capitalismo, justificado en
la internacionalización de la economía.
El proyecto de Ley de Tierras y
Desarrollo Rural de la administración Santos, anuncia programas sociales
priorizando los territorios con “mayores índices de pobreza rural”. En
su Plan Nacional de Desarrollo Neoliberal 2010 – 2014, reportó la
pobreza rural por ingresos en 64.3% (2009).
No deja de extrañar que en
presentaciones de esta Ley siga utilizando esa cifra. La correspondiente
a 2011 es de 46.1 por ciento. En Colombia se ha demostrado que la
política más eficaz para la reducción de la pobreza, es cambiar la
metodología de medición.
Debemos aclarar desde un comienzo que estas cifras son producto de la Misión de empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad y ahora del DANE. Y aquí en Colombia en Cifras hemos sostenido que el instrumento utilizado para el diseño de políticas públicas es el SISBEN: Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Aquella es más utilizada en la propaganda oficial y el SISBEN como criterio en la asignación de algunos subsidios.
Consecuente con el asistencialismo, éste proyecto de Ley ratifica el uso del SISBEN en el artículo 252 referido al “Amparo de Pobreza”. Allí dice que “el Juez concederá el amparo de pobreza a la población rural priorizada… los beneficiarios del Programa de Formalización pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.” Así mismo utiliza los conceptos de focalización y población vulnerable propios de esta metodología, para la asignación de subsidios de vivienda rural, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, seguridad social rural, entre otros.
Repasemos las cifras de la población y la pobreza rural con los diferentes indicadores utilizados oficialmente por parte del Estado.
Población rural.
La población en Colombia sumó en el censo de 2005, un total de 42.888.592 habitantes. De estos, el 74.36% habita el perímetro urbano y el restante 25.64% en la zona rural. En términos absolutos, la población rural se acercaría a los 11 millones. Habría que matizar la cifra con 7 años de desplazamiento forzado, de migración producto del abandono del campo, el desempleo y la falta de oportunidades. A 2012 la población en Colombia se proyecta en 26.5 millones.
Los porcentajes de eta ocupación no dejarían mucho margen para una discusión sobre la obviedad de la urbanización. Sin embargo, al utilizar un inventario más amplio de datos es posible destacar el poblamiento rural, y por esa vía dimensionar las magnitudes de la pobreza y los recursos que demanda resolverla.
Con el censo de 2005, concluimos que de los 32 departamentos en que está distribuida Colombia, 8 tienen un número de población rural mayor al que habita el perímetro urbano; esos departamentos son: 1. Cauca: 61.98% de 1.268.937 habitantes; 2. Chocó: 50.74% de 454.030; 3. Nariño: 54.19% de un total de 1.541.956; 4. Putumayo: 56.27% donde suman 310.132 personas; 5. Amazonas 62.11% de una cifra de 67.726 pobladores; 6. Guainía: 69.36% de 35.230; 7. Vaupés: 64.67% de 39.279 y 8. Vichada: 62.35% de 55.872 habitantes.
A esto se suman 5 departamentos cuya población está distribuida casi por partes iguales en ambas zonas: 1. Boyacá: 48.51%; 2. Caquetá: 44.99%; 3. Córdoba: 49.72%; 4. La Guajira: 46.07% 5. Guaviare: 47.92%. En total la población de estos 13 departamentos representa el 17.92% del total nacional.
En el caso de los municipios, de los 1098 existentes, 751 presentan un número mayor de habitantes en la zona rural que en la urbana, a los cuales se suman los 20 corregimientos departamentales. Esos municipios representan 68.40% del total. A lo anterior se agrega que 985 municipalidades, es decir, el 89.71%, tienen hasta 50.000 habitantes, entre las cuales están incluidas cinco capitales: Mocoa, Leticia, Inírida, Mitú y Puerto Carreño.
Debemos aclarar desde un comienzo que estas cifras son producto de la Misión de empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad y ahora del DANE. Y aquí en Colombia en Cifras hemos sostenido que el instrumento utilizado para el diseño de políticas públicas es el SISBEN: Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Aquella es más utilizada en la propaganda oficial y el SISBEN como criterio en la asignación de algunos subsidios.
Consecuente con el asistencialismo, éste proyecto de Ley ratifica el uso del SISBEN en el artículo 252 referido al “Amparo de Pobreza”. Allí dice que “el Juez concederá el amparo de pobreza a la población rural priorizada… los beneficiarios del Programa de Formalización pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.” Así mismo utiliza los conceptos de focalización y población vulnerable propios de esta metodología, para la asignación de subsidios de vivienda rural, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, seguridad social rural, entre otros.
Repasemos las cifras de la población y la pobreza rural con los diferentes indicadores utilizados oficialmente por parte del Estado.
Población rural.
La población en Colombia sumó en el censo de 2005, un total de 42.888.592 habitantes. De estos, el 74.36% habita el perímetro urbano y el restante 25.64% en la zona rural. En términos absolutos, la población rural se acercaría a los 11 millones. Habría que matizar la cifra con 7 años de desplazamiento forzado, de migración producto del abandono del campo, el desempleo y la falta de oportunidades. A 2012 la población en Colombia se proyecta en 26.5 millones.
Los porcentajes de eta ocupación no dejarían mucho margen para una discusión sobre la obviedad de la urbanización. Sin embargo, al utilizar un inventario más amplio de datos es posible destacar el poblamiento rural, y por esa vía dimensionar las magnitudes de la pobreza y los recursos que demanda resolverla.
Con el censo de 2005, concluimos que de los 32 departamentos en que está distribuida Colombia, 8 tienen un número de población rural mayor al que habita el perímetro urbano; esos departamentos son: 1. Cauca: 61.98% de 1.268.937 habitantes; 2. Chocó: 50.74% de 454.030; 3. Nariño: 54.19% de un total de 1.541.956; 4. Putumayo: 56.27% donde suman 310.132 personas; 5. Amazonas 62.11% de una cifra de 67.726 pobladores; 6. Guainía: 69.36% de 35.230; 7. Vaupés: 64.67% de 39.279 y 8. Vichada: 62.35% de 55.872 habitantes.
A esto se suman 5 departamentos cuya población está distribuida casi por partes iguales en ambas zonas: 1. Boyacá: 48.51%; 2. Caquetá: 44.99%; 3. Córdoba: 49.72%; 4. La Guajira: 46.07% 5. Guaviare: 47.92%. En total la población de estos 13 departamentos representa el 17.92% del total nacional.
En el caso de los municipios, de los 1098 existentes, 751 presentan un número mayor de habitantes en la zona rural que en la urbana, a los cuales se suman los 20 corregimientos departamentales. Esos municipios representan 68.40% del total. A lo anterior se agrega que 985 municipalidades, es decir, el 89.71%, tienen hasta 50.000 habitantes, entre las cuales están incluidas cinco capitales: Mocoa, Leticia, Inírida, Mitú y Puerto Carreño.
En sentido similar se manifestó el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD 2011, “Colombia Rural, razones para la esperanza”. “Colombia es más rural de lo que se cree”, dijo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según el Informe, “no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales.”
Uno de los vacios que se han evidenciado no solo en el proyecto de Ley, sino en el Estado en general, es sobre la información del campo. La ley no presenta ninguna cifra, aunque propone el Sistema Integral de Información Estadística y Geográfica del Sector Agropecuario, el cual se soportará en la realización de censos rurales decenales, en una muestra rural y en un sistema anual de encuestas inter-censales. (Artículo 13). Es claro que estos instrumentos están encaminados hacia la planificación de mercados, y no tanto para conocer y resolver problemas de la población.
Pobreza rural
Arriba escribimos que en el Plan Nacional de Desarrollo Neoliberal 2010 – 2014 de Santos, se cuantificó la pobreza por ingresos en 64.3% en la zona rural a 2009. Y que la última cifra correspondiente a 2011 es de 46.1 por ciento. Con los datos del censo del 2005, esto representaría algo más de 7 millones de personas en la pobreza. Lo que se deja por fuera del diagnóstico del Plan es el dato de Indigencia que en 2008 se calculó en 32.6%. Es decir que la pobreza que recibió el actual gobierno copaba casi la totalidad de la población rural.
Pero como los Santos hacen milagros, veamos ahora los últimos datos. En el informe presentado en mayo de este año, continuidad de la metodología de la Misión de empalme de las series de de empleo, pobreza y desigualdad y ahora del DANE, la pobreza se redujo del 49.7% (2010) a 46.1 en 2011. 16 puntos porcentuales más que la zona urbana. Y 12 más que el promedio nacional.
La pobreza extrema pasó de 25% a 22.1 por ciento. Algo más de 7 veces mayor a la pobreza extrema de las 13 áreas metropolitanas. Y el doble de la cifra nacional.
Según esta metodología, en centros poblados y área rural dispersa, la pobreza multidimensional medida por el IPM se mantuvo en el mismo porcentaje entre 2010 y 2011: 53.1%
Sobre el tema del SISBEN escribimos en un reciente informe titulado Pobreza y Desigualdad en Colombia 2012. Allí sostenemos que en los avances del SISBEN III no se rebaja la cifra de 30 millones de personas en la pobreza, incluso con la persecución de los “colados”: etiqueta asignada por los tecnócratas a quienes ellos consideran no tienen por características de pobres.
Sería pertinente que el gobierno publicara resultados de la zona rural. Más aun si tenemos en cuenta que una de las novedades del nuevo SISBEN es incluir tres rangos geográficos: las ciudades grandes, las pequeñas y las áreas rurales. "Antes sólo se miraba el campo y la ciudad, ahora separamos las 14 principales ciudades del resto de capitales y el campo, porque una persona que no tiene acueducto en Bogotá es pobre, mientras que si esta misma situación ocurre en un hogar de Yondó, no es indicador exacto de pobreza". Esta perla la dijo Esteban Piedrahita, director de Planeación de Uribe. (Portafolio, 21 de mayo de 2010).
A nuestro modo de ver, los resultados positivos presentados por la Misión de empalme y por el DANE, se contradicen con la Encuesta de Calidad de Vida 2011, presentada por el mismo DANE. Bien raro si tenemos en cuenta que algunas de las variables de esta son contempladas por aquella. De ahí el mar de dudas que generan y la incredibilidad del Pueblo, que además no necesita instrumentos para darse cuenta del crecimiento de la miseria en nuestro país.
• En el caso de los servicios públicos, para la zona rural, la ECV dice que rebajó la cobertura en energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono. En cambio aumentaron los hogares que no cuentan con ningún servicio llegando al 8.2%.
• El analfabetismo en mayores de 15 años fue ubicado en el 13.6. Superando en 7 puntos que el dato nacional y 10 más que los centros urbanos.
• Creció el número de no afiliados al Sistema General de Seguridad Social.
• La tenencia de vivienda totalmente pagada bajó al 46.6%. Creció 6 puntos la tenencia por usufructo. Posesión sin título llegó a 5.7%. La propia pagando pasó de 1.7 a 1.9. Y en arriendo bajó a 9.6.
• El 61.7% se desplaza a pie para ir a trabajar. El doble de la cifra nacional.
• 46.7 de los jefes de hogar manifestaron que no alcanza para los gastos mínimos y 49.6 solo para los gastos mínimos. Esto es el 96.3 por ciento.
• Finalmente, la ECV 2011 reportó que el 68.2% se considera pobre.
Para concluir, podemos sostener que el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural pretende aparecer generoso y preocupado por los pobres en las zonas rurales, pero no está innovando en absolutamente nada en polìtica social. Por el contrario, ratifica el mismo asistencialismo ya convertido en fracaso, pues los programas ofrecidos hacen parte del desastre neoliberal.
Lo mismo se puede afirmar de los “escenarios de participación de la población, en la definición, ejecución y seguimiento de los proyectos que los involucre.” (Artículo 22). Convocar la participación de la población sin rectificar el camino de la democracia participativa convertida en promesa incumplida es pura demagogia y estrategia de cooptación ante la creciente movilización popular, indígena y campesina.
En último término, el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, es continuidad del desarrollo neoliberal, abriendo nuevos negocios con la tierra, creando una nueva espacialidad del capitalismo, justificado en la internacionalización de la economía. La Ley no comienza ahora. Tiene antecedentes en el copamiento militar y paramilitar del territorio, en el desplazamiento forzado y en el despojo. La Ley es el siguiente paso en la institucionalidad. Socialista el futuro será.
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